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Dominican Rep
Monetary and Financial Law

Ley Monetaria y Financiera

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República
Ley No. 183-02
TÍTULO I
MARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL
SECCIÓN I
PRINCIPIOS DE LA REGULACIÓN DEL 
SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO
Artículo 1. Objeto de la Ley y Régimen Jurídico del Sistema Monetario y
Financiero.
a) Objeto de la Ley.  La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen
regulatorio del sistema monetario y financiero de la República Dominicana.
b) Alcance de la Regulación. La regulación del sistema monetario y financiero
en todo el territorio de la República Dominicana se lleva a cabo
exclusivamente por la Administración Monetaria y Financiera. La
regulación del sistema comprende la fijación de políticas, reglamentación,
ejecución, supervisión y aplicación de sanciones, en los términos
establecidos en esta Ley y en los Reglamentos dictados para su desarrollo.
c)  Régimen Jurídico.  La regulación del sistema monetario y financiero se
regirá exclusivamente por la Constitución de la República y esta Ley.  Los
Reglamentos que para su desarrollo dicte la Junta Monetaria, y los
Instructivos, que subordinados jerárquicamente a los Reglamentos que dicte
la Junta Monetaria, dicten el Banco Central y la Superintendencia de Bancos
en el área de sus respectivas competencias. Serán de aplicación supletoria en
los asuntos no previstos específicamente en las anteriores normas, las
disposiciones generales del Derecho Administrativo y en su defecto las del
Derecho Común.
d)  Coordinación de Competencias.  El sistema monetario y financiero, el
mercado de valores y los sistemas de seguros y pensiones se regirán por sus
propias Leyes. La Administración Monetaria y Financiera y los Organismos
reguladores y supervisores del mercado de valores, seguros y pensiones
guardarán la necesaria coordinación en el ejercicio de sus respectivas

competencias regulatorias, con el objeto de permitir una adecuada ejecución
de sus funciones, una eficiente supervisión en base consolidada y un fluido
intercambio de las informaciones necesarias para llevar a cabo sus tareas,
conforme a lo dispuesto en la  presente Ley. La Junta Monetaria
reglamentará, previa consulta a los referidos Organismos, el procedimiento
para la solución de discrepancias y conflictos de competencias que pudieran
derivarse del cumplimiento de dicha obligación de coordinación.
Artículo 2. Objeto de la Regulación. 
a)  Regulación del Sistema Monetario. La regulación del sistema monetario
tendrá por objeto mantener la estabilidad de precios, la cual es base
indispensable para el desarrollo económico nacional.
b)  Regulación del Sistema Financiero.  La regulación del sistema financiero
tendrá por objeto velar por el cumplimiento de las condiciones de liquidez,
solvencia y gestión que deben cumplir  en todo momento  las entidades de
intermediación financiera de conformidad con lo establecido en esta Ley,
para procurar el normal funcionamiento del sistema en un entorno de
competitividad, eficiencia y libre mercado. 
Artículo 3. Régimen de Previa Autorización Administrativa. 
a)  Modelo de Autorización.  La intermediación financiera está sometida al
régimen de previa autorización administrativa y sujeción a supervisión
continua, en los términos establecidos en esta Ley. La intermediación
financiera sólo podrá ser llevada a cabo por las entidades de intermediación
financiera a que se refiere esta Ley.
b) Concepto de Intermediación Financiera.  A los efectos de esta Ley se
entiende por intermediación financiera la captación habitual de fondos del
público con el objeto de cederlos a terceros, cualquiera que sea el tipo o la
denominación del instrumento de  captación o cesión utilizado.
Reglamentariamente se determinarán los supuestos de captación habitual
que, por su carácter benéfico, no constituyen intermediación financiera.
c) Efectos. El otorgamiento de la autorización y el ejercicio de las actividades
de supervisión no supondrán, en  ningún caso, la asunción por la
Administración Monetaria y Financiera de responsabilidad alguna por los
resultados derivados del ejercicio  de actividades de intermediación
financiera que serán siempre por cuenta de la entidad de intermediación
financiera autorizada.
d)  Instrumentos.  La Administración Monetaria  y Financiera garantizará el
adecuado funcionamiento del sistema monetario y financiero, mediante la
implementación de los instrumentos de política monetaria, regulación,
supervisión y control de las operaciones de las entidades de intermediación
financiera, acorde con la presente Ley, las normas y prácticas
internacionales sobre la materia. 
Artículo 4. Régimen Jurídico de los Actos Regulatorios y de los Recursos.
a)  Presunción de Legalidad.  Los actos dictados por la Administración
Monetaria y Financiera en el ejercicio de sus competencias y de
conformidad con los procedimientos reglamentariamente establecidos,
gozan de presunción de legalidad,  salvo prueba en contrario, y serán
inmediatamente ejecutorios. Su incumplimiento conlleva la correspondiente
sanción en los términos establecidos en esta Ley. Para la ejecución forzosa
de los actos administrativos, la Administración Monetaria y Financiera
contará, si fuere necesario, con el auxilio de la fuerza pública del Ministerio
Público, la cual no podrá ser denegada bajo ninguna circunstancia. La
ocupación a que hace referencia el Artículo 63, literal b) de esta Ley no
requerirá ningún auxilio jurisdiccional  del Ministerio Público, siempre que
se practique en dependencias de la entidad de intermediación financiera en
presencia de un funcionario debidamente acreditado por la Junta Monetaria
que levantará acta de lo actuado.
b)  Recurribilidad. Los actos dictados por la  Administración Monetaria y
Financiera, que pongan término a un procedimiento administrativo, sólo
serán recurribles mediante los recursos administrativos de reconsideración
ante la entidad que dictó el acto y  el recurso jerárquico ante la Junta
Monetaria conforme a las disposiciones de esta Ley.  Los actos de iniciación
de un procedimiento y los actos  de trámite no serán recurribles
independientemente del acto que ponga término al procedimiento
administrativo.  Frente a los actos de la Junta Monetaria que pongan término
a los recursos administrativos cabrá interponer recurso contenciosoadministrativo de lo monetario y financiero en el plazo máximo de un (1)
mes, ante el órgano judicial y conforme al procedimiento determinado en el
Artículo 77 de esta Ley.
c)  Efectos No Suspensivos. Los recursos y las resoluciones que pongan
término a los mismos deberán fundamentarse exclusivamente en
infracciones de la normativa a la que se refiere el Artículo 1 de esta Ley o en
infracción de las normas de procedimiento dictadas al amparo de lo
establecido en este Artículo. La interposición de un recurso administrativo o
contencioso administrativo de lo monetario y financiero, no tendrá efectos
suspensivos sobre la ejecución del acto  recurrido. Sólo podrá solicitarse la
suspensión del acto recurrido cuando dicho acto ponga fin a un
procedimiento sancionador y siempre y  cuando la ejecución de dicho acto
pudiera producir, objetivamente considerado, un efecto irremediable en caso
de que el acto fuese revocado posteriormente en sede judicial.  No tendrá la
consideración de efecto irremediable el mero pago de sumas de dinero. No
serán susceptibles de recurso administrativo o contencioso-administrativo de
lo monetario y financiero, los actos mediante los que se defina el objetivo
anual de la programación monetaria,  los de ejecución de la política
monetaria, y aquellos por los que se  apruebe o modifique  el plan anual de
inspección y supervisión financiera.
d)  Impugnación de Disposiciones Reglamentarias.  La impugnación de los
Reglamentos de la Junta Monetaria y los Instructivos del Banco Central y de
la Superintendencia de Bancos sólo podrá realizarse en ocasión de la
interposición de un recurso frente  a un acto dictado en ejecución de los
mismos. Los Reglamentos y los Instructivos tendrán siempre un alcance
general y lo dispuesto en ellos no podrá ser objeto de alteración singular por
actos dictados por el mismo órgano que emitió la disposición reglamentaria
o por otro distinto.
e) Principios Procedimentales. La Junta Monetaria reglamentará las normas
generales aplicables a los procedimientos administrativos de la
Administración Monetaria y Financiera de conformidad con lo dispuesto en
este Artículo y de acuerdo con los principios generales del Derecho
Administrativo y en especial con los de legalidad, seguridad jurídica,
interdicción de la arbitrariedad, motivación de los actos que restrinjan la
esfera jurídica de los interesados, jerarquía normativa, eficacia,
razonabilidad, economía, transparencia, celeridad, preclusión de plazos,
publicidad y debido proceso. 
f)  Terminología. Las disposiciones reglamentarias de la Junta Monetaria se
denominarán Reglamentos Monetarios y Reglamentos Financieros. Las
disposiciones reglamentarias del Banco Central y de la Superintendencia de
Bancos se denominarán Instructivos. Los Reglamentos Internos de la Junta
Monetaria, del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos se
denominarán Reglamentos Internos.  Los actos de la Junta Monetaria se
denominarán Resoluciones de la Junta Monetaria. Los actos del Banco
Central y de la Superintendencia de Bancos se denominarán Circulares.
g)  Elaboración de Reglamentos. Durante la elaboración de los Reglamentos
Monetarios y Financieros, la Junta Monetaria deberá convocar a consulta
pública para recibir por escrito las opiniones de los sectores interesados, en
un plazo que no podrá ser inferior a treinta (30) días contados a partir de la
fecha de la publicación en por lo menos un diario de circulación nacional del
texto íntegro de la propuesta de Reglamento.  El plazo establecido en este
literal podrá ser reducido por la Junta Monetaria en los casos que sea de
extrema urgencia la entrada en vigor del Reglamento. Los Reglamentos
entrarán en vigor en un plazo de setenta y dos (72) horas de su publicación
en por lo menos un diario de circulación nacional
h)  Publicidad. Los Reglamentos Monetarios y Financieros así como los
Instructivos del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos serán
publicados en los Boletines Informativos a que se refieren los Artículos 22,
literal f) y 23, literal c) de esta Ley, según corresponda, y en por lo menos un
diario de circulación nacional. Los  Reglamentos Internos deberán ser del
conocimiento del personal de la Administración Monetaria y Financiera en
la parte que le concierne. Los actos administrativos de la Administración
Monetaria y Financiera deberán ser notificados como condición de validez
en el domicilio de los particulares afectados por los mismos o, si se trata de
una persona moral, en manos de sus representantes legales y en el domicilio
social de la entidad, y, en su defecto y por imposibilidad acreditada, en las
publicaciones a que se refieren los  Artículos 22 y 23 de esta Ley, según
corresponda.
SECCIÓN II
ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
 MONETARIA Y FINANCIERA
Artículo 5. Estructura. 
a)  Organización.  La Administración Monetaria  y Financiera está compuesta
por la Junta Monetaria, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos,
siendo la Junta Monetaria el órgano  superior de ambas entidades. La
Administración Monetaria y Financiera goza de autonomía funcional,
organizativa y presupuestaria para el cumplimiento de las funciones que esta
Ley le encomienda. 
b)  Relaciones. Las relaciones entre el Banco Central y la Superintendencia de
Bancos se regirán por los principios de economía, cooperación, coordinación
de funciones y competencias.  La Junta Monetaria velará por el
cumplimiento de esta disposición. 
c)  Ejercicio de Competencias. Las atribuciones que esta Ley encomienda a la
Administración Monetaria y Financiera son irrenunciables y sólo podrán ser
ejercidas por la misma de conformidad  con lo dispuesto en esta Ley. La
Administración Monetaria y  Financiera sólo tendrá capacidad para realizar
aquello que esta Ley le encomienda.
d)  Obligación de Información. Las personas físicas y jurídicas ya sean
públicas o privadas, estarán obligadas a facilitar a la Administración
Monetaria y Financiera la información que ésta precise para el cumplimiento
de sus funciones en la forma que determina esta Ley y que
reglamentariamente se establezca.  La falta de suministro de información
podrá ser hecha pública por la Administración Monetaria y Financiera en un
diario de circulación nacional y  comunicada al Congreso Nacional,
independientemente de las sanciones  a que estén sujetas las personas
conforme las disposiciones de la presente Ley. 
Artículo 6. Régimen Estatutario del Personal.  
a)  Categorías.  El personal de la Administración Monetaria y Financiera está
conformado por autoridades, funcionarios y empleados. Son autoridades los
miembros de la Junta Monetaria, así como el Vicegobernador del Banco
Central y el Intendente de la Superintendencia de Bancos. Son funcionarios
los cargos iguales o superiores a la categoría de subdirector de conformidad
con las disposiciones de los Reglamentos Internos del Banco Central y la
Superintendencia de Bancos. Tendrá la consideración de empleados el resto
del personal. La relación laboral de los funcionarios y empleados al servicio
de la Administración Monetaria y Financiera se regirá por lo dispuesto en
este Artículo, por los correspondientes Reglamentos Internos y por las
disposiciones del Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social. Para su
consideración dentro del régimen de compensación y retiro del personal de
la Administración Monetaria y Financiera, el Gobernador y el
Vicegobernador del Banco Central, así como el Superintendente y el
Intendente de Bancos, estarán equiparados a la categoría de funcionario, sin
perjuicio de su calidad de autoridades.
b)  Deberes.  El personal al servicio de la Administración Monetaria y
Financiera ejercerá sus funciones con absoluta imparcialidad y de acuerdo a
las normas y procedimientos establecidos.
Reglamentariamente se establecerá un Código de Conducta que regirá la obtención
de financiamiento por el personal de la Administración Monetaria y Financiera de parte de
las entidades de intermediación financiera.  El personal estará sometido a un régimen de
responsabilidad administrativa personal, sin perjuicio de la civil o penal que corresponda,
que será exigible mediante el correspondiente procedimiento disciplinario. Dentro de este
régimen disciplinario se considerarán faltas muy graves, con sanción de separación del
cargo, la infracción de las obligaciones impuestas por el Código de Conducta y la
infracción del deber de confidencialidad.
c)  Derechos. Los funcionarios y empleados de la Administración Monetaria y
Financiera contarán con un sistema de selección y carrera basado en los
principios de mérito y capacidad, que garantizará su imparcialidad e
independencia, y proscribirá la remoción del cargo por razones de mera
oportunidad. La selección de los funcionarios y empleados para labores
técnico-profesionales estará sujeta a la celebración de concursos de acuerdo
a los Reglamentos Internos del Banco Central y de la Superintendencia de
Bancos. Los funcionarios y empleados contarán con un sistema de
retribuciones transparente y de mercado que contemple fondos de pensiones
y jubilaciones para el Banco Central y para la Superintendencia de Bancos,
conforme a las disposiciones que dicte la Junta Monetaria y en base a los
preceptos de la Ley de Seguridad Social. Los Reglamentos Internos también
establecerán los respectivos regímenes de los funcionarios y empleados del
Banco Central y la Superintendencia  de Bancos, así como el catálogo de
incompatibilidades en atención a  las responsabilidades del puesto
desempeñado y el régimen disciplinario. Los actos que se dicten en materia
de personal seguirán el régimen de recursos administrativos y contenciosoadministrativo de lo monetario y financiero establecido en el Artículo 77 de
esta Ley. 
d)  Responsabilidad Económica. Las autoridades y funcionarios al servicio de
la Administración Monetaria y Financiera que autoricen, permitan o de
cualquier modo toleren la concesión de financiamiento por parte del Banco
Central a entidades públicas o privadas, en violación a los preceptos de la
presente Ley, serán personal y solidariamente responsables con su propio
patrimonio del reembolso inmediato  de las cantidades dispuestas, sin
perjuicio de la responsabilidad penal y civil que resulten aplicables. La
acción judicial para exigir el reembolso, con los correspondientes intereses,
es pública y prescribe a los cinco (5) años contados a partir de la fecha en
que dicha persona haya dejado de prestar su servicio a la Administración
Monetaria y Financiera. En caso de  que la decisión de concesión de
financiamiento haya sido adoptada por la Junta Monetaria no podrá exigirse
esta responsabilidad a quienes hayan salvado su voto oportunamente, lo cual
debe constar en las actas correspondientes. 
Artículo 7. Exigencia de Responsabilidad por Terceros.  No podrá intentarse
ninguna acción personal, civil o penal, contra el personal que preste sus servicios a la
Administración Monetaria y Financiera, por los actos realizados durante el ejercicio de sus
funciones conforme a lo previsto en esta Ley, sin que con carácter previo se haya obtenido
una resolución judicial definitiva e irrevocable declarando la nulidad del correspondiente
acto administrativo en cuya realización dicha persona hubiere participado. 
En el caso de que se declare la nulidad de dicho acto y que la causa de nulidad fuere
la conducta particular de la persona que dictó o ejecutó el acto, quedará abierta la vía para
ejercitar la acción disciplinaria que corresponda sin perjuicio de las demás acciones que
procediesen en Derecho. 
A los efectos previstos en este Artículo, la Administración Monetaria y Financier a
asumir á los costos de defensa del per sonal demandado, aún cuando haya dejado de
prestar servicios a la misma. La Administración Monetaria y Financiera tendrá derecho a
repetir tales costos contra dichas personas en el caso en que las mismas fueran encontradas
personalmente responsables de la ilegalidad.  Esta obligación de asumir los costos de
defensa a cargo de la Administración Monetaria y Financiera existirá en beneficio de
aquellos funcionarios separados de sus cargos o sancionados por su negativa a ejecutar
acciones que violen las prohibiciones de financiamiento a las entidades públicas y privadas
que establece la presente Ley, cuando estos  funcionarios hayan impugnado el acto por el
que se les separe o sancione ante las instancias competentes.
Artículo 8. Obligación Especial de Confidencialidad. El personal al servicio de la
Administración Monetaria y Financiera, que  en virtud de sus funciones tenga acceso a
información de carácter confidencial y privilegiada, tendrá la obligación de observar total
discreción. El incumplimiento de esta obligación será causa de destitución inmediata sin
perjuicio de otras responsabilidades que resulten aplicables. 
Cuando a efectos previstos en la legislación tributaria o para la sustanciación de las
causas penales, la Administración Tributaria o los jueces competentes requieran la remisión
de información de carácter confidencial, ésta se transmitirá por escrito por intermedio de las
autoridades competentes de la Administración Monetaria y Financiera. Lo dispuesto en este
Artículo se entiende sin perjuicio de lo que puedan disponer normas especiales para la
prevención de lavado de activos.  
SECCIÓN III
DE LA JUNTA MONETARIA
Artículo 9. Atribuciones. Corresponde a la Junta Monetaria: 
a) Determinar las políticas monetaria,  cambiaria y financiera de la Nación
conforme a lo dispuesto en esta  Ley y de acuerdo con los objetivos
regulatorios del Artículo 2 de la presente Ley.
b) Aprobar el Programa Monetario de conformidad con el objetivo establecido
en el Artículo 2 de esta Ley, así como el conocimiento y fiscalización
regular de su grado de ejecución. 
c) Dictar los Reglamentos Monetarios y  Financieros para el  desarrollo de la
presente Ley.
d) Aprobar los Reglamentos Internos del Banco Central y de la
Superintendencia de Bancos, así como la estructura orgánica de dichas
entidades a propuesta de las mismas. 
e) Aprobar los presupuestos del Banco Central y de la Superintendencia de
Bancos.
f) Otorgar y revocar la autorización para funcionar como entidad de
intermediación financiera, así como autorizar las fusiones, absorciones,
escisiones y figuras análogas entre entidades de intermediación financiera a
propuesta de la Superintendencia de Bancos.
g) Otorgar y revocar la autorización para funcionar como entidad de
intermediación cambiaria, así como autorizar las fusiones, absorciones,
escisiones y figuras análogas entre entidades de intermediación cambiaria a
propuesta de la Superintendencia de Bancos.
h) Conocer y fallar los recursos jerárquicos interpuestos  contra los actos
dictados por el Banco Central y la  Superintendencia de Bancos en las
materias de sus respectivas competencias.
i) Aprobar y remitir al Poder Ejecutivo las propuestas de modificación de la
legislación monetaria y  financiera de acuerdo con lo dispuesto en la
Constitución de la República, así como informarle acerca de las iniciativas
legislativas o de cualquier otra índole que afecten al sistema monetario y
financiero.
j) Designar, suspender o remover a los funcionarios del Banco Central y la
Superintendencia de Bancos a  propuesta del Gobernador y del
Superintendente de Bancos, según corresponda.
k) Designar al Contralor del Banco Central y al de la Superintendencia de
Bancos.
l) Desempeñar las otras funciones que la presente Ley encomiende a la
Administración Monetaria y Financiera y que no hayan sido atribuidas
expresamente al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos. Las
funciones a las que hace referencia este literal podrán ser delegadas por la
Junta Monetaria en el Banco Central o en la Superintendencia de Bancos.
Artículo 10. Composición  de la Junta Monetaria. La Junta Monetaria está
integrada por tres (3) miembros ex oficio  y seis (6) miembros designados por tiempo
determinado. Son miembros ex oficio: el Gobernador del Banco Central, quien la presidirá,
el Secretario de Estado de Finanzas y el Superintendente de Bancos. Al Presidente de la
Junta Monetaria le corresponderá la representación oficial y exclusiva de la Junta
Monetaria, sin que pueda delegarla en ningún miembro de la misma.
Artículo 11. Designación, Capacidad y Remoción de los Miembros. 
a)  Designación. Los miembros por tiempo determinado serán designados por
el Presidente de la República, por un período de dos (2) años, pudiendo ser
renovable. El Miembro designado para cubrir una vacante por causa distinta
a la expiración del mandato ocupará dicho cargo solo hasta la finalización
del mandato correspondiente al miembro cuya vacante se supla.
b)  Capacidad. Para ser miembro designado por tiempo determinado es
necesario ser dominicano, mayor de  35 años, de reconocida capacidad
profesional y con más de diez (10) años de acreditada experiencia en materia
económica, monetaria, financiera o  empresarial, siempre y cuando sus
actividades no constituyan conflicto de interés con las funciones que debe
desempeñar como miembro de la Junta Monetaria. No podrá ser miembro
designado por tiempo determinado si concurriese alguna de las siguientes
causas de inhabilidad:
1) Ser pariente de otro miembro de la Junta Monetaria hasta el tercer
grado de consaguinidad o segundo de afinidad o tener vinculaciones
o intereses económicos o laborales coincidentes con otro miembro de
la Junta. 
2) Los que hayan sido directores o  administradores de una entidad de
intermediación financiera, en algún momento durante los cinco (5)
años anteriores a la fecha en que  ésta haya: (i) sido objeto de la
revocación de la autorización para operar por causa de infracción; 
(ii) incumplido un plan de recuperación; (iii) quedado sometida a un
procedimiento de intervención, disolución o liquidación forzosa,
quiebra, o bancarrota; o (iv) sido objeto de alguna acción de
salvamento por parte del Estado.
3) Los que hayan sido sancionados por infracción de las normas
vigentes en materia monetaria y  financiera con la separación del
cargo e inhabilitado para desempeñarlo durante el tiempo que dure la
sanción; los sancionados por infracción de las normas reguladoras
del mercado de valores, seguros y pensiones; los declarados
insolventes; los condenados por delitos de naturaleza económica o
por lavado de activos, y los que sean legalmente incapaces o hayan
sido objeto de remoción de sus  cargos en la Administración
Monetaria y Financiera en los supuestos previstos en este Artículo y
los Artículos 17 y 21 de esta Ley;
4) Los que hayan sido condenados por sentencia judicial definitiva e
irrevocable a penas por infracciones criminales.
c) Incompatibilidades.  El cargo de miembro por tiempo determinado de la
Junta Monetaria será incompatible con lo siguiente:
1) Ser funcionario electivo o desempeñar otras funciones públicas
remuneradas, con excepción de los cargos de carácter docente o
académico.
2) Ser miembro de directorios, consejos, o de cualquier modo participar
en el control o dirección de una entidad de intermediación financiera
sometida a lo dispuesto en esta Ley o en otras Leyes especiales.
3) Tener una participación directa  o indirecta en el capital de las
entidades sometidas a las disposiciones de esta Ley. Los miembros
de la Junta Monetaria que posean participaciones en las entidades de
intermediación financiera que no constituyan incompatibilidad
deberán poner la administración de dichas participaciones bajo un
contrato de fideicomiso o administración durante el tiempo que dure
su mandato. El administrador o fideicomisario estará obligado a
administrar dicho portafolio con  arreglo a las sanas prácticas
comerciales. El miembro de la  Junta no podrá ordenar la ejecución
de orden alguna y deberá abstenerse de realizar cualquier indicación
sobre la administración de dicha cartera.
d)  Remoción. Los miembros designados por tiempo determinado sólo podrán
ser removidos de sus cargos mediante decisión adoptada por las tres cuartas
(3/4) partes de los miembros de la  Junta Monetaria, por las siguientes
causales: 
1) Cuando sobrevenga alguna de las circunstancias que determinan la
existencia de conflicto de interés o causas de inhabilidad e
incompatibilidad previstas en los literales b) y c) de este Artículo, o
fuere declarado judicialmente incapaz.
2) Cuando violen la obligación de confidencialidad a la que se refiere el
Artículo 8 de esta Ley, o no se inhiban en los casos en que debieren
hacerlo.
3) Cuando hicieren uso en provecho propio o de terceros de
información obtenida en el desarrollo de sus funciones como
miembros de la Junta Monetaria.
4) Cuando se ausentasen o injustificadamente dejasen de acudir a tres
(3) sesiones consecutivas de la Junta Monetaria.
e)  Efectos. El miembro de cuya remoción se trate podrá apelar ante la Suprema
Corte de Justicia en un  plazo de quince (15) días  contados a partir de la
fecha de su remoción. Ni el plazo para el recurso de apelación ni el ejercicio
de dicho recurso es suspensivo de la decisión de remoción adoptada por la
Junta Monetaria. La Suprema Corte de Justicia deberá convocar a audiencia
oral, pública y contradictoria, en un plazo de quince (15) días contados a
partir de la fecha de la interposición del recurso, y juzgará si se encuentran
reunidas las causas de remoción, tras lo cual dictará un fallo confirmatorio
de la remoción o revocatorio de la misma, que deberá ser rendido en un
plazo de quince (15) días contados a partir de la fecha de la audiencia. Los
miembros removidos por las causales previstas en el literal d) del presente
Artículo quedarán inhábiles para ser miembros de consejos de
administración o directorios de entidades de intermediación financiera.
Artículo 12. Remuneración y Actividades.  La labor de los miembros a que se
refiere el Artículo anterior será remunerada conforme se establezca en el Reglamento
Interno de la Junta Monetaria. Estos miembros deberán presentar Declaración Jurada de
Bienes conforme al procedimiento y la forma establecida por la Ley 82 del 23 de diciembre
de 1979. Asimismo, declararán sus relaciones comerciales y de asesoría o consultoría, y
que en ellos  no concurren ninguna de las causas de incompatibilidad. Estas declaraciones
se actualizarán anualmente. No podrán realizar actividades que representen conflicto de
interés con sus labores como miembros de la Junta Monetaria.
Durante el año siguiente al cese en sus funciones, los miembros de la Junta
Monetaria por tiempo determinado no podrán realizar actividades de dirección, asesoría o
representación legal alguna en entidades cuyo ejercicio sea incompatible con el cargo
desempeñado y permanecerán sujetos a la obligación de guardar confidencialidad y al
régimen de incompatibilidades previstos en esta Ley. Como compensación por no poder
realizar dichas actividades durante ese año, la Administración Monetaria y Financiera
ofrecerá a los cesantes una indemnización mensual equivalente a su última remuneración.
El derecho a la indemnización previsto en este Artículo no será extensible a los miembros
de la Junta Monetaria en los casos de remoción o renuncia, quedando en todo caso
obligados al cese de actividades prescrito en el presente Artículo.  
Los gastos necesarios para el funcionamiento de la Junta Monetaria constituirán una
partida dentro de los presupuestos del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos en
la proporción que determine la Junta Monetaria. 
Artículo 13. Funcionamiento. Las sesiones de la Junta Monetaria serán
convocadas por su Presidente, quien fijará el Orden del Día, cuando menos una (1) vez al
mes, o cuando lo soliciten por escrito fundadamente al Presidente de la misma, al menos
cuatro (4) miembros por tiempo determinado.
La Junta Monetaria se reunirá válidamente con la asistencia de, al menos, cinco (5)
de sus miembros y la presencia necesaria de, al menos, tres (3) miembros por tiempo
determinado. La presencia de los miembros de la Junta Monetaria es personal e
indelegable, salvo el caso de los miembros  ex oficio que serán representados de acuerdo
con las disposiciones legales correspondientes. Las decisiones se tomarán por mayoría
simple de los miembros presentes y en caso de empate el Presidente tendrá voto decisorio.
En los casos en que la presente Ley establece mayoría agravada para la toma de decisiones
por parte de la Junta Monetaria, la base para el cálculo de dicha mayoría agravada será la
totalidad de la matrícula de miembros de dicho cuerpo.  Los miembros de la Junta
Monetaria podrán salvar o explicar su voto  y se abstendrán en los casos en que tengan
alguna relación de tipo personal, económica o profesional con el asunto a tratar.
La Junta Monetaria, durante sus sesiones, podrá autorizar la presencia de personal al
servicio de la Administración Monetaria y Financiera o de particulares, con el objeto de
recabar informaciones que sean necesarias para el conocimiento y la resolución de los
asuntos en agenda. El Vicegobernador del Banco Central asistirá a las reuniones con voz
pero sin voto y sustituirá al Presidente en caso de ausencia o enfermedad. La Junta
Monetaria designará un Secretario que deberá ser licenciado  o doctor en Derecho, quien
asistirá a las sesiones sin voz ni voto y confeccionará las certificaciones oficiales de las
mismas, las cuales, firmadas por el Presidente y el Secretario, constituirán la prueba plena
de las decisiones adoptadas. Corresponderá al Secretario de la Junta Monetaria desempeñar
todas las funciones que por Reglamento le sean asignadas a los fines de la tramitación,
organización y archivo de la documentación y expedientes sometidos a, y expedidos por la
Junta Monetaria.
La Junta Monetaria, mediante Reglamento Interno, que deberá ser aprobado o
modificado por unanimidad, desarrollará lo dispuesto en este Artículo y en el anterior. 
SECCIÓN IV
DEL BANCO CENTRAL
Artículo 14. Naturaleza.  El Banco Central es una entidad pública de Derecho
Público con personalidad jurídica propia. En su condición de entidad emisora única goza de
la autonomía consagrada por la Constitución  de la República. Tiene su domicilio en su
oficina principal de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República
Dominicana, pudiendo establecer sucursales y corresponsalías dentro o fuera del territorio
nacional. 
El Banco Central está exento de toda clase de impuestos, derechos, tasas o
contribuciones, nacionales o municipales, y en general, de toda carga contributiva que
incida sobre sus bienes u operaciones. Igualmente quedan exentas del pago de todo
impuesto las operaciones derivadas de la política monetaria que realicen directamente con
el Banco Central las entidades de intermediación financiera y de otra naturaleza. El Banco
disfrutará, además, de franquicia postal y telegráfica. Contratará la adquisición de bienes y
prestación de servicios necesarios para su funcionamiento con arreglo a los principios
generales de la contratación pública y en especial de acuerdo a los principios de publicidad,
concurrencia y transparencia, conforme Reglamento dictado por la Junta Monetaria. 
Artículo 15. Funciones. El Banco Central tiene por función ejecutar las políticas
monetaria, cambiaria y financiera, de acuerdo con el Programa Monetario aprobado por la
Junta Monetaria y exclusivamente mediante el  uso de los instrumentos establecidos en el
Título II de esta Ley, conforme a los objetivos establecidos en el Artículo 2, literal a). Sin
perjuicio de la iniciativa reglamentaria de la Junta Monetaria, el Banco Central propondrá a
dicho Organismo los proyectos de Reglamentos Monetarios y Financieros en materia
monetaria, cambiaria y financiera. Corresponde al Banco Central la supervisión y
liquidación final de los sistemas de pagos, así como del mercado interbancario. Es función
del Banco Central compilar y elaborar las estadísticas de balanza de pagos, del sector
monetario y financiero, y otras que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
El Banco Central tiene potestad reglamentaria interna de carácter auto-organizativo,
sujeta a ratificación de la Junta Monetaria,  así como potestad reglamentaria subordinada
para desarrollar mediante Instructivos lo  dispuesto en los Reglamentos Monetarios y
Financieros en las materias propias de su competencia. El Banco Central administrará el
Fondo de Contingencia que establece el Artículo 64 de esta Ley mediante un balance
separado. Corresponde al Banco Central la imposición de sanciones por deficiencias en el
encaje legal, incumplimiento de las normas de funcionamiento de los sistemas de pagos,
violación del deber de información a que se refiere el Artículo 5, literal d), y violación al
Artículo 25, literal d) de esta Ley. Las multas por infracción se ingresarán al Fondo de
Contingencia. 
Las funciones que esta Ley encomienda al Banco Central no podrán en modo
alguno vulnerar la estricta prohibición de otorgar crédito al Gobierno u otras instituciones
públicas, directa o indirectamente, a través  de entidades financieras o mediante la
realización de contratos cuyo precio implique subvención a una institución pública o, de
cualquier modo, conlleve algún tipo de subsidio. No se  entenderá vulnerada dicha
prohibición en los casos en que realice operaciones de mercado abierto comprando títulos
de deuda pública en el mercado secundario a entidades financieras, conforme a lo dispuesto
en el Artículo 26 de esta Ley, ni en la ejecución de lo estipulado en su Artículo 84, literal
b).
El Banco Central nunca podrá garantizar obligaciones de otros, ni tampoco dar aval,
ni ningún tipo de garantía personal, ni asumir solidaridad alguna por obligaciones de
terceros.
Artículo 16. Régimen Patrimonial, Contabilidad y Estados Financieros. 
a)  Capital y Patrimonio. El Banco Central cuenta con un capital que se
denominará Fondo de Recursos Propios, constituido por el aporte que para la
creación del mismo efectuó el Estado y por las capitalizaciones autorizadas
y las reservas para ampliación de capital acumuladas hasta el momento de
entrar en vigor la presente Ley. Este Fondo se podrá aumentar con el
superávit a que se refiere el  literal e)  del presente Artículo y con otros
aportes del Estado. El Banco Central tiene patrimonio propio inembargable
y afecto exclusivamente al cumplimiento de sus fines.
b)  Fiscalización y Rendición de Cuentas. El Banco Central está sujeto a la
fiscalización de sus propios órganos de control, al dictamen y certificación
anual de una firma de auditoria externa de reconocido prestigio nacional e
internacional y a la rendición anual de cuentas ante el Poder Ejecutivo y el
Congreso Nacional, por intermedio de  su Gobernador, con la presentación
de la correspondiente Memoria Anual durante la primera legislatura de cada
año. El Gobernador deberá informar  a la Junta Monetaria mensualmente
sobre las principales ejecutorias del Banco Central.
c)  Estados Financieros. El Banco Central elaborará sus estados financieros y
llevará una contabilidad de acuerdo  con los estándares internacionales en
materia de banca central, conforme lo determine reglamentariamente la
Junta Monetaria. El ejercicio fiscal será de un (1) año calendario.
d)  Presupuestos. El Banco Central elaborará sus presupuestos anualmente en
los que, junto a los gastos corrientes, deberán incluirse de manera explícita
los gastos programados para la ejecución de la política monetaria. Dichos
presupuestos serán aprobados por la  Junta Monetaria. Los mecanismos de
control y seguimiento de los presupuestos serán establecidos mediante
Reglamento por la Junta Monetaria.
e)  Superávit o Déficit. Para cada ejercicio fiscal el superávit se distribuirá en
primer lugar mediante la asignación de un tercio (1/3) del mismo hasta
incrementar el Fondo de Recursos Propios, a un nivel equivalente al cinco
por ciento (5%) del monto agregado de los pasivos del Banco Central. Otro
tercio (1/3) se destinará a incrementar la Reserva General del Banco, hasta
alcanzar un nivel equivalente al monto del Fondo de Recursos Propios. Esta
Reserva General sólo podrá utilizarse  para compensar cualquier déficit del
Banco Central. El tercio (1/3) restante se aplicará para amortizar o redimir
los títulos de deuda pública a que se refiere el Artículo 82 de la presente
Ley. Canceladas estas deudas en su totalidad dicho superávit se utilizará
para incrementar los Fondos de Recursos Propios y Reserva General hasta
alcanzar el referido cinco por ciento (5%) indicado anteriormente. Cuando
tales Fondos hayan alcanzado los montos señalados y se hayan pagado los
títulos a los que se refiere el Artículo 82 de la presente Ley, el superávit se
transferirá al Gobierno, una vez dictaminados los Estados Financieros. En
los casos que se genere déficit, éste se cubrirá en primer lugar con cargo al
Fondo de Reserva General y si ello no alcanzase a cubrir dicho déficit, el
Gobierno absorberá la diferencia mediante un traspaso directo de fondos al
Banco Central o mediante la emisión de una letra del Tesoro, con
vencimiento no superior a un (1) año, por el importe total de la diferencia, a
una tasa de interés que no podrá ser menor que la tasa de interés del
mercado. Dicha letra del Tesoro podrá ser desagregada por el Banco Central
al objeto de negociarla en el mercado secundario. El Gobierno deberá
consignar el pago de dicha letra en su presupuesto del año subsiguiente al de
la emisión.
Artículo 17. Organización. 
a)  Dirección.  El Banco Central está dirigido por un Gobernador, quien tiene a
su cargo la dirección y representación de dicho Organismo, y contará con un
Comité Ejecutivo que le asesorará,  integrado por el Vicegobernador, el
Gerente y por los funcionarios que por Reglamento Interno sean
incorporados a dicho comité. La organización y reparto de competencias
internas dentro del Banco Central, así como las del Comité Ejecutivo, serán
determinados mediante Reglamento Interno. 
b)  Gobernador. 
1)  Designación. El Gobernador será designado por el Presidente de la
República, por un período de dos (2) años, pudiendo ser renovables.
Sólo podrán ser propuestos para el cargo quienes sean dominicanos,
mayores de 35 años, en posesión de título universitario superior, con
amplia formación en las materias monetarias y financieras y de
acreditada reputación personal. Será de aplicación a estos efectos lo
dispuesto en el Artículo 11 de esta Ley, respecto de las causas de
inhabilidad e incompatibilidad;
2)  Remoción.  El Gobernador sólo podrá ser removido cuando medie
causa de remoción de las mencionadas en el Artículo 11, literal d)  de
esta Ley, respecto de los miembros de la Junta Monetaria por tiempo
determinado, o cuando infrinja la normativa específica de
incompatibilidades establecida en el ordinal 3) de este Artículo. La
remoción será acordada por unanimidad del resto de los miembros de
la Junta Monetaria que será convocada en este caso por el Secretario
de Estado de Finanzas. Será de aplicación en este caso lo dispuesto
en el Artículo 11, literal e) de esta Ley;
3)  Restricciones. El ejercicio del cargo de Gobernador es incompatible
con cualquier otra actividad profesional pública o privada,
remunerada o no, a excepción de su pertenencia a la Junta Monetaria
y la actividad docente. No podrá formar parte de ningún consejo,
sociedad, órgano, entidad, empresa, instituto o similar, sea público o
privado, con excepción de aquellos  que competan a sus funciones.
Antes de tomar posesión del cargo, y anualmente, deberá presentar la
Declaración Jurada de Bienes a la que alude el Artículo 12 de esta
Ley. Al cese de sus funciones, se le aplican al Superintendente las
disposiciones del Artículo 12 de esta Ley;
4)  Competencias. Los Instructivos, Reglamentos Internos y Circulares
del Banco Central serán acordados y emitidos por el Gobernador. La
facultad de dictar Circulares podrá ser delegada en el
Vicegobernador, el Gerente y los funcionarios, conforme a un
Reglamento Interno que regirá la delegación de funciones. El
Gobernador podrá avocar en cualquier momento el conocimiento de
cualquier asunto delegado. 
c)  Vicegobernador. 
1)  Designación. El Banco Central tendrá  un Vicegobernador que será
nombrado por el Presidente de la República, por un período de dos
(2) años, pudiendo ser renovable. Para ser nombrado
Vicegobernador, se requiere haber desempeñado funciones dentro
del Banco Central o la Superintendencia de Bancos durante un
período no inferior a tres (3) años. Sólo podrá ser removido cuando
medie causa de remoción de las mencionadas en el Artículo 11 de
esta Ley respecto de los miembros de la Junta Monetaria por tiempo
determinado o cuando infrinja la normativa específica de
incompatibilidades establecidas en dicho Artículo.  Al
Vicegobernador se le aplican las  disposiciones del Artículo 12 de
esta Ley. Serán de aplicación al Vicegobernador las mismas causas
de incompatibilidad e inhabilidad que se aplican al Gobernador; 
2)  Atribuciones. El Vicegobernador tendrá las atribuciones siguientes:
i) sustituir al Gobernador en el caso de ausencia o impedimento
temporal de éste y ejercer sus funciones con todas las
responsabilidades inherentes al cargo; ii) asistir al Gobernador en el
estudio y despacho de los asuntos  relativos a su cargo; iii) fungir
como Gobernador alterno o sustituto del Gobernador por la
República Dominicana en Organismos  Internacionales en los cuales
el país sea miembro, siempre que  la representación haya  sido 
encomendada al Banco Central;  iv) asistir en representación del
Gobernador a las sesiones de los  Consejos u órganos directivos
cuando así lo disponga el Gobernador; v) asumir, por disposición del
Gobernador, las atribuciones de  cualquier funcionario del Banco
Central; vi) realizar cualquier otra gestión que pongan a su cargo la
Junta Monetaria o el Gobernador del Banco Central.
d)  Gerente.  La administración interna del Banco estará a cargo del Gerente,
quien será jefe del personal del Banco Central. El Gerente, que deberá ser de
reconocida competencia en materia bancaria, será nombrado por la Junta
Monetaria a propuesta del Gobernador y le serán aplicables las disposiciones
del Artículo 11 relativas a las causas de inhabilidad e incompatibilidad.
Corresponde al Gerente sugerir al Gobernador, para su posterior análisis por
la Junta Monetaria, aquellas modificaciones aconsejables para la mejor
organización y funcionamiento del Banco. Del mismo modo, es de su
competencia preparar y someter al Gobernador informaciones periódicas
sobre la situación financiera del Banco, eficiencia del personal en el
cumplimiento de sus deberes, así como dirigir las operaciones del Banco,
debiendo en todo caso velar por la  observancia de esta Ley, de los
Reglamentos de la Junta Monetaria y de los Instructivos del Banco Central
en los aspectos de la competencia del Banco Central e informar al
Gobernador en los casos de incumplimiento. El Gerente firmará los estados
financieros y ejercerá las funciones que le fueren asignadas por la Junta
Monetaria y el Gobernador del Banco Central. Serán de aplicación al
Gerente, las mismas causas de incompatibilidad e inhabilidad que las que se
aplican al Gobernador. Al Gerente, al cese de sus funciones, no se le aplican
las prohibiciones de actividades ni la indemnización a que se refiere el
Artículo 12 de esta Ley. 
e)  Contralor.  Habrá un Contralor del Banco Central, quien deberá ser un
Contador Público Autorizado, especialista con experiencia en el manejo
bancario y de reconocida integridad moral. Será elegido por la Junta
Monetaria previo concurso público. No  serán elegidos para este cargo las
personas en que concurriesen una o varias de las  causas de inhabilidad e
incompatibilidad que establece el Artículo 11 de esta Ley. El Contralor del
Banco Central podrá ser removido por decisión adoptada por las dos terceras
(2/3) partes de los miembros de la Junta Monetaria. Estarán a su cargo las
funciones de fiscalizar y controlar todas las operaciones y cuentas del Banco
Central mediante inspecciones y conciliaciones. Además, velará por el
cumplimiento de los Reglamentos dictados por la Junta Monetaria, así como
por el cumplimiento de las políticas, controles administrativos y
Reglamentos Internos del Banco Central, teniendo acceso a todos sus
registros, sin excepción. Rendirá informes directamente a la Junta Monetaria
con la periodicidad que ésta establezca y, en cualquier momento, cuando
detecte casos de irregularidades o  incumplimientos por parte del Banco
Central. El Contralor firmará los Estados financieros del Banco Central. 
Serán de aplicación al Contralor las  mismas causas de incompatibilidad e
inhabilidad que se le aplican al Gerente no correspondiéndole las prohibiciones de
actividades ni la indemnización a que se refiere el Artículo 12 de esta Ley.
SECCIÓN V
DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Artículo 18. Naturaleza. La Superintendencia de Bancos es una entidad pública de
Derecho Público con personalidad jurídica propia. Tiene su domicilio en su oficina
principal de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,
pudiendo establecer otras oficinas dentro del territorio nacional.
La Superintendencia de Bancos está exenta de toda clase de impuestos, derechos,
tasas o contribuciones, nacionales o municipales y en general, de toda carga contributiva
que incida sobre sus bienes u operaciones. La Superintendencia de Bancos disfrutará,
además, de franquicia postal y telegráfica. Contratará la adquisición de bienes y prestación
de servicios necesarios para su funcionamiento con arreglo a los principios generales de la
contratación pública y en especial de acuerdo a los principios de publicidad, concurrencia y
transparencia, conforme Reglamento dictado por la Junta Monetaria.
Artículo 19. Funciones. La Superintendencia de Bancos tiene por función: realizar,
con plena autonomía funcional, la supervisión de las entidades de intermediación
financiera, con el objeto de verificar el cumplimiento por parte de dichas entidades de lo
dispuesto en esta Ley, Reglamentos, Instructivos y Circulares; requerir la constitución de
provisiones para cubrir riesgos; exigir la  regularización de los incumplimientos a las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes; e imponer las correspondientes sanciones,
a excepción de las que aplique el Banco Central en virtud de la presente Ley. También le
corresponde proponer las autorizaciones o revocaciones de entidades financieras que deba
evaluar la Junta Monetaria. Sin perjuicio de su potestad de  dictar Instructivos y de la
iniciativa reglamentaria de la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos puede
proponer a dicho Organismo los proyectos de Reglamentos en las materias propias de su
ámbito de competencia. La Superintendencia de Bancos tiene  potestad reglamentaria
interna de carácter auto-organizativo con aprobación de la  Junta Monetaria, así como
potestad reglamentaria subordinada para desarrollar, a través  de Instructivos, lo dispuesto
en los Reglamentos relativos a las materias propias de su competencia. 
Artículo 20. Régimen Patrimonial, Contabilidad y Estados Financieros. 
a)  Patrimonio y Presupuestos.  La Superintendencia de Bancos tiene
patrimonio propio inembargable y afecto exclusivamente al cumplimiento de
sus fines. Elabora sus propios presupuestos anuales en los que se estimará el
costo general de la supervisión por ejercicio. Los presupuestos de la
Superintendencia de Bancos serán aprobados por la Junta Monetaria.
b)  Fiscalización y Rendición de Cuentas. La Superintendencia de Bancos está
sujeta a la fiscalización de su Contralor, al dictamen y certificación anual de
una firma de auditoria externa de reconocido prestigio internacional y a la
rendición anual de cuentas ante el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional
por intermedio del Superintendente, mediante la presentación de la
correspondiente Memoria Anual durante la primera legislatura de cada año.
c)  Contabilidad.  La Superintendencia de Bancos elaborará sus estados
financieros y llevará una contabilidad de acuerdo con los estándares
internacionales aplicables a las agencias de supervisión en la forma que
determine reglamentariamente la Junta Monetaria. El ejercicio fiscal será de
un (1) año calendario.
d)  Ingresos. Los ingresos de la Superintendencia de Bancos estarán
constituidos por los aportes trimestrales realizados por las entidades
sometidas a supervisión financiera. Dichos aportes representarán un sexto
(1/6) del uno por ciento (1%) del total de activos de cada institución. La
Junta Monetaria, con el voto favorable de las tres cuartas (3/4) partes de sus
miembros, podrá modificar dicho porcentaje de acuerdo a las necesidades de
ingresos para realizar adecuadamente las funciones de supervisión.
Artículo 21. Organización. 
a) Dirección.  La Superintendencia de Bancos estará dirigida por un
Superintendente, quien tiene a su cargo la dirección y representación de
dicho Organismo, y contará con un Comité Ejecutivo que le asesorará,
integrado por el Intendente y por los funcionarios que por Reglamento
Interno sean integrados a dicho Comité. La organización y reparto de
competencias internas dentro de la Superintendencia de Bancos será
determinado mediante Reglamento Interno. El Superintendente de Bancos
deberá informar a la Junta Monetaria, al menos mensualmente, sobre las
principales ejecutorias de la Superintendencia de Bancos.
b)  Designación.  El Superintendente será designado por el Presidente de la
República, por un período de dos (2) años, pudiendo ser renovables.  Solo
podrán ser propuestos para el cargo quienes sean dominicanos, mayores de
35 años, en posesión de título universitario superior, con amplia formación
en materia económica y financiera y de acreditada reputación personal. Será
de aplicación a estos efectos lo dispuesto en el Artículo 11 de esta Ley,
respecto de las causas de inhabilidad e incompatibilidad.
c)  Remoción. El Superintendente sólo podrá ser removido cuando medie causa
de remoción de las mencionadas en el Artículo 11 de esta Ley respecto de
los miembros de la Junta Monetaria por tiempo determinado o cuando
infrinja la normativa específica de incompatibilidades establecidas en el
literal d) de este Artículo. La remoción será acordada por las tres cuartas
(3/4) partes de los miembros de la Junta Monetaria que será convocada en
este caso por el Gobernador del Banco Central. Será de aplicación en este
caso lo dispuesto en el Artículo 11, literal e) de la presente Ley.
d)  Restricciones. El ejercicio del cargo de Superintendente de Bancos es
incompatible con cualquier otra actividad profesional  pública o privada,
remunerada o no, a excepción de su pertenencia a la Junta Monetaria y la
actividad docente. No podrá formar parte de ningún consejo, sociedad,
órgano, entidad, empresa, instituto o  similar, sea público o privado, con
excepción de aquellos que competan  a sus funciones. Antes de tomar
posesión del cargo, y anualmente, deberá presentar la Declaración Jurada de
Bienes a la que alude el Artículo 12 de esta Ley. Al cese de sus funciones, se
le aplican al Superintendente las disposiciones del Artículo 12 de esta Ley;
e)  Competencias. Los Instructivos, Reglamentos  Internos y Circulares de la
Superintendencia de Bancos serán acordados y emitidos por el
Superintendente de Bancos. La facultad de dictar Circulares podrá ser
delegada en el Intendente, el Gerente y los funcionarios, conforme a un
Reglamento Interno que regirá la delegación de funciones. El
Superintendente de Bancos podrá avocar en cualquier momento el
conocimiento de cualquier asunto delegado;
f)  Intendente. Para ser nombrado Intendente  se requiere haber desempeñado
funciones dentro del Banco Central o la Superintendencia de Bancos durante
un período no inferior a tres (3) años.  El Intendente de Bancos tendrá las
atribuciones siguientes: i) sustituir al Superintendente de Bancos en caso de
ausencia o impedimento temporal de éste y ejercer sus funciones con todas
las responsabilidades inherentes al cargo; ii) representar al Superintendente
en las sesiones de la Junta Monetaria en caso de ausencia temporal de éste; 
iii) asistir al Superintendente de Bancos en el  estudio y despacho de los
asuntos relativos a su cargo; iv) asistir, en representación del
Superintendente de Bancos, a las reuniones y eventos de cualquier
naturaleza, cuando así lo disponga  dicho funcionario; v) asumir por
disposición del Superintendente de Bancos, las atribuciones de cualquier
funcionario de la Superintendencia de Bancos en caso de falta temporal de
éste; vi) realizar otra gestión que el Superintendente de Bancos le delegue o
asigne.
El Intendente será nombrado por La Junta Monetaria, por un período de dos (2)
años, de una terna presentada por el Superintendente, y con el voto de las dos terceras (2/3)
partes, de los miembros de la Junta Monetaria, pudiendo ser reelegido por igual período.
Solo podrá ser removido cuando medie causa de remoción de las mencionadas en el
artículo 11 de esta Ley, respecto de los  miembros de la Junta  Monetaria por tiempo
determinado o cuando infrinja la normativa especifica de incompatibilidades establecidas
en dicho Artículo exigiéndose que la remoción sea acordada por las dos terceras (2/3)
partes de los miembros de la Junta Monetaria, que será convocada en este caso por el
Gobernador.
Al Intendente se le aplican las disposiciones del Artículo 12 de la presente Ley. 
Serán de aplicación al Intendente, las mismas causas de incompatibilidad e inhabilidad que
se aplican al Superintendente. 
g)  Gerente. La administración interna de la Superintendencia estará a cargo del
Gerente, quien será Jefe del Personal de la Superintendencia de Bancos. El
Gerente, que deberá ser de reconocida competencia en materia bancaria, será
nombrado por la Junta Monetaria a propuesta del Superintendente y le serán
aplicables las disposiciones del Artículo 11 relativas a las causas de
inhabilidad e incompatibilidad. Corresponde al Gerente sugerir al
Superintendente de Bancos, para su posterior análisis por la Junta Monetaria,
aquellas modificaciones aconsejables para la mejor organización y
funcionamiento de la Superintendencia. Del mismo modo, es de su
competencia preparar y someter al Superintendente informaciones
periódicas sobre la situación financiera de la Superintendencia, eficiencia del
personal en el cumplimiento de sus deberes, así como dirigir las operaciones
administrativas de la Superintendencia. El Gerente firmará los balances y las
cuentas de ganancias y pérdidas juntamente con los funcionarios que
determine la Junta  Monetaria y ejercerá las funciones que le fueren
asignadas por la Junta Monetaria y el Superintendente. Serán de aplicación
al Gerente las mismas causas de incompatibilidad e inhabilidad que se
aplican al Superintendente. Al Gerente, al cese de sus funciones, no se le
aplican las prohibiciones de actividades ni la indemnización a que se refiere
el Artículo 12 de la presente Ley. 
h)  Contralor.  Habrá un Contralor de la Superintendencia de Bancos, quien
deberá ser un contador público autorizado, especialista con experiencia en el
manejo bancario y de reconocida integridad moral. Será elegido por la Junta
Monetaria previo concurso público. No  serán elegidas para este cargo las
personas en que concurriesen una o varias de las causas de inhabilidades e
incompatibilidades que establece el Artículo 11 de esta Ley. El Contralor de
la Superintendencia de Bancos podrá ser removido por decisión adoptada
por las dos terceras (2/3) partes de  los miembros de la Junta Monetaria.
Tendrá a su cargo las funciones de  fiscalizar y controlar todas las
operaciones y cuentas de la Superintendencia de Bancos mediante
inspecciones y conciliaciones. Además, velará por el cumplimiento de los
Reglamentos dictados por la Junta Monetaria, así como por el cumplimiento
de las políticas, controles administrativos y Reglamentos Internos de la
Superintendencia de Bancos, teniendo acceso a todos sus registros, sin
excepción. Rendirá informes directamente a la Junta Monetaria con la
periodicidad que ésta establezca y,  en cualquier momento, cuando detecte
casos de irregularidades o incumplimientos por parte de la Superintendencia
de Bancos. 
Serán de aplicación al Contralor las  mismas causas de incompatibilidad e
inhabilidad que se le aplican al Gerente, no correspondiéndole las prohibiciones de
actividades ni la indemnización a que se refiere el Artículo 12 de esta Ley.
SECCIÓN VI
DE LA TRANSPARENCIA MONETARIA Y FINANCIERA
Artículo 22. De la Transparencia Monetaria.  El Banco Central pondrá a la
disposición del público las siguientes informaciones:
a) El Balance General mensual de sus cuentas, el cual deberá ser publicado a
más tardar el día quince (15) del mes siguiente al que corresponda.
b) Los Estados Financieros Auditados anuales, los cuales se publicarán antes
del treinta (30) de abril siguiente a la fecha de cierre del año al que
correspondan.
c) Un resumen del Programa Monetario que contendrá por lo menos las metas
y las políticas, dentro de los treinta (30) días siguientes a su aprobación.
d) El Informe Trimestral de la Economía Dominicana, juntamente con un
resumen de la Ejecución del Programa Monetario.
e) Un resumen de la Memoria Anual  presentada al Poder Ejecutivo y al
Congreso Nacional durante la primera legislatura de cada año.
f) Un Boletín Informativo que contenga los Reglamentos Monetarios y
Financieros y los Instructivos del Banco Central.
g) Un Boletín Informativo que contenga las Resoluciones que dicte la Junta
Monetaria y las Circulares del Banco Central que sean de interés general, sin
perjuicio de la necesaria notificación al interesado.
h) Un Boletín Trimestral que compile las principales estadísticas económicas,
monetarias y financieras de la República Dominicana.
i) Cualquier otra información que sea  relevante a efectos de mantener un
adecuado nivel de transparencia de sus actuaciones.
Artículo 23. De la Transparencia Financiera. La Superintendencia de Bancos
pondrá a la disposición del público las siguientes informaciones:
a) Los Estados Financieros Auditados anuales, los cuales se publicarán antes
del treinta (30) de abril siguiente a la fecha de cierre del año al que
correspondan.
b) Un resumen de la Memoria Anual  presentada al Poder Ejecutivo y al
Congreso Nacional durante la primera legislatura de cada año.
c) Un Boletín Informativo que contenga aquellas Circulares de la
Superintendencia de Bancos, que sean de interés general, sin perjuicio de la
necesaria notificación al interesado,  así como los Instructivos de la
Superintendencia de Bancos.
d) Un Boletín Trimestral que compile las principales estadísticas de las
entidades de intermediación financiera, incluyendo de manera enunciativa
pero no limitativa los Estados Financieros y los principales indicadores de
dichas entidades.
e) Cualquier otra información que sea  relevante a efectos de mantener un
adecuado nivel de transparencia de sus actuaciones.
TÍTULO II
DE LA REGULACIÓN DEL SISTEMA MONETARIO 
SECCIÓN I
DE LA MONEDA Y LA EMISIÓN MONETARIA
Artículo 24. Del Régimen Jurídico de la Moneda. La moneda nacional, tal como
está definida en la Constitución de la República y en las denominaciones en circulación, es
la única de curso legal con plenos efectos liberatorios para todas las obligaciones públicas y
privadas, en todo el territorio nacional. Estará representada en billetes y monedas siendo su
efecto liberatorio el que corresponda a su valor facial. Los billetes llevarán las firmas, en
facsímil, del Gobernador del Banco Central y del Secretario de Estado de Finanzas.
Las deudas dinerarias se pagarán en la moneda pactada y, a falta de pacto expreso,
en moneda nacional. La contabilidad de las  entidades públicas y privadas para asuntos
oficiales se expresará exclusivamente en términos de la unidad monetaria nacional, la cual
se dividirá en cien (100) centavos.
Las operaciones monetarias y financieras  se realizarán en  condiciones de libre
mercado. Las tasas de interés para transacciones denominadas en moneda nacional y
extranjera serán determinadas libremente entre los agentes del mercado.
Artículo 25. De la Emisión de la Moneda. 
a)  Facultad de Emisión. La emisión de billetes y monedas representativas de
la moneda nacional, es potestad exclusiva e indelegable del Banco Central,
el cual determinará la cantidad de billetes y monedas en circulación. El
Banco Central es responsable de satisfacer la demanda de billetes y monedas
representativos de la moneda nacional que circulan en el país, con objeto de
garantizar el normal desenvolvimiento de las transacciones económicas. La
demanda debe ser satisfecha en el tiempo oportuno y con billetes y monedas
en óptima calidad, para lo que el  Banco Central deberá contar con
procedimientos que tomen en consideración los estándares internacionales
en la materia.
b)  Canje y Retiro.  El Banco Central retirará de circulación los billetes y
monedas deteriorados por el uso mediante su canje por otros aptos para
circular. Sin embargo, el Banco Central no estará obligado a canjear los
billetes y monedas de identificación imposible, los billetes que hayan
perdido más de las dos quintas (2/5)  partes de su superficie, así como
aquellos que hayan sido usados para escribir sobre ellos cualquier clase de
leyenda y las monedas que tengan señales de limaduras, recortes o
perforaciones, o que adolezcan de cualesquiera otras imperfecciones no
producidas por el desgaste natural, retirando el Banco Central sin
compensación dichos billetes  y monedas y procediendo a su
desmonetización y a su registro en  la cuenta de reserva general. La Junta
Monetaria determinará reglamentariamente, la forma de destrucción de los
billetes y monedas retirados de la circulación, mediante procedimientos que
garanticen pleno control y seguridad  sobre la destrucción íntegra de los
mismos. Los metales resultantes de las monedas fundidas podrán ser
vendidos por el Banco Central y el producto de la venta se registrará como
ingreso.
c)  Denominaciones. La Junta Monetaria determinará de acuerdo a la Ley las
denominaciones de los billetes y monedas de curso legal y sus
características, así como  la eliminación de emisiones en circulación. Los
cambios o eliminación de emisiones deberán ser comunicados al público en
general con la antelación suficiente para prevenir adecuadamente a la
población.
d)  Protección Legal. Queda prohibida a toda persona física o jurídica, nacional
o extranjera, la emisión, reproducción, imitación, falsificación o simulación
total o parcial de billetes y monedas  de curso legal, por cualquier medio,
soporte o forma de representación, sin perjuicio de lo establecido en el literal
a) de este Artículo. Quienes incumplan  lo dispuesto en este literal serán
sancionados por el Banco Central, con independencia de la sanción penal
que corresponda, mediante el decomiso de los billetes y monedas
reproducidos, imitados, falsificados o simulados, así como del producto de
las infracciones indicadas anteriormente y una multa por importe igual a
diez (10) veces el valor facial que dichos billetes y monedas tendrían en caso
de haber sido legalmente emitidos. La Junta Monetaria dictará un
Reglamento para prevenir y sancionar la violación del presente literal. 
SECCIÓN II
DEL PROGRAMA MONETARIO E INSTRUMENTOS 
DE LA POLÍTICA MONETARIA
Artículo 26. Programa Monetario e Instrumentos de la Política Monetaria. El
Banco Central ejecutará la política monetaria en base al Programa Monetario, tomando en
consideración el objeto de la regulación monetaria establecido en el Artículo 2, literal a) de
la presente Ley. Dicho Programa contendrá en forma explícita los objetivos y metas que se
persigan para el período de que trate, así como las medidas o acciones de política que se
estimen necesarias para asegurar su cumplimiento. La Junta Monetaria aprobará el
Programa Monetario, a propuesta del Banco Central, dentro de los treinta (30) días después
de la promulgación del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del año
correspondiente a su ejecución y en todo caso  no más tarde del 31 de diciembre de cada
año. El Programa Monetario se revisará al  menos trimestralmente. El Banco Central
implementará la política monetaria utilizando los siguientes instrumentos y mecanismos de
mercado:
a)  Operaciones de Mercado Abierto. El Banco Central podrá realizar
operaciones de mercado abierto exclusivamente con entidades de
intermediación financiera e inversionistas institucionales. Tales operaciones,
en cualesquiera de las  modalidades habituales de mercado, se realizarán,
garantizarán o se colateralizarán solamente con títulos de deuda pública o
con títulos emitidos por el Banco Central, cualesquiera que sean sus
términos, moneda y condiciones de emisión. El Banco Central podrá emitir
valores para implementar las operaciones de mercado abierto, previa
autorización de la Junta Monetaria. Cuando el Banco Central realice compra
de títulos de deuda pública para sus operaciones de mercado abierto deberá
hacerlo exclusivamente en el mercado secundario con títulos emitidos por lo
menos un (1) año antes de la operación, a menos que se trate de los referidos
en los Artículos 16, literal e) y 82 de esta Ley.
b)  Encaje Legal. Las entidades de intermediación financiera estarán sujetas al
encaje legal, entendiendo  por tal la obligación de  mantener en el Banco
Central o donde determine la Junta Monetaria, un porcentaje de la totalidad
de los fondos captados del público en  cualquier modalidad o instrumento,
sean éstos en moneda nacional o extranjera. La obligación de encaje podrá
extenderse reglamentariamente a otras  operaciones pasivas, contingentes o
de servicios, si así lo considerase la Junta Monetaria. El incumplimiento de
la obligación de encaje dará lugar a la sanción correspondiente prevista en el
Artículo 67, literal c) de esta Ley.
1)  Alcance. La Junta Monetaria determinará la política de encaje legal.
En particular, establecerá la composición del encaje según la moneda
en que estén denominados los fondos, el porcentaje, la base de
cómputo, el período de cómputo, las posiciones con los criterios
admisibles de compensación intra-período, eventualmente su
remuneración y los límites a la intensidad o a la frecuencia de
desencajes. Las entidades de intermediación financiera están
obligadas a conservar permanentemente y en forma líquida las
reservas de encaje.
2)  Naturaleza Jurídica. Los fondos depositados en el Banco Central
por concepto de encaje son inembargables. A todos los efectos
legales los fondos depositados en las cuentas de encaje en el Banco
Central constituyen, respecto de la entidad obligada a mantenerlo, un
patrimonio separado de afectación destinado exclusivamente a
atender la finalidad regulatoria a que responden. Tales fondos estarán
también afectos a los pagos por concepto de liquidación del sistema
de pagos y a los cargos  por concepto de las sanciones que tanto el
Banco Central como la Superintendencia de Bancos impongan a la
entidad correspondiente.
c) Otros Instrumentos y Mecanismos.  La Junta Monetaria, con el voto
favorable de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros, podrá establecer
otros instrumentos y mecanismos de  política monetaria, siempre y cuando
éstos sean indirectos y de mercado.
SECCIÓN III
DEL SISTEMA DE PAGOS Y COMPENSACIÓN Y
 DEL MERCADO INTERBANCARIO
Artículo 27. Del Sistema de Pagos y Compensación y del Mercado
Interbancario.
a)  Sistema de Pagos y Compensación. El sistema de pagos y compensación
de cheques y demás medios de pago  es un servicio público de titularidad
exclusiva del Banco Central. La reglamentación de la organización y el
funcionamiento del sistema de pagos y compensación por parte de la Junta
Monetaria tendrá como objetivos fundamentales asegurar la inmediación y
el buen fin del pago, pudiendo establecer distintos subsistemas, teniendo
como referencia los estándares internacionales en la materia. Todas las
entidades de intermediación financiera estarán obligatoriamente adscritas a
dicho sistema y no podrán organizarse sistemas multilaterales de
compensación y liquidación de medios de pago fuera del previsto en este
Artículo.  Corresponde al Banco Central actuar como supervisor y
liquidador final del sistema de pagos y compensación. La prestación
material del servicio podrá ser concedida a entidades privadas, en la forma
que determine reglamentariamente la  Junta Monetaria. En ningún caso, el
Banco Central podrá cubrir una posición negativa de una entidad de
intermediación financiera, por transitoria que ésta sea. La Junta Monetaria
podrá establecer un régimen de fianza colectiva o de garantías adecuadas
para los participantes. Las cuentas de encaje y demás fondos depositados por
las entidades de intermediación financiera en el Banco Central, servirán
como cuenta corriente para el sistema de compensación y de pagos,
conforme lo determine la Junta Monetaria.
b)  Mercado Interbancario.  El Banco Central realizará un adecuado
seguimiento a las operaciones del mercado interbancario. Las entidades de
intermediación financiera tendrán la obligación de suministrar la
información requerida por la Administración Monetaria y Financiera a los
fines de garantizar la transparencia del mercado interbancario,  en la forma
que se determine reglamentariamente. 
SECCIÓN IV
DEL RÉGIMEN CAMBIARIO Y LA ADMINISTRACIÓN
 DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES 
Artículo 28. Libre Convertibilidad. El régimen cambiario estará basado en la libre
convertibilidad de la moneda nacional con  otras divisas. Los agentes económicos podrán
realizar transacciones en divisas en las condiciones que libremente pacten de acuerdo con
las normas generales sobre contratos. El Banco Central no podrá, en caso alguno, establecer
que determinadas operaciones de cambio internacionales deban realizarse exclusivamente
con éste o en condiciones que no aseguren libre determinación de precios en el mercado. 
La Junta Monetaria, con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros,
por un plazo preestablecido que no podrá ser mayor de un (1) año, podrá fijar límites
temporales a la entrada de capitales de corto plazo en moneda extranjera, de acuerdo a los
estándares internacionales y que los mismos sean de forma equitativa, no discriminatoria y
de buena fe. El Banco Central publicará con la frecuencia que sea necesaria la tasa de
cambio de mercado a efectos contables y legales.
Artículo 29. Intermediación Cambiaria. Constituye intermediación cambiaria la
compra y venta de divisas de manera habitual, entendiéndose por divisas los billetes y
monedas de países extranjeros, cualquiera que sea su denominación o característica,
independientemente de los medios de pago utilizados para efectuar dicha compra y venta,
incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa, las letras de cambio, cheques, órdenes
de pago, pagarés, giros y transferencias.  La intermediación cambiaria sólo podrá ser
realizada por las entidades de intermediación financiera autorizadas y por los Agentes de
Cambio. 
Artículo 30 Agentes de Cambio. Para ser Agente de Cambio es necesario
constituirse como compañía por acciones organizada de acuerdo con las Leyes de la
República Dominicana, con el objeto social y la actividad habitual exclusiva de efectuar
intermediación cambiaria en condiciones de libre mercado en el territorio nacional, así
como también en el exterior  bajo la modalidad de empresa remesadora. Los Agentes de
Cambio deberán contar con la previa autorización de la Junta Monetaria para actuar como
tales. A los fines de su régimen de autorización y funcionamiento, los Agentes de Cambio
se considerarán entidades sujetas a regulación conforme a esta Ley, debiendo la Junta
Monetaria establecer por Reglamento su estatuto, en el cual se determinen las condiciones
necesarias para su autorización y funcionamiento.
Artículo 31. Administración de las Reservas Internacionales. El Banco Central
procurará mantener un nivel adecuado de reservas internacionales,  con el objetivo de
promover la estabilidad monetaria y la confianza en las políticas macroeconómicas. La
administración de dichas reservas se centrará en los criterios de seguridad, liquidez y
rentabilidad, a los fines de preservar  el valor de las mismas dentro del objetivo de la
política monetaria.
Artículo 32. Operaciones en Moneda Extranjera del Banco Central. El Banco
Central en sus operaciones en monedas extranjeras podrá realizar:
a)  Operaciones Propias de la Banca Central. El Banco Central podrá obtener
y conceder financiamiento y efectuar las operaciones propias de la
naturaleza de banca central, incluyendo aquellas referentes a la colocación
de fondos, de conformidad con los convenios y prácticas internacionales,
con otros bancos centrales, organismos financieros multilaterales o entidades
financieras públicas o privadas localizadas en el exterior. Cuando se trate de
operaciones de obtención de financiamiento tendrán que ser aprobadas por el
Congreso Nacional exceptuando los intercambios de monedas que se
realicen con el Fondo Monetario Internacional. 
b)  Compra y Venta de Divisas. El Banco Central podrá comprar y vender
divisas, valores expresados en moneda extranjera u otros activos, en las
condiciones y términos que determine la Junta Monetaria, así como efectuar
operaciones de cambio a futuro y cualesquiera otras operaciones propias de
los mercados cambiarios, con las entidades financieras localizadas en el
exterior y las que se refieren en el Artículo 29 de esta Ley, en condiciones de
libre mercado, de acuerdo con la libre convertibilidad y en las modalidades
que determine reglamentariamente la Junta Monetaria.
c)  Corresponsalía. El Banco Central podrá actuar como agente o corresponsal
de otros bancos centrales y de entidades bancarias y financieras localizadas
en el exterior; a la vez que podrá nombrar a tales entidades como sus agentes
o corresponsales en el exterior. Asimismo, podrá suscribir acuerdos de
cooperación con bancos centrales, asociaciones de bancos centrales u otros
entes similares.
SECCIÓN V
PRESTAMISTA DE ÚLTIMA INSTANCIA
Artículo 33. Alcance y Prohibiciones.
a)  Alcance. La Junta Monetaria reglamentariamente determinará las
circunstancias en las que el Banco  Central podrá otorgar crédito a las
entidades de intermediación financiera con el objeto de atender deficiencias
temporales de liquidez que no estén causadas por problemas de solvencia. El
monto del crédito podrá ser de hasta una vez y media (1½ veces) el capital
pagado de la entidad, y podrá instrumentarse mediante un préstamo
garantizado con títulos, depósitos en el Banco Central, o cartera de bajo
riesgo, o mediante compra de títulos con pacto de recompra o mediante
compra de cartera de bajo riesgo. El valor del colateral no podrá ser inferior
a una vez y media (1½ veces) el principal del préstamo. El plazo de dicho
crédito podrá ser de hasta treinta (30) días calendario. Reglamentariamente
se determinará el número máximo de  créditos que podrán otorgarse a una
misma entidad y la tasa de interés, la  cual tendrá carácter diferenciado en
función de los distintos objetivos regulatorios de esta facilidad.
b)  Prohibiciones. Fuera de los casos previstos en el literal anterior, el Banco
Central no podrá conceder financiamiento directa o indirectamente a
entidades de intermediación financiera, a otras entidades públicas o
privadas, ni a personas físicas, a excepción de los préstamos que pueda
otorgar como empleador de conformidad con el correspondiente Reglamento
Interno.  Lo dispuesto en este Artículo no impedirá que la Junta Monetaria,
como último recurso, con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de
sus miembros, y siempre y cuando se hayan hecho todos los esfuerzos por
parte del Gobierno para obtener financiamiento de otras fuentes internas o
externas, pueda autorizar al Banco Central a conceder créditos
exclusivamente al Gobierno Central a través de préstamos o de la
adquisición de bonos, valores o documentos representativos de deuda. Para
que pueda ser posible este financiamiento al Gobierno, se deberán cumplir
con cada una de las siguientes condiciones:
1) Que el Congreso Nacional por Ley, declare al país en situación de
emergencia por motivos relacionados con la seguridad del Estado o
catástrofes derivadas de los fenómenos de la naturaleza.
2) Que dicho financiamiento sea a través de una o varias instituciones
de intermediación financiera.
3) Que la tasa de interés de la transacción no sea inferior a la del
mercado.
4) Que el monto otorgado no exceda del dos por ciento (2%) del
promedio de los ingresos corrientes del Gobierno Central en los tres
(3) años calendario anteriores y,  en caso de haber deuda pendiente,
que el monto total no exceda del tres por ciento (3%) del ingreso
corriente promedio del Gobierno Central de los últimos tres (3) años,
excluyendo los valores a que se hace referencia en el Artículo 16,
literal e) y en el Artículo 82 de esta Ley.
TÍTULO III
DE LA REGULACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
SECCIÓN I
DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
Artículo 34. Tipos de Entidades  de Intermediación Financiera. Las entidades
que realicen intermediación financiera podrán ser de naturaleza privada o pública. A su vez,
las entidades privadas podrán ser de carácter accionario o no accionario. Se considerarán
para los fines de esta Ley como entidades accionarias, los Bancos Múltiples y Entidades de
Crédito, pudiendo ser estas últimas, Bancos  de Ahorro y Crédito y Corporaciones de
Crédito. Asimismo, se considerarán entidades no accionarias, las Asociaciones de Ahorros
y Préstamos y las Cooperativas de Ahorro y Crédito que realicen intermediación financiera.
Los bancos constituidos con arreglo a la legislación de otros países, que quieran realizar
intermediación financiera en el territorio nacional se sujetarán a lo dispuesto en el Artículo
39 de esta Ley.
Artículo 35. Régimen Jurídico. Los Bancos Múltiples y Entidades de Crédito que
se constituyan y funcionen de acuerdo a las disposiciones de esta Ley serán regidas por las
disposiciones de este Título III, en tanto  que las Entidades Públicas de Intermediación
Financiera,  las Asociaciones de Ahorros y  Préstamos y las Cooperativas de Ahorro y
Crédito que estén autorizados a realizar intermediación financiera estarán sujetas a las
disposiciones del Título IV de esta Ley, así como a las Secciones V, VI, VII, VIII y IX de
este Título III, en la forma que reglamentariamente se determine. Las entidades de
intermediación financiera, según corresponda conforme a su naturaleza y los Reglamentos
de desarrollo de la presente Ley, quedarán  sometidas a las siguientes disposiciones en
cuanto a inicio y cese de operaciones:
a)  Autorización Previa.  Para actuar como entidad de intermediación
financiera, deberá obtenerse la autorización previa de la Junta Monetaria,
que sólo podrá ser denegada por razones de legalidad y no de oportunidad.
La autorización caducará si al transcurrir seis (6) meses de haberse otorgado,
la entidad no ha iniciado sus operaciones. También es obligatorio obtener la
correspondiente autorización  previa de la Junta Monetaria, en los casos de
fusión, absorción, conversión de un tipo de entidad a otra, segregación,
escisión, venta de acciones de otras entidades que representen un porcentaje
mayor o igual al treinta por ciento (30%) del capital pagado, traspasos de la
totalidad o parte sustancial de los activos y pasivos, así como apertura de
sucursales y agencias de bancos locales en el extranjero y oficinas de
representación de entidades financieras extranjeras en el territorio nacional.
En cada caso se requerirá la opinión previa de la Superintendencia de
Bancos. La apertura de sucursales y agencias en el territorio nacional, así
como su traslado y cierre, requerirá autorización previa de la
Superintendencia de Bancos.
b)  Limitaciones Operativas Iniciales. La Junta Monetaria podrá establecer
limitaciones operativas a las entidades de nueva creación, en lo referente a la
apertura de sucursales, gastos máximos de organización, dividendos y demás
aspectos que permitan procurar la prudencia en la expansión inicial de la
entidad. Tales limitaciones no podrán exceder el plazo de cinco (5) años
desde el otorgamiento de la autorización, y éstas en ningún caso podrán
referirse a las tasas de interés, comisiones y recargos que serán las que
libremente se pacten, sin más limitaciones que las derivadas de las normas
generales de contratación y de las reglas de transparencia y protección al
consumidor previstas en esta Ley.
c)  Extinción. Las entidades de intermediación financiera serán de duración
ilimitada y no podrán cesar sus operaciones sin autorización previa de la
Junta Monetaria.  Su disolución deberá realizarse de conformidad con el
procedimiento establecido en la Sección VIII de este Título. Las
disposiciones relativas a la quiebra de las compañías por acciones sólo serán
aplicables respecto al balance residual  a que se refiere la Sección VIII de
este Título. La disolución de las entidades de intermediación financiera de
carácter no accionario se regirá  por sus leyes especiales, por las
disposiciones reglamentarias que dicte la Junta Monetaria y por la normativa
de Derecho Común que les sean aplicables.
SECCIÓN II
DE LOS BANCOS MÚLTIPLES Y DE LAS 
ENTIDADES DE CRÉDITO
Artículo 36. Definiciones. Para los efectos de esta Ley se entenderán por entidades
de intermediación financiera de estructura accionaria, los tipos siguientes:
a)  Bancos Múltiples. Los Bancos Múltiples son aquellas entidades que pueden
captar depósitos del público de inmediata exigibilidad, a la vista o en cuenta
corriente, y realizar todo tipo de operaciones incluidas dentro del catálogo
general de actividades establecido en el Artículo 40 de esta Ley.
b)  Entidades de Crédito.  Las Entidades de Crédito son aquellas cuyas
captaciones se realizan mediante depósitos de ahorro y a plazo, sujetos a las
disposiciones de la Junta Monetaria y  a las condiciones pactadas entre las
partes. En ningún caso dichas entidades podrán captar depósitos a la vista o
en cuenta corriente. Las Entidades de Crédito se dividirán en dos (2)
categorías: Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito y
podrán realizar las operaciones incluidas en los Artículos 42 y 43 de esta
Ley. Las Entidades de Crédito se regirán por las siguientes disposiciones: 
1) La Junta Monetaria podrá establecer determinadas diferenciaciones
normativas entre los dos (2) tipos de Entidades de Crédito
establecidas en esta Ley,  las cuales se ponderarán
reglamentariamente, siempre y  cuando se eviten  situaciones de
desequilibrio normativo que den lugar a ventajas comparativas, de
manera que las diferencias entre capitales pagados mínimos en cada
caso, guarden relación con el  número y tipo de operaciones
autorizables, así como con los riesgos permisibles.
2) El régimen regulatorio diferenciado que establezca la Junta
Monetaria para las Entidades de Crédito entre sí, se refiere
exclusivamente a las normas estipuladas en la Sección IV de este
Título y a la política de inversión, y en ningún caso podrá suponer
una menor rigurosidad relativa  de requerimientos que los que
establece esta Ley para los Bancos Múltiples. 
Artículo 37. Requisitos de Autorización.  La autorización para que los Bancos
Múltiples y Entidades de Crédito puedan iniciar operaciones requerirá la presentación a la
Junta Monetaria de una opinión de la Superintendencia de Bancos, sobre la base de la
documentación presentada por la entidad solicitante, en la que se verifique:
a) Que el patrimonio consolidado de  los accionistas solicitantes sea igual o
superior al monto del capital mínimo requerido para la constitución de la
institución.
b) Que los socios fundadores demuestren una experiencia previa en materia
financiera. En todo caso deberán conformar un equipo de directivos y
funcionarios experimentados en el manejo de las diferentes áreas de una
institución financiera. Para estos efectos, durante los primeros tres (3) años
de operación de dicha entidad, deberán presentar semestralmente el currículo
de las personas que ocupan los cargos ejecutivos y gerenciales para
conocimiento y evaluación de la Superintendencia de Bancos. Con
posterioridad a dichos primeros tres (3) años deberán presentar el currículo
de las personas que pasen a ocupar los puestos ejecutivos y gerenciales de la
entidad cada vez que se produzcan cambios.
c) Que no existan en los estatutos  y documentos constitutivos requeridos,
pactos y estipulaciones ilegales, abusivos o que de cualquier forma lesionen
gravemente los derechos de los accionistas minoritarios o contengan
limitaciones excesivas sobre el control de decisión. Cualquier modificación
posterior de los estatutos deberá  ser autorizada previamente por la
Superintendencia de Bancos.
d) Que hayan cumplido íntegramente con los requisitos establecidos en esta
Ley, así como cualesquiera otros previstos en la legislación general que le
competan o en las reglamentaciones de la Junta Monetaria. 
Artículo 38. Normas Societarias.  
a)  Forma de Sociedad. Los Bancos Múltiples y las Entidades de Crédito se
constituirán necesariamente en forma de compañías por acciones que se
regirán por las disposiciones de  esta Ley y sus Reglamentos. Las
disposiciones del Código de Comercio en materia de compañías por
acciones, para los efectos de esta Ley, sólo serán aplicables en lo que no esté
expresamente dispuesto en la misma.
b)  Objeto y Denominación. Los Bancos Múltiples y las Entidades de Crédito
tendrán un objeto social exclusivo destinado a la realización de actividades
de intermediación financiera, conforme a lo estipulado en esta Ley y su
razón social incluirá la denominación “Banco Múltiple” o la correspondiente
a las Entidades de Crédito, es decir, “Bancos de Ahorro y Crédito” y
“Corporaciones de Crédito”, según sea el caso.  Ninguna otra entidad o
persona física podrá utilizar dichas denominaciones en su razón social o
nombre comercial, las cuales están reservadas por Ley respectivamente a los
Bancos Múltiples y las Entidades de  Crédito. El objeto social exclusivo
coincidirá, necesariamente, con el alcance que para cada caso le confieren
esta Ley y la autorización otorgada por la Junta Monetaria. La
Superintendencia de Bancos llevará el  registro de estas entidades y de sus
estatutos. Las mismas no podrán utilizar en su razón social término alguno
que induzca a considerarlas como entidades que gozan de garantía estatal o
pública.
c)  Capital Pagado Mínimo. Los Bancos Múltiples y Entidades de Crédito
tendrán un capital pagado mínimo determinado reglamentariamente por la
Junta Monetaria, que nunca podrá ser inferior a noventa millones de pesos
(RD$90,000,000.00) en el caso de los Bancos Múltiples; a dieciocho
millones de pesos (RD$18,000,000.00) para los Bancos de Ahorro y
Crédito; y a cinco millones de pesos (RD$5,000,000.00) para las
Corporaciones de Crédito más el índice de inflación de cada año. El capital
pagado mínimo será igual para las  entidades del mismo tipo y estará
representado por acciones comunes nominativas, entendiendo que todas las
acciones tendrán los mismos derechos  sociales y económicos. La Junta
Monetaria podrá permitir acciones preferidas como parte del capital pagado
de estas entidades, en cuyo caso establecerá reglamentariamente las
características del instrumento, condiciones y límites para su emisión. Las
acciones preferidas no podrán en ningún caso otorgar a su tenedor mayor
derecho al voto que las comunes, ni percibir dividendos anticipadamente o
con independencia del resultado del  ejercicio. El capital pagado será
enteramente suscrito y pagado en numerario. Para fines de apertura de una
nueva entidad deberá presentarse ante  la Superintendencia de Bancos, la
documentación que acredite la realidad y procedencia del monto aportado, el
cual deberá depositarse, transitoriamente, en el Banco Central para la
ejecución del plan de inversiones inicial. Tales recursos  podrán disponerse
para costear la adquisición de sus activos fijos y los gastos necesarios de
instalación e inicio de operaciones. Los estatutos podrán requerir una
tenencia mínima de acciones para poder votar en la Junta General de
Accionistas, que no podrá ser superior al punto cero uno por ciento (0.01%)
del capital social mínimo. Las estipulaciones sobre tenencias mínimas no
podrán limitar acuerdos entre accionistas para alcanzar los mismos. No se
podrá reducir el capital pagado sin la previa autorización de la
Superintendencia de Bancos, sin perjuicio del capital mínimo. El pago de
dividendos estará sujeto al cumplimiento de determinados requisitos que
serán establecidos reglamentariamente.
d)  Límites a la Condición de Accionistas.  No podrán ser accionistas de las
entidades de intermediación financiera definidas en esta Sección, con
participación significativa por sí ni por persona física o jurídica interpuesta,
aquellos a quienes les sean aplicables las inhabilidades establecidas en el
literal f) de este Artículo. Las  adquisiciones de acciones vulnerando lo
dispuesto en este párrafo serán nulas y se procederá a la enajenación de las
mismas por parte de la entidad financiera en un plazo no superior a quince
(15) días desde la compra.
e)  Participaciones Significativas. La adquisición de acciones representativas
de más de un tres por ciento (3%) del capital pagado, o la realización de
operaciones que directa o indirectamente determinen el control de más de un
tres por ciento (3%) del capital pagado de los Bancos Múltiples y las
Entidades de Crédito deberán ser comunicadas a la Superintendencia de
Bancos. Tales entidades deberán llevar un libro registro de accionistas para
conocer en todo momento la exacta composición accionaria de las mismas,
con base al procedimiento que se determine reglamentariamente.
f)  Administración. El Consejo de Directores  o de Administración estará
compuesto por un mínimo de cinco (5) personas físicas. El Consejo de
Administración deberá tener estatutariamente todas las facultades de
administración y representación de la entidad de intermediación financiera,
sin perjuicio de las delegaciones  que pueda realizar. No podrán ser
miembros del Consejo de Administración, ni ejercer funciones de
administración o control quienes se encuentren prestando servicios a la
Administración Monetaria y Financiera, los que fueron directores o
administradores de una entidad de intermediación financiera, nacional o
extranjera, durante los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha en que a
la entidad le haya sido revocada la autorización para operar por sanción o
haya incumplido de manera reiterada normas regulatorias y planes de
recuperación o haya sido sometida  a un procedimiento de disolución o
liquidación forzosa, o declarada en quiebra o bancarrota o incurriera en
procedimientos de similar naturaleza; los que hubiesen sido sancionados por
infracción muy grave de las normas vigentes con la separación del cargo e
inhabilitación para desempeñarlo; los sancionados por infracción de las
normas reguladoras del mercado de valores; los insolventes; los que hayan
sido miembros del consejo directivo de una entidad previo a una operación
de salvamento por parte del Estado; los condenados por delitos de naturaleza
económica o por lavado de activos, y los que sean legalmente incapaces o
hayan sido objeto de remoción de sus cargos en la Administración
Monetaria y Financiera en los supuestos previstos en los Artículos 11, 17 y
21 de esta Ley.  Por lo menos un cuarenta por ciento (40%) de los miembros
del Consejo de Directores o de Administración deberán  ser profesionales
con experiencia en el área financiera o personas de acreditada experiencia en
materia económica, financiera o empresarial. La Superintendencia de
Bancos organizará un Registro de miembros de Consejos de Administración
y altos directivos de estas entidades. 
Artículo 39. Participación de la Inversión Extranjera en la Intermediación
Financiera y Oficinas de Representación. La Junta Monetaria determinará por vía de
Reglamento los requisitos y condiciones para  que bancos y otras entidades financieras
constituidos con arreglo a la legislación de  otros países, y para que personas físicas y
jurídicas radicadas en el exterior, puedan participar en actividades de intermediación
financiera en el territorio nacional, al igual que los requisitos y condiciones que regirán la
apertura de oficinas de representación de bancos extranjeros, atendiendo a las disposiciones
siguientes:
a)  Participación de la Inversión Extranjera. La participación de la inversión
extranjera en la actividad de intermediación financiera nacional podrá
realizarse bajo cuatro modalidades:
1) Mediante la adquisición de acciones de Bancos Múltiples y
Entidades de Crédito existentes, por parte de bancos y otras
entidades financieras, así como por personas físicas.
2) Mediante la constitución de entidades de intermediación financiera
de carácter accionario, conforme a las disposiciones de esta Ley.
3) Bajo la modalidad de filial, mediante el establecimiento de Bancos
Múltiples y Entidades de Crédito propiedad de bancos y otras
entidades financieras.
4) Mediante el establecimiento de sucursales de bancos constituidos con
arreglo a la legislación de otros países.
Compete a la Junta Monetaria autorizar lo indicado en el numeral 1) del presente
Artículo cuando dicha adquisición supere el treinta (30%) del capital pagado de la entidad
de que se trate. De igual modo, es facultad de la Junta Monetaria autorizar las actividades
referidas en los numerales 3) y 4) siempre que se asegure la adecuada coordinación e
intercambio de información con las autoridades supervisoras del país de origen. Una vez
autorizadas estas entidades conforme a lo establecido en el Artículo 35, literal a) de esta
Ley, quedarán sujetas a las mismas normas y requerimientos que las entidades nacionales.
b)  Oficinas de Representación. Los bancos extranjeros no domiciliados en el
territorio nacional  podrán establecer oficinas  de representación en la
República Dominicana, conforme se determine reglamentariamente. En
ningún caso, las oficinas de representación podrán realizar actividades de
intermediación financiera. 
SECCIÓN III
DE LAS OPERACIONES DE LOS BANCOS MÚLTIPLES
 Y ENTIDADES DE CRÉDITO
Artículo 40. Operaciones y Servicios de los Bancos Múltiples.  Los Bancos
Múltiples podrán realizar las siguientes operaciones y servicios:
a) Recibir depósitos a la vista en moneda nacional y depósitos de ahorro y a
plazo en moneda nacional y extranjera.
b) Emitir títulos-valores.
c) Recibir préstamos de instituciones financieras.
d) Emitir letras, órdenes de pago, giro contra sus propias oficinas o
corresponsales, y efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos.
e) Conceder préstamos en moneda nacional y extranjera, con o sin garantías
reales, y conceder líneas de crédito.
f) Descontar letras de cambio, libranzas, pagarés y otros documentos
comerciales que representen medios de pago.
g) Adquirir, ceder o transferir efectos de comercio, títulos-valores y otros
instrumentos representativos de obligaciones, así como celebrar contratos de
retroventa sobre los mismos, conforme lo determine reglamentariamente la
Junta Monetaria.
h) Emitir tarjetas de crédito, débito y cargo conforme a las disposiciones
legales que rijan en la materia.
i) Aceptar, emitir, negociar y confirmar cartas de crédito.
j) Asumir obligaciones pecuniarias, otorgar avales y fianzas en garantía del
cumplimiento de obligaciones determinadas de sus clientes.
k) Aceptar letras giradas a plazo que provengan de operaciones de comercio de
bienes o servicios.
l) Realizar contratos de derivados de cualquier modalidad.
m) Realizar operaciones de compra-venta de divisas.
n) Establecer servicios de corresponsalía con bancos en el exterior.
o) Recibir valores y efectos en custodia y ofrecer el servicio de cajas de
seguridad.
p) Realizar operaciones de arrendamiento financiero, descuento de facturas,
administración de cajeros automáticos.
q) Asegurar los préstamos hipotecarios a la vivienda con el Seguro de Fomento
de Hipotecas Aseguradas (FHA) que  expide el Banco Nacional de la
Vivienda o su continuador jurídico, conforme lo determine
reglamentariamente la Junta Monetaria.
r) Servir como originador o titularizador de carteras de tarjetas de crédito y
préstamos hipotecarios en proceso de titularización.
s) Fungir como administrador de cartera titularizada por cuenta de emisores de
títulos de origen nacional.
t) Servir de agente financiero de terceros.
u) Proveer servicios de asesoría a proyectos de inversión.
v) Otorgar asistencia técnica para  estudios de factibilidad económica,
administrativa, y de organización y administración de empresas.
w) Realizar otras operaciones y servicios que demanden las nuevas prácticas
bancarias en la forma que reglamentariamente se determine. La Junta
Monetaria gozará de potestad reglamentaria interpretativa para determinar la
naturaleza de nuevos instrumentos u operaciones que surjan como
consecuencia de nuevas prácticas y  que puedan ser realizados por los
Bancos Múltiples.
Artículo 41. Inversiones de los Bancos Múltiples.
a)  Entidades de Apoyo y de Servicios Conexos. Los Bancos Múltiples podrán
invertir hasta el veinte por ciento (20%) de su capital pagado sujeto a lo
estipulado en el Artículo 46, literal a) de esta Ley, en entidades de apoyo y
de servicios conexos. Se considerarán entidades de apoyo aquellas que se
dediquen exclusivamente a realizar actividades de cobro, descuento de
facturas, arrendamiento financiero, administradoras de cajeros automáticos,
afiliación y procesamiento de tarjeta de crédito, agentes de cambio,
procesamiento electrónico de datos,  centros de información crediticia, y
demás servicios análogos. Se considerarán como entidades de servicios
conexos las administradoras de fondos  mutuos y los puestos de bolsa. La
Junta Monetaria determinará cuáles otras entidades se considerarán de apoyo
bancario o de servicios conexos. Estas entidades no podrán financiarse en
modo alguno mediante la captación de depósitos del público. 
La Superintendencia de Bancos llevará un registro de las entidades de apoyo o de
servicios conexos, con cuanta información resulte necesaria para conocer sus riesgos y
posibles vinculaciones económicas con entidades financieras. Estas entidades sólo quedarán
sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos en los supuestos en que proceda
la supervisión en base consolidada de acuerdo al Artículo 58 de la presente Ley. Dicha
supervisión tendrá como único objeto conocer la realidad patrimonial de la entidad de
intermediación financiera accionaria de que se trate, en la medida  que sea necesaria para
conocer los requerimientos de capital en base consolidada, en la forma que
reglamentariamente se determine.
b)  Empresas No Financieras. Los Bancos Múltiples  podrán invertir en el
capital de empresas no financieras hasta un diez por ciento (10%) de su
capital pagado, siempre y cuando dicha inversión no constituya propiedad de
más del diez por ciento (10%) del capital pagado de cada empresa no
financiera en la cual se realice la inversión.
c)  Entidades Financieras en el Exterior.  Los Bancos Múltiples podrán
invertir hasta el veinte por ciento  (20%) de su capital pagado, sujeto a lo
estipulado en el Artículo 46 literal a), en la apertura de sucursales, agencias
u oficinas de representación en el exterior, así como efectuar inversiones en
acciones en entidades financieras del exterior. La Junta Monetaria, con el
voto favorable de las tres cuartas  (3/4) partes de sus miembros y
transcurridos dos (2) años desde la publicación de esta Ley, podrá modificar
los límites prudenciales que se establecen en este Artículo.Artículo 42.
Operaciones de los Bancos de Ahorro y Crédito. Los Bancos de Ahorro y Crédito sólo
podrán realizar las siguientes operaciones:
a) Recibir depósitos de ahorro y a plazo, en moneda nacional.
b) Recibir préstamos de instituciones financieras.
c) Conceder préstamos en moneda nacional, con o sin garantía real, y conceder
líneas de crédito.
d) Emitir títulos-valores.
e) Descontar letras de cambio, libranzas, pagarés y otros documentos
comerciales que representen medios de pago.
f) Adquirir, ceder o transferir efectos de comercio, títulos-valores y otros
instrumentos representativos de obligaciones, así como celebrar contratos de
retroventa sobre los mismos.
g) Emitir tarjetas de crédito, débito y cargo conforme a las disposiciones
legales que rijan en la materia.
h) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos.
i) Aceptar letras giradas a plazo que provengan de operaciones de comercio de
bienes o servicios en moneda nacional.
j) Realizar contratos de derivados  de cualquier modalidad, en moneda
nacional.
k) Servir de agente financiero de terceros.
l) Recibir valores y efectos en custodia y ofrecer el servicio de cajas de
seguridad.
m) Realizar operaciones de arrendamiento financiero, descuento de facturas,
administración de cajeros automáticos.
n) Asumir obligaciones pecuniarias, otorgar avales y fianzas en garantía del
cumplimiento de obligaciones determinadas de sus clientes, en moneda
nacional.
o) Proveer servicios de asesoría a proyectos de inversión.
p) Otorgar asistencia técnica para  estudios de factibilidad económica,
administrativa, y de organización y administración de empresas.
q) Realizar operaciones de compra-venta de divisas.
r) Contraer obligaciones en el exterior y conceder préstamos en moneda
extranjera, previa autorización de la Junta Monetaria.
s) Asegurar los préstamos hipotecarios a la vivienda con el Seguro de Fomento
de Hipotecas Aseguradas (FHA) que  expide el Banco Nacional de la
Vivienda o su continuador jurídico, conforme lo determine
reglamentariamente la Junta Monetaria.
t) Servir como originador o titularizador de carteras de tarjetas de crédito y
préstamos hipotecarios en proceso de titularización.
u) Fungir como administrador de cartera titularizada por cuenta de emisores de
títulos de origen nacional.
v) Realizar otras operaciones y servicios que demanden las nuevas prácticas
bancarias en la forma que reglamentariamente se determine. La Junta
Monetaria gozará de potestad reglamentaria interpretativa para determinar la
naturaleza de nuevos instrumentos u operaciones que surjan como
consecuencia de nuevas prácticas y  que puedan ser realizados por los
Bancos de Ahorro y Crédito.
Artículo 43. Operaciones de las Corporaciones de Crédito.
a) Recibir depósitos a plazo en moneda nacional;
b) Descontar pagarés, libranzas, letras de cambio y otros documentos que
representen obligaciones de pago en moneda nacional;
c) Recibir préstamos de instituciones financieras, en moneda nacional;
d) Conceder préstamos en moneda nacional sin garantías, con garantía
hipotecaria, prendaria o personal solidaria;
e) Conceder préstamos en moneda nacional con garantía de certificados de
depósitos a plazo o de otros títulos financieros;
f) Realizar cesiones de crédito en moneda nacional;
g) Asegurar los préstamos hipotecarios a la vivienda con el Seguro de Fomento
de Hipotecas Aseguradas (FHA) que  expide el Banco Nacional de la
Vivienda o su continuador jurídico, conforme lo determine
reglamentariamente la Junta Monetaria.
h) Realizar operaciones de compra-venta de divisas.
i) Realizar otras operaciones y servicios que demanden las nuevas prácticas
bancarias en la forma que reglamentariamente se determine. La Junta
Monetaria gozará de potestad reglamentaria interpretativa para determinar la
naturaleza de nuevos instrumentos u operaciones que surjan como
consecuencia de nuevas prácticas y  que puedan ser realizados por las
Corporaciones de Crédito.
Artículo 44. Operaciones Sometidas a Autorización Previa.  Los Bancos
Múltiples y los Bancos de Ahorro y Crédito necesitarán de la previa autorización de la
Superintendencia de Bancos, con sujeción en todo caso a lo dispuesto en este Título, para
realizar las operaciones siguientes:
a) Vender cartera de crédito y bienes cuyo  valor supere el diez por ciento (10%)
del capital pagado de la entidad de que se trate, excluyendo los bienes recibidos
en recuperación de créditos y las inversiones en valores.
b) Participar en procesos de titularización como originador, titularizador o
administrador, o adquirir títulos-valores  provenientes de la titularización de
cartera o activos bancarios.
c) Participar en el capital de las entidades de apoyo y de servicios conexos y en el
capital de entidades financieras del exterior, así como para abrir oficinas de
representación en el exterior, en el caso de los bancos múltiples.
Artículo 45. Operaciones Prohibidas. Los Bancos Múltiples y Entidades de
Crédito no podrán realizar las operaciones siguientes:
a) Conceder financiamiento para la  suscripción de acciones, pago de multas y
cualquier otra clase de valores emitidos por la entidad o por entidades
vinculadas económicamente a la misma, por las causas que dan lugar a los
supuestos de supervisión en base consolidada.
b) Admitir en garantía o adquirir sus propias acciones, salvo que en este último
caso se realice para ejecutar una operación autorizada de  reducción del capital
social.
c) Adquirir bienes inmuebles que no sean necesarios para el uso de la entidad, con
excepción de los que ésta adquiera hasta el límite permitido y en recuperación
de créditos.
d) Otorgar o transferir por cualquier vía  títulos, bienes, créditos o valores de la
entidad a sus accionistas, directivos y empleados o a personas vinculadas,
conforme a la definición establecida en esta Ley, o a empresas o entidades
controladas por estas personas, en condiciones inferiores a las prevalecientes en
el mercado para operaciones similares.
e) Participar en el capital de otras entidades de intermediación financiera regidas
por esta ley; en más de un veinte por  ciento (20%) de su capital pagado en
entidades financieras del exterior, en  sucursales, agencias u oficinas de
representación en el exterior; en más de un veinte por ciento (20%) de su capital
pagado en entidades de apoyo y de servicios conexos, y en más de un diez por
ciento (10%) de su capital pagado en empresas no financieras, siempre y cuando
esta última inversión no constituya  propiedad de más del diez por ciento (10%)
del capital pagado y reservas de cada empresa no financiera en la cual se realice
la inversión.
f) Participar en el capital de compañías de seguros, administradoras de fondos de
pensiones y administradoras de fondos de inversión.
g) Constituir garantías o gravámenes de  naturaleza real sobre la cartera, las
inversiones o los activos totales. Se exceptúan de esta prohibición las garantías a
favor del Banco Central y las garantías para emisiones de títulos-valores de
deuda.
h) Concertar pactos de triangulación de operaciones con otras entidades y simular
operaciones financieras o de prestación de servicios en contradicción con las
disposiciones legales vigentes.
SECCIÓN IV
DE LAS NORMAS PRUDENCIALES Y DE 
LA EVALUACIÓN DE ACTIVOS
Artículo 46. Adecuación Patrimonial.  Los Bancos Múltiples y las Entidades de
Crédito deberán mantener, en todo momento, el nivel de patrimonio técnico mínimo
exigido en relación con los activos y operaciones contingentes ponderados por los diversos
riesgos, en la forma que se defina reglamentariamente. Este nivel también deberá ser
exigido en base consolidada, en los casos en que ésta sea procedente de acuerdo a las
disposiciones de la Sección VI de este Título.
a)  Patrimonio Técnico. El patrimonio técnico de los Bancos Múltiples y las
Entidades de Crédito es la suma del  capital primario más el secundario,
deduciendo de dicha suma los siguientes renglones: i) el capital invertido o
asignado en otras entidades de intermediación financiera, sucursales y
agencias en el exterior, cuando no sea considerado en un estado en base
consolidada); ii) el capital invertido en exceso a las disposiciones
establecidas en los Artículos 41 literales  a), b) y c) y 45 literal f); iii) el
capital invertido localmente en entidades de apoyo y de servicios conexos,
sólo cuando dicha inversión convierta al banco en propietario mayoritario o
controlador de las mismas y no sean  consideradas en un estado en base
consolidada; y iv) las pérdidas acumuladas, las pérdidas del ejercicio, las
provisiones no constituidas, los castigos no efectuados y otras partidas no
cargadas a resultados, todo ello en la forma y con el detalle que se determine
reglamentariamente.
b)  Imputación.  Las pérdidas acumuladas y las del ejercicio corriente, se
deducirán, en primer término de las reservas de capital específicas, si las
hubiere, y en su defecto del resto de las reservas de capital, exceptuando la
reserva legal a que se refiere el Código de Comercio, y en caso de resultar
insuficiente, del capital pagado.
c)  Capital Primario y Secundario. El capital primario se integra por el capital
pagado, la reserva legal exigida por las disposiciones del Código de
Comercio, las utilidades no distribuibles,  las reservas de naturaleza
estatutaria obligatorias, las voluntarias no distribuibles y las primas de
acciones en base a criterios definidos reglamentariamente. El capital
secundario se integra por otras reservas de capital, las provisiones por riesgo
de los activos constituidas por encima de las mínimas requeridas con un tope
equivalente al uno por ciento (1%) de los activos y contingentes ponderados
a que se refiere el literal d) de este Artículo, instrumentos de deuda
convertible obligatoriamente en acciones, deuda subordinada contratada  a
plazo mayor de cinco (5) años y los resultados netos por revaluación de
activos que se determinen conforme al procedimiento establecido
reglamentariamente.  El valor de los resultados netos por revaluación de
activos no se podrá distribuir hasta que  se realice el activo revaluado. El
capital secundario será aceptable como parte del patrimonio técnico hasta el
veinticinco por ciento (25%) de la  suma de los componentes del capital
primario, límite que gradualmente la Junta Monetaria, con el voto favorable
de las tres cuartas (3/4) partes de sus miembros, podrá incrementar hasta el
cien por ciento (100%) de la suma de los componentes del capital primario
después de transcurrir dos (2) años desde la publicación de esta Ley. Si tal
límite se ampliase, la deuda subordinada, cuyo plazo de vencimiento sea
superior a cinco (5) años juntamente con el resultado neto por revaluación de
activos, sólo podrá computar hasta el cincuenta por ciento (50%) del capital
primario. Reglamentariamente se detallará lo dispuesto en este literal.
d)  Ponderación de Activos y Contingentes por Riesgo. Reglamentariamente
se determinarán los criterios de ponderación de la cartera de préstamos,
inversiones y operaciones contingentes por razón del riesgo que representen.
A tales efectos, se tendrán en cuenta los diferentes grupos de riesgo, factores
de ponderación por instrumentos y garantías otorgadas por el prestatario, así
como otros criterios que sean habituales en las prácticas de ponderación
internacionalmente aceptadas. Las ponderaciones que se establezcan tendrán
el carácter de mínimos. Los contingentes que tengan cubiertos íntegramente
sus riesgos correspondientes con depósitos especiales u otro tipo de
coberturas efectivas determinadas reglamentariamente, no serán
considerados como contingentes para estos fines.
e)  Coeficiente de Solvencia.  La relación de solvencia entre el patrimonio
técnico y los activos y contingentes ponderados por riesgo de los Bancos
Múltiples y Entidades de Crédito no será inferior a un coeficiente del diez
por ciento (10%). Transcurridos dos (2) años desde la publicación de esta
Ley, la Junta Monetaria con el voto favorable de las tres cuartas (3/4) partes
de sus miembros, podrá modificar dicho coeficiente. En ningún caso la
modificación reglamentaria de este límite podrá arrojar un coeficiente menor
al de los estándares internacionales  en países similares. Los Bancos
Múltiples y Entidades de Crédito que no cumplan con el coeficiente de
solvencia se considerarán en situación de insolvencia regulatoria.
f)  Otros Ajustes Patrimoniales.  Reglamentariamente se podrán determinar
exigencias adicionales de patrimonio técnico en función de riesgos
cambiarios, riesgos de tipo de interés, riesgos de liquidez, riesgos de plazo,
riesgos de concentración de pasivo, riesgos de colateral, riesgos
operacionales, riesgos legales y cualesquiera otros riesgos que en el futuro
puedan agregarse. Los Bancos Múltiples deberán mantener proporciones
globales entre sus operaciones activas y pasivas en moneda extranjera, en la
forma que se determine reglamentariamente.
Artículo 47. Concentración de Riesgos y Créditos a Partes Vinculadas.  Los
Bancos Múltiples y Entidades de Crédito no podrán otorgar financiamiento vulnerando las
disposiciones sobre concentración de créditos y normas sobre créditos a partes vinculadas.
El otorgamiento de financiamiento con infracción a los límites establecidos en este
Artículo, facultará a la Superintendencia de Bancos a requerir un aumento de capital
equivalente al monto del exceso, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. 
a)  Concentración de Riesgos.  Los Bancos Múltiples y Entidades de Crédito
no podrán efectuar operaciones que impliquen financiamiento directo o
indirecto, de cualquier naturaleza, sin importar la forma jurídica que adopte,
ni otorgar ningún género de garantías  o avales, que en su conjunto exceda
del diez por ciento (10%) del patrimonio técnico a una sola persona
individual o jurídica o  grupo de riesgo. Dicho límite podrá incrementarse
hasta el veinte por ciento (20%) del  patrimonio técnico si las operaciones
están garantizadas con hipotecas en  primer rango o garantías reales en
condiciones similares a ésta y en la forma que reglamentariamente determine
la Junta Monetaria.  Se entiende por grupo de riesgo a dos o más personas
individuales o jurídicas ligadas por relaciones de propiedad, administración,
parentesco o control. La Junta Monetaria determinará los casos de existencia
de grupos de riesgo.
b)  Créditos a Partes Vinculadas.  Los Bancos Múltiples y Entidades de
Crédito no podrán otorgar créditos, directa o indirectamente, cualquiera que
sea la forma o el instrumento de concesión, por una cuantía superior al
cincuenta por ciento (50%) del patrimonio técnico de la entidad, al conjunto
de los accionistas, administradores, directores, funcionarios y empleados de
la entidad, así como a sus cónyuges, parientes dentro del segundo grado de
consanguinidad y primero de afinidad o empresas que aquellos controlen, en
la forma que reglamentariamente se determine. Exceptúase el caso de los
accionistas que posean menos del tres por ciento (3%) del capital pagado de
la entidad. Lo dispuesto en este literal se aplicará también a las empresas
que, sin mediar relación directa de propiedad, controlen directa o
indirectamente a la entidad, así como las que ésta controle directa o
indirectamente a través de relaciones de propiedad o administración.
Transcurridos dos (2) años de la publicación de esta Ley, la Junta Monetaria,
con el voto favorable de las tres cuartas (3/4) partes de sus miembros, podrá
modificar los límites de crédito establecidos en este Artículo.
Artículo 48. Activos Fijos y Contingentes. Los Bancos Múltiples y Entidades de
Crédito podrán mantener o adquirir los activos  fijos necesarios para el desarrollo de sus
operaciones, en la forma que reglamentariamente se determine, siempre que su valor total
neto no exceda del cien por ciento (100%) del patrimonio técnico.  No se considerarán para
fines de dicho límite, los activos que estas  entidades hayan recibido en recuperación de
créditos, así como los que se adquieran específicamente para realizar operaciones de
arrendamiento financiero financiadas por  el banco. Los activos extraordinarios que
adquieran los bancos como consecuencia de la recuperación de créditos tendrán un régimen
que será determinado reglamentariamente por la Junta Monetaria. Los Bancos Múltiples y
Bancos de Ahorro y Crédito podrán  realizar  operaciones contingentes en función de sus
niveles de capital, conforme lo determine por vía de Reglamento la Junta Monetaria.
Artículo 49. Evaluación de Activos y Provisiones.   Los Bancos Múltiples y
Entidades de Crédito clasificarán su activo sujeto a riesgo, es decir cartera de créditos,
inversiones y sus accesorios, así como sus  contingentes a efectos de constituir las
provisiones necesarias para cubrir sus riesgos, de conformidad con un sistema de
clasificación determinado por la Junta Monetaria con arreglo a los estándares
internacionales prevalecientes. También ésta  determinará reglamentariamente el régimen
exigible para los demás activos.
Artículo 50. Reservas de Liquidez. Los Bancos Múltiples y Entidades de Crédito
estarán sujetos al sistema de encaje legal que establezca la Junta Monetaria, conforme a lo
estipulado en el Artículo 26, literal b) de esta Ley.
SECCIÓN V
DE LA TRANSPARENCIA FINANCIERA
Artículo 51. De la Documentación de las Operaciones y Suministro de
Informaciones. Las entidades de intermediación financiera estarán obligadas a documentar
sus operaciones en la forma que se determine reglamentariamente. Dicha documentación se
mantendrá durante los diez (10) años posteriores a la cancelación de la operación, en base
material de papel o cuando sea factible mediante el uso de procedimientos informáticos y
archivos ópticos y cualquier otro medio que determine la Junta Monetaria. En el caso de los
créditos y préstamos la documentación de los mismos deberá permitir como mínimo la
supervisión en todo momento de:
a) Los documentos que demuestren la capacidad de los deudores de generar
flujos de fondos suficientes para atender el pago oportuno de sus
obligaciones en la moneda que corresponda dentro del plazo pactado, así
como aquellos que determinen un cambio en la capacidad de pago del
deudor.
b) Las garantías aportadas, la realidad de las mismas, su rango y naturaleza
legal y el alcance de la cobertura del crédito en caso de impago.
c) Los informes del comité u órgano interno de análisis de riesgos, la persona o
comité que lo concedió, su adecuación a la política interna del banco, las
prórrogas concedidas y las refinanciaciones del crédito, si las hubiere.
d)  L a s   p r o v i s i o n e s   e f e c t u a d a s   y   c ualquier otr a circunstancia que sea
relevante para la clasificación del crédito.
e) Cualesquiera otras informaciones  que le requiera la Administración
Monetaria y Financiera, en los términos y condiciones que se establezcan
reglamentariamente.
El Banco Central y la Superintendencia de Bancos deberán coordinar el envío de las
informaciones por parte de los intermediarios financieros a dichos Organismos en virtud de
las competencias atribuidas por esta Ley  a cada uno de estos, a los fines de evitar
duplicidad. 
Artículo 52. De la Información al Público. 
a)  Horario de Atención al Público.  Las entidades de intermediación
financiera deben realizar sus operaciones con el público durante el horario a
que se hubieren comprometido dentro de los mínimos establecidos
reglamentariamente. Cualquier modificación del horario de atención al
público deberá ser previamente autorizada por la Superintendencia de
Bancos.
b)  Publicación de Informaciones. Las entidades de intermediación financiera
harán públicos sus Estados Financieros por los medios que se determinen
reglamentariamente. Asimismo, deberán publicar en forma visible en las
oficinas abiertas al público las tasas  de interés, gastos y comisiones que
aplican a las diferentes operaciones activas y pasivas, calculados en términos
anuales, así como las tasas de cambio.  También deberán tener disponible al
público el precio de los diferentes servicios que presten a sus clientes. Queda
prohibido el cobro de conceptos no expresamente pactados entre las partes y
la realización de contratos verbales.
c)  Servicio de Reclamaciones del Cliente.  Las entidades de intermediación
financiera deberán remitir a la Superintendencia de Bancos copia de las
reclamaciones que reciban de sus clientes por infracción de lo dispuesto en
el literal b) anterior. Conforme Reglamento dictado por la Junta Monetaria,
la Superintendencia de Bancos organizará un servicio de reclamaciones a los
efectos de recibir las que formulen los clientes bancarios por infracciones de
lo dispuesto en el presente Artículo y en el Artículo 53 de esta Ley e
imponer las correspondientes sanciones con independencia de la
responsabilidad civil o penal que corresponda.
Artículo 53. De la Protección al Usuario. Reglamentariamente, la Junta Monetaria
determinará los supuestos de contratos abusivos en relación con  los derechos de los
consumidores y usuarios de servicios de  entidades de intermediación financiera. Las
infracciones a las disposiciones de dicho Reglamento serán objeto de sanción
administrativa, sin perjuicio de las acciones civiles que correspondan a la parte perjudicada.
Dicho Reglamento deberá contener normas precisas sobre los aspectos siguientes:
a) Disposiciones para asegurar que los contratos financieros reflejen de forma
clara los compromisos contraídos por  las partes y los derechos de las
mismas.
b) Obligación de entrega al cliente de un ejemplar del contrato debidamente
suscrito por el banco, en el que se  detalle en la forma más desagregada
posible, las diferentes partidas que integran el costo efectivo de la operación,
expresado en términos anuales.
c) Normas especiales sobre publicidad de las diferentes operaciones activas y
pasivas, al objeto de que se reflejen las auténticas condiciones financieras de
las mismas y se eviten situaciones engañosas.
Artículo 54. De la Contabilidad, Estados Financieros y Auditoría. 
a)  Contabilidad. Las entidades de intermediación financiera están obligadas a
llevar la contabilidad de todas sus operaciones, de  acuerdo con el plan de
contabilidad y normas contables que elabore la Superintendencia de Bancos
siguiendo los estándares internacionales prevalecientes en materia de
contabilidad. La Superintendencia  de Bancos establecerá también los
modelos a que deberán sujetarse los Estados Financieros de dichas
entidades, disponiendo la frecuencia,  el modo y el detalle con que los
mismos deberán ser suministrados al Banco Central y a la Superintendencia
de Bancos. La contabilidad se cerrará anualmente, coincidiendo con el final
del año calendario.
b)  Estados Financieros. Las entidades de intermediación financiera deberán
enviar al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos los Estados
Financieros anuales auditados y la Carta de Gerencia de los auditores
externos en las fechas que se establezcan reglamentariamente.
c)  Auditoría. Los Estados Financieros deberán ser auditados por una firma de
auditores externos inscritos en el registro especial que a tal efecto lleve la
Superintendencia de Bancos, los cuales deberán ser acompañados con sus
respectivas cartas de gerencia. Reglamentariamente se determinarán los
requisitos generales y especiales que deberán cumplir las empresas de
auditoría para poder llevar a cabo auditorías de entidades de intermediación
financiera. El informe de los auditores deberá incluir notas explicativas que
complementen la información contenida en la misma. Las sucursales o
filiales de bancos extranjeros deberán adicionar un informe anual de su casa
matriz y un informe periódico del Organismo Supervisor del país de origen,
en la forma que se establezca reglamentariamente.
Artículo 55. De la Gobernabilidad Interna.  De acuerdo con los requerimientos
mínimos que se establezcan reglamentariamente, las entidades de intermediación financiera
deben contar con adecuados sistemas de control de riesgos, mecanismos independientes de
control interno y establecimiento claro y por escrito de sus políticas administrativas.
a)  Políticas Administrativas. Las entidades deben contar con políticas escritas
actualizadas en todo lo relativo a la concesión de créditos, régimen de
inversiones, evaluación  de la calidad de los  activos, suficiencia de
provisiones, y administración de los  diferentes riesgos. Deben asimismo,
contar con un manual interno de procedimiento, y desarrollar las políticas
escritas de conocimiento del cliente  a efectos de evaluar su capacidad de
pago y de coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones que prohíben
el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
b)  Control de Riesgos.  Las entidades de intermediación financiera deben
contar con procesos integrales que incluyan la administración de los diversos
riesgos a que pueden quedar expuestos, así como con los sistemas de
información adecuados y con los comités necesarios para la gestión de
dichos riesgos. Deberán contar con adecuados sistemas de identificación,
medición, seguimiento, control y prevención de riesgos en la forma que se
determine reglamentariamente.
c)  Control Interno. Las entidades de intermediación financiera mantendrán un
sistema de control interno adecuado  a la naturaleza y escala de sus
actividades, que incluya disposiciones claras y definidas para la delegación
de poderes, el régimen de responsabilidad y las necesarias separaciones de
funciones con el correspondiente código de ética y de conducta. Tales
controles deberán ser fiscalizados por un Auditor Interno.
Artículo 56. Sistema de Información de Riesgos, Secreto Bancario y Cuentas
Abandonadas.
a)  Información de Riesgos.  La Superintendencia de Bancos establecerá un
Sistema de Información de Riesgos en el que obligatoriamente participarán
todas las entidades sujetas a regulación, mediante el suministro de la
información que sea precisa para garantizar la veracidad y exactitud de los
datos referentes a los deudores, con  el nivel de desagregación que sea
necesario y las clasificaciones de deudores que se estimen necesarias para
poder clasificar los créditos de forma homogénea. Tal sistema de
información de riesgos garantizará, en todo caso, el uso limitado de la base
de datos por parte de dichas entidades, a los solos efectos de conocer los
riesgos de los potenciales clientes.  El sistema cancelará de oficio o a
petición de la entidad financiera, las deudas que hubiesen sido canceladas y
mantendrá el historial correspondiente por un período no menor de diez (10)
años desde la notificación. Asimismo, establecerá los mecanismos
necesarios para garantizar un correcto  tratamiento de los datos personales
que impidan la utilización de los mismos, para fines distintos de aquellos
para los que sirve el sistema, y en particular para fines que puedan
considerarse competencia desleal entre entidades de intermediación
financiera.
b)  Secreto Bancario.  Además de las obligaciones de confidencialidad
derivadas de las buenas prácticas y  usos bancarios, las entidades de
intermediación financiera tienen la obligación legal de guardar secreto sobre
las captaciones que reciban del público en forma desagregada que revele la
identidad de la persona. Sólo  podrán proporcionarse antecedentes
personalizados sobre dichas operaciones a su titular o a la persona que éste
autorice expresamente por cualesquiera de los medios fehacientes admitidos
en Derecho. Lo dispuesto en este Artículo se entiende, sin perjuicio de la
información que deba suministrarse en virtud de normas legales a la
autoridad tributaria y a los órganos jurisdiccionales, o en cumplimiento de
las disposiciones reguladoras de la  prevención del lavado de activos. Las
informaciones que deban suministrar las entidades sujetas a regulación, tanto
a la Administración Tributaria  como a los órganos encargados del
cumplimiento de la prevención del lavado de activos y a los tribunales
penales de la República, deberán ser hechas caso por caso por intermedio de
la Superintendencia de Bancos, tanto  en lo que respecta al recibo de la
solicitud de información como para el envío de la misma y siempre y cuando
se soliciten mediante el cumplimiento de los procedimientos legales en la
sustanciación de asuntos que se ventilen  en la justicia. La obligación de
secreto bancario no impedirá la remisión de la información que precisen la
Superintendencia de Bancos y el  Banco Central, en la forma que
reglamentariamente se determine. La  violación del secreto bancario en los
términos del presente Artículo será  castigada conforme a las disposiciones
de los Artículos 377 y 378 del Código Penal.
c)  Cuentas Abandonadas. Los saldos en cuenta corriente, de ahorro, a plazo,
especiales o de cualquier otra naturaleza, en entidades de intermediación
financiera, respecto de los cuales su titular no hubiere realizado acto alguno
de administración o disposición en  forma tal que revele notoriamente
inactividad de la cuenta durante un plazo de diez (10)  años, se entenderán
abandonados. De no haber reclamación sobre tales recursos en un plazo de
seis (6) meses de su publicación, la entidad de que se trate deberá transferir
dichos recursos al Banco Central, donde permanecerán por diez (10) años
más. Una vez transcurridos estos últimos diez (10) años sin ser reclamados,
el Banco Central los transferirá al  Fondo de Contingencia creado por esta
Ley. La Junta Monetaria determinará reglamentariamente el procedimiento
para las transferencias de recursos a que se refiere este literal. Las entidades
deberán publicar una relación de dichas cuentas en periódicos de amplia
circulación e informarán a la Superintendencia de Bancos sobre el particular,
con base a los lineamientos que reglamentariamente determine el Organismo
indicado. 
SECCIÓN VI
DE LA SUPERVISIÓN
Artículo 57. Obligación de Sometimiento y Alcance.  Las entidades de
intermediación financiera estarán, individualmente y en base consolidada, bajo la
supervisión de la Superintendencia de Bancos en el modo, forma, alcance y de acuerdo al
procedimiento determinado reglamentariamente. La supervisión podrá consistir en análisis
de gabinete e inspección de campo. La Superintendencia de Bancos establecerá a principios
de cada año calendario un plan general estimativo de las supervisiones que deban llevarse a
cabo en el sistema.
a)  Análisis de Gabinete. Las entidades sometidas a supervisión remitirán a la
Superintendencia de Bancos, cuanta información les sea requerida, sin otras
limitaciones que las derivadas de lo dispuesto en el Artículo 56, literal b) de
esta Ley, en lo referente al nombre de los depositantes, en el tiempo, forma y
condiciones determinadas reglamentariamente. Los requerimientos de
información serán adicionales a la obligación de remisión de los estados
financieros anuales auditados. Los requerimientos de información podrán ser
generales para todas las entidades de intermediación financiera o
particulares. Reglamentariamente se establecerán los sistemas de
estandarización y normalización que permitan un adecuado tratamiento de la
información a efectos, tanto de supervisión como estadísticos. En particular,
cuando la información deba ser suministrada en soporte electrónico, se
dispondrán reglamentariamente los requisitos técnicos que permitan una
lectura homogénea de toda la información suministrada por las entidades
obligadas.
b)  Inspección de Campo.  Las entidades de intermediación financiera y
quienes puedan ser pasibles de sanción por infracción muy grave por esta
Ley, están obligados a permitir y facilitar las labores de inspección en sus
propias dependencias por parte de los  supervisores bancarios, debidamente
acreditados por la Superintendencia de Bancos, que a tales efectos tendrán la
consideración de autoridad pública. La Superintendencia de Bancos, cuando
las circunstancias lo ameriten, podrá auxiliarse del mecanismo de
supervisión delegada. La inspección de campo tendrá por objeto evaluar los
diversos riesgos que asumen las entidades financieras y la calidad de los
activos, en función de las ponderaciones y clasificaciones requeridas,
fiscalizar el nivel de provisiones que siendo requeridas no hubieran sido
constituidas, evaluar la suficiencia de las medidas para prevenir o cubrir
riesgos y evaluar la gestión y organización de la entidad de intermediación
financiera, analizar la composición del pasivo, y en general realizar cuantas
actuaciones sean necesarias para tener un exacto conocimiento de la
situación y grado de cumplimiento de la normativa regulatoria aplicable a la
entidad inspeccionada, en función, no sólo de los resultados de la inspección
de campo, sino de cuantos datos estén en poder de la Superintendencia de
Bancos.
Artículo 58. Supervisión en Base Consolidada. Cuando una entidad de
intermediación financiera controle directa  o indirectamente a entidades de apoyo y de
servicios conexos o a otras entidades, sean nacionales o extranjeras, quedarán sometidas a
la supervisión en base consolidada a ser aplicada por la Superintendencia de Bancos, en la
forma, procedimientos, limitaciones y obligaciones establecidas reglamentariamente.
Asimismo, la Junta Monetaria determinará reglamentariamente cómo se aplicará este tipo
de supervisión a las entidades de intermediación financiera cuando éstas sean controladas
por otra entidad, debiendo tomar como base, en todo momento, el alcance del objeto de esta
supervisión definido en el literal a) de este Artículo.
a)  Objeto. Esta supervisión en base consolidada tiene por objeto único evaluar
el riesgo global sobre la entidad de intermediación financiera de que se trate
para determinar las necesidades patrimoniales a nivel agregado, sin perjuicio
y en adición a las que le sean requeridas a dicha entidad a nivel individual,
no consolidado, por relaciones de patrimonio técnico, en función de los
diversos tipos de riesgos. Reglamentariamente se determinarán los
procedimientos que deban aplicarse cuando la entidad consolidable esté
sometida a la supervisión de otro país. A tales efectos la Superintendencia de
Bancos podrá celebrar convenios de cooperación e  intercambio de
información con organismos supervisores nacionales y extranjeros.
b)  Consolidación. Las entidades en las que de hecho concurran los supuestos
que dan lugar a la supervisión en base consolidada, deberán informarlo a la
Superintendencia de Bancos inmediatamente después de que dicha
circunstancia sobrevenga, indicando las razones que den lugar a la inclusión,
las relaciones de control y la entidad que efectivamente controle a la entidad
de intermediación financiera. Cuando  tal obligación exista, la entidad de
intermediación financiera estará obligada a presentar el balance consolidado
de todas las entidades vinculadas consolidables, así como otras
informaciones de los accionistas mayoritarios, subsidiarias y demás
entidades relacionadas.  Reglamentariamente se establecerán las normas
para la elaboración y publicación de los estados financieros consolidados.
c)  Supuestos. Existe la obligación de comunicar la existencia de supuesto de
consolidación no sólo cuando existan relaciones directas  o indirectas de
propiedad, bien sea directamente por la entidad o por sus accionistas o
personas que ejerzan el control y la administración de la entidad, sino
también cuando existan vínculos de parentesco idénticos a los que
determinan la existencia de partes vinculadas, conforme a lo estipulado en el
Artículo 47, literal b) de esta Ley, relaciones de administración o de
cualquier otro tipo que impliquen un  control de hecho o de derecho, o
simplemente en virtud de pactos  concertados que otorguen controles
efectivos.
d)  Presunción.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal b) anterior, la
Superintendencia de Bancos presumirá la existencia de control, cuando se
den cualesquiera de los supuestos mencionados en el literal c) anterior, y los
que se detallen en el Reglamento de aplicación correspondiente,
independientemente de las sanciones que correspondan.
e)  Exigencia de Información. La Superintendencia de Bancos, con el objeto
de llevar a cabo las funciones que por la presente Ley se le atribuyen, estará
facultada para requerir todo tipo de información que considere relevante a
los organismos reguladores y supervisores, a los que se refiere el Artículo 1,
literal d) de la presente Ley, así como a las personas y entidades vinculadas
o no que puedan poseer información que resulte de interés para estos fines.
SECCIÓN VII
DE LA REGULARIZACIÓN
Artículo 59. Corrección Inmediata.  Las entidades de intermediación financiera
deberán en todo momento cumplir con las disposiciones de esta Ley, los Reglamentos
dictados para su ejecución, las Resoluciones de la Junta Monetaria y las Circulares dictadas
por el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, sin necesidad de requerimiento
previo por parte de la Administración Monetaria y Financiera. El incumplimiento de dichas
disposiciones implicará la correspondiente sanción, de conformidad con lo establecido en la
Sección IX de este Título, sin perjuicio de la obligación de inmediata corrección.
Artículo 60. Planes de Regularización. Causas. Adicionalmente a lo dispuesto en
el Artículo anterior, las entidades de intermediación financiera deben presentar a la
Superintendencia de Bancos para su aprobación, un plan de regularización cuando
concurran una o más de las causas siguientes:
a) Cuando su patrimonio técnico o equivalente se reduzca entre el diez por
ciento (10%) y el cincuenta por ciento (50%), dentro de un período de doce
(12) meses.
b) Cuando su coeficiente de solvencia sea inferior al requerido por las
disposiciones correspondientes y superior al límite establecido en el Artículo
62, literal b) de la esta Ley.
c) Cuando presente deficiencias de encaje legal por el número de períodos que
se determine reglamentariamente.
d) Cuando recurra a las facilidades del Banco Central como prestamista de
última instancia, de manera reiterada conforme lo defina la Junta Monetaria.
e) Cuando haya presentado o remitido a la Superintendencia de Bancos o al
Banco Central información financiera falsa o documentación fraudulenta o
cuando incumpla de manera reiterada los Instructivos del Banco Central y de
la Superintendencia de Bancos o los  actos administrativos dictados por la
Administración Monetaria y Financiera.
f) Cuando realice actos que pongan en grave peligro los depósitos del público
o la situación de liquidez  y solvencia de la entidad, tales como: realizar
operaciones prohibidas; realizar operaciones sujetas a autorización previa sin
dicha autorización; permitir que los aportes de capital de los accionistas se
financien directa o indirectamente  a través de la propia entidad de
intermediación financiera; realizar operaciones de crédito, contingentes e
inversiones con prestatarios o grupos prestatarios vinculados a la entidad de
intermediación financiera, o con garantía de sus propias acciones,
excediéndose de los límites establecidos en la presente Ley.
g) Cuando los auditores externos emitan una opinión con salvedades
relacionadas con la solvencia regulatoria de la entidad de intermediación
financiera de que se trate o que ésta publique sus estados financieros
auditados de manera incompleta.
Las entidades de intermediación financiera sometidas a planes de regularización
tendrán una supervisión intensiva, entendiéndose como tal el seguimiento permanente de la
Superintendencia de Bancos, conforme al Instructivo que para tales fines dicte la misma.
Artículo 61. Procedimiento de la Regularización. 
a)  Iniciación Voluntaria.  Cuando una entidad de intermediación financiera
incurra en cualesquiera de las causas  de regularización establecidas en el
Artículo 60 de esta Ley, su consejo de administración o directorio deberá
informarlo de inmediato por escrito a la Superintendencia de Bancos.
b)  Iniciación de Oficio. En caso de que sea la Superintendencia de Bancos la
que detecte la ocurrencia de cualesquiera de las causas de regularización, sin
perjuicio de las sanciones establecidas en la presente Ley, la
Superintendencia convocará al consejo  de administración o directorio de
dicha entidad, para exigirles la presentación del plan.
c)  Plazo de Presentación.  Bien sea voluntariamente  o a requerimiento de la
Superintendencia de Bancos, el consejo de administración o directorio
elaborará y presentará un plan de  regularización en un plazo no mayor a
quince (15) días hábiles contados a  partir de la fecha del reporte o
notificación, según sea el caso.
d)  Aprobación del Plan.  La Superintendencia de Bancos, en el plazo de los
siguientes cinco (5) días hábiles a la presentación del plan de regularización,
se pronunciará sobre el mismo. En caso de existir objeciones, el plan podrá
ser enmendado por una sola vez, dentro de los dos (2) días hábiles
siguientes.  La no presentación dentro  del plazo o el rechazo del plan de
regularización será considerado por la Superintendencia de Bancos causa de
disolución, conforme a lo dispuesto en el Artículo 62 de la presente Ley.
e)  Duración. El período de regularización no podrá ser mayor a seis (6) meses,
contado a partir de la no objeción del plan por parte de la Superintendencia
de Bancos. Este podrá terminar antes del plazo fijado, cuando la entidad de
intermediación financiera demuestre,  a satisfacción de la Superintendencia
de Bancos, que enmendó los hechos  que originaron la regularización o
cuando la entidad de intermediación financiera incurra en cualesquiera de las
causas de disolución previstas en el Artículo 62 de la presente Ley. Durante
la vigencia del plan de regularización, la entidad no podrá distribuir directa o
indirectamente sus utilidades. Durante la ejecución del plan existirá un
régimen de supervisión intensiva al amparo del Artículo 60 y el literal f) del
presente Artículo, conforme se determine reglamentariamente.
f)  Contenido. El plan deberá contener las medidas que sean necesarias para
superar los hechos que motivaron la situación de regularización. Entre tales
medidas deberán figurar una o alguna  de las siguientes, según la causa de
regularización: absorción de pérdidas contra cuentas patrimoniales;
reposiciones patrimoniales; reposición de los fondos de encaje legal;
aplicación de un programa para la venta de activos improductivos;
presentación de un plan de reducción de gastos administrativos; remoción de
administradores, directores y órganos  internos de control, si corresponde;
implementación de un programa de venta, fusión o ampliación de capital que
deberá contar con la oportuna autorización de la Junta Monetaria;
constitución en forma de depósito en el Banco Central de todo incremento
de captaciones, así como de los recursos provenientes de la recuperación de
créditos  tanto por concepto de capital, como de intereses, y la recuperación
de otros activos hasta tanto hayan cumplido con la reposición de los fondos
de encaje legal; suspensión de determinadas operaciones activas,
contingentes y de servicios; compromiso de no celebrar nuevos contratos de
servicios, o renovación de los existentes; realización de auditorías externas
especiales, en los términos que autorice la Superintendencia de Bancos;
suspensión de toda inversión proyectada en entidades de servicios
financieros, o venta de las existentes; compromiso de no sustituir garantías o
liberarlas en perjuicio de la entidad; suspensión de apertura de sucursales,
agencias y oficinas de representación; aplicación de un programa de
reestructuración de pasivos; aplicación  de un programa de recuperación de
cartera de créditos y ventas de activos. El plan de regularización establecerá
las condiciones, procedimientos, metas e indicadores de medición para
verificar su adecuado cumplimiento y contendrá, necesariamente, un
compromiso de información constante  de los órganos de control de la
entidad a la Superintendencia de Bancos, en relación con la evolución de la
entidad, pronunciándose sobre la situación  de la misma y el estado de las
causas que lo motivaron.
SECCIÓN VIII
DE LA DISOLUCIÓN
Artículo 62. Causas. Las entidades de intermediación financiera se extinguirán
conforme al procedimiento de disolución establecido en esta Sección y al Reglamento que
se dicte para su desarrollo, en base a las causas siguientes: 
a) Entrada en un estado de cesación de pagos por incumplimiento de
obligaciones líquidas, vencidas y exigibles, incluyendo  las ejecutables a
través de la Cámara de Compensación.
b) La insuficiencia mayor al cincuenta por ciento (50%) del coeficiente de
solvencia vigente al momento.
c) La no presentación o el rechazo  del plan de regularización por la
Superintendencia de Bancos.
d) La realización de operaciones, durante la  ejecución del plan de
regularización, que lo hagan inviable.
e) Cuando al vencimiento del plazo del plan de regularización no   se hubiesen
subsanado las causas que le dieron origen.
f) La revocación de la autorización para operar impuesta como sanción.
Artículo 63. Procedimiento de Disolución.
a)  Inicio. La Junta Monetaria, a propuesta de la Superintendencia de Bancos,
mediando las causas de disolución previstas en esta Ley, reuniéndose tras
convocatoria de urgencia dentro un plazo improrrogable de veinticuatro (24)
horas, contado a partir del momento de  la convocatoria, decidirá sobre la
disolución que será ejecutada por la Superintendencia de Bancos. La
Resolución de la Junta Monetaria por  la que se autorice el inicio del
procedimiento de disolución indicará las causas por las que procede,
supondrá la automática revocación de la autorización de funcionamiento, si
tal revocación no fuere la causa de inicio del procedimiento, y se notificará
al consejo de administración o directorio de la entidad de intermediación
financiera. Dictada la disposición de disolución, la entidad quedará en estado
de suspensión de operaciones.
b)  Ocupación y Suspensión de Actividades. La Superintendencia de Bancos
procederá de inmediato a la ocupación de todos los locales, libros,
documentos y registros de la entidad, bajo acto auténtico ante notario.  A
partir del momento en que se dicte la disposición de disolución quedan
interrumpidos los plazos de prescripciones, caducidad y otros, así como los
términos procesales en los juicios interpuestos para la  recuperación de la
cartera de créditos y los procesos ordinarios que hubieran podido emerger de
los mismos. Estos plazos automáticamente volverán a correr a partir del día
siguiente hábil en que se concluya el procedimiento de disolución, el cual se
deberá realizar en un breve plazo determinado reglamentariamente. Además,
quedarán suspendidos automáticamente los derechos de los accionistas y
demás acreedores de la misma con relación a la entidad en disolución y
cesarán en sus funciones los directores, órganos internos de control,
administradores, gerentes y apoderados generales de la entidad, quedando
también sin efecto, los poderes y facultades de administración otorgados,
con la consiguiente prohibición de realizar  actos de disposición o
administración de bienes o valores  de la entidad. Si tales actos de
administración o disposición se realizaren, serán nulos de pleno derecho. A
partir de la fecha de la resolución de disolución, la anotación o inscripción
en registros públicos de actos realizados por los directores, órganos internos
de control, administradores, gerentes y apoderados generales de la entidad
en disolución, requerirán, bajo pena de nulidad, autorización previa de la
Superintendencia de Bancos.
c)  Fijación de la Situación Patrimonial.  La Superintendencia de Bancos
procederá a registrar en los estados financieros de la entidad en disolución,
los castigos, reservas, provisiones y demás ajustes que siendo mandatorios
se encontraren pendientes a la fecha de la resolución de disolución. También
determinará las prestaciones laborales  de los empleados de la entidad, a
excepción de los directivos de la misma y elaborará una relación de activos
y pasivos a efectos de proceder a la exclusión de activos y depósitos en la
forma que reglamentariamente se determine.
d)  Exclusión de Activos. La Superintendencia de Bancos, que podrá contratar
a estos efectos la asistencia técnica  que precise con cargo a la entidad en
disolución, procederá sin dilación a excluir las obligaciones privilegiadas de
primer y segundo orden, registradas en los estados financieros de la entidad
en disolución, según lo señalado en el literal e) de este Artículo. También
excluirá los activos de la entidad por un importe equivalente a las
obligaciones privilegiadas de primer y segundo orden. Los activos se
excluirán de acuerdo a su valor en libros, netos de provisiones, reservas y
cualquier otro ajuste realizado de conformidad con el literal c) anterior. A
continuación formalizará la transferencia de las obligaciones privilegiadas
de primer orden a favor de una o varias  entidades de intermediación
financiera solventes, mediante procedimientos competitivos, las cuales
recibirán a cambio los activos excluidos y/o participaciones de primer orden,
mediante un mecanismo de titularización de aquellos activos que tendrán la
naturaleza de patrimonio autónomo inembargable, afecto al servicio de las
participaciones que emita. La administración de estos activos titularizados
implicará un balance y contabilidad separada, conforme se estipula en el
literal f) de este Artículo. La determinación de la(s) entidad(es) de
intermediación financiera adjudicataria(s) de los activos y obligaciones, así
como, en su caso, de la entidad titularizadora, se realizará mediante
procedimientos competitivos que aseguren la adecuada transparencia, todo
ello de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.
e) Criterios para la Exclusión de Pasivos. La exclusión de pasivos dentro del
procedimiento de disolución distinguirá entre obligaciones privilegiadas de
primer y segundo orden. Son de primer  orden: 1) Depósitos del sector
privado en cuenta corriente o a la vista, de ahorro y a plazo fijo, excluidas
las operaciones con otros intermediarios financieros y los depósitos de
vinculados; 2) Mandatos  en efectivo, incluyendo pre-pagos de comercio
exterior, recaudaciones y retenciones tributarias, giros, transferencias
mediante contratos legalmente suscritos, debidamente documentados y
registrados en los estados financieros de la entidad antes del inicio del
procedimiento de disolución siempre  y cuando el titular sea del sector
privado; 3) Depósitos judiciales; 4) Obligaciones laborales de la entidad en
disolución; y 5) El precio debido por la asistencia técnica a que se refiere el
literal anterior. Son de segundo orden:  1) Depósitos del sector público en
cuenta corriente o a la vista, de ahorro y a plazo fijo; 2) Obligaciones con el
Banco Central; 3) Obligaciones con entidades de intermediación financiera;
4) Obligaciones tributarias de la entidad en disolución.
f)  Estructuras de Titularización.  La Superintendencia de Bancos podrá
recurrir al régimen de titularización contemplado en la Ley de Mercado de
Valores, para implementar el procedimiento de disolución. La titularización
de los activos requerirá estructuras análogas a  fondos de inversión, que
emitirá participaciones que podrán ser  de varias categorías, confiriendo
distintos derechos a sus tenedores. Este mecanismo se ejecutará mediante un
contrato estándar elaborado por la Superintendencia de Bancos, que se
instrumentará notarialmente y tendrá por objeto la administración, en sus
términos más amplios, del patrimonio autónomo constituido por los activos
excluidos del balance de la entidad en disolución, para pagar las
participaciones que emita a través de dicho mecanismo. Los titulares de las
participaciones las reciben en contraprestación o bien por haber asumido las
obligaciones privilegiadas de primer  orden, o bien por ser titulares de
obligaciones privilegiadas de segundo orden. Los titulares de las
participaciones las podrán  enajenar y pignorar y realizar cualquier acto de
dominio sobre estas participaciones, sólo con otras entidades de
intermediación financiera y con el Fondo de  Contingencia. La emisión y
negociación de estas participaciones no se regirá por la legislación
reguladora del Mercado de Valores.  La remuneración de la entidad de
intermediación financiera que administre el mecanismo se determinará en el
contrato constitutivo del mismo y se hará efectiva con cargo al patrimonio
autónomo, con preferencia al pago de las participaciones. El administrador,
al término de su gestión emitirá un informe final a la Superintendencia de
Bancos que será debidamente auditado.
g)  Instrumentos de Facilitación. El Fondo de Contingencia creado en virtud
del Artículo 64 de esta Ley, facilitará el procedimiento de transferencia
directa de activos o de titularización de los mismos, mediante uno o una
combinación de los siguientes mecanismos, conforme la resolución de
disolución dictada por la Junta Monetaria: 1) En caso de transferencia
directa de los activos de la entidad  en disolución a favor de una o varias
entidades de intermediación financiera, se constituirá una garantía de hasta
el veinte por ciento (20%) del valor de los activos transferidos en función de
los recursos disponibles en dicho fondo; 2) En caso de titularización de los
activos se podrá realizar un aporte en efectivo o en bonos a la titularizadora
a cambio de una participación de segundo orden en el mismo; 3) Asimismo,
se podrán comprar las participaciones de primer orden a la entidad que las
reciba en contraprestación a los  depósitos asumidos. En todo caso la
contribución total del Fondo de Contingencia no podrá exceder del treinta
por ciento (30%) de las obligaciones privilegiadas de la entidad de
intermediación financiera en disolución y no podrá ser superior a lo que
supondría el pago en efectivo de la garantía de depósitos a los depositantes,
si tal pago fuere permitido. Las entidades públicas titulares de obligaciones
privilegiadas de segundo orden asumirán las participaciones de segundo
orden.
h)  Absorción del Impacto en Balance.  Para facilitar a la(s) entidad(es)
adquirente(s) en los procesos de disolución la absorción del impacto que
suponga la adquisición de activos  y la asunción de pasivos, la
Superintendencia de Bancos establecerá cronogramas de adecuación con la
aplicación de reglas especiales  de ponderación de riesgo para las
participaciones en las titularizadoras  y los activos transferidos. El Banco
Central adecuará también, mediante un calendario especial, los
requerimientos de encaje de la entidad que asuma los pasivos. Tales
cronogramas, reglas y calendarios no podrán exceder de un año desde la
fecha de la transferencia o asunción.
i)  Irreivindicabilidad.  Las transferencias de activos, pasivos y contingentes
de la entidad en disolución, en cualesquiera de sus formas, no requerirán del
consentimiento de los deudores, acreedores o cualesquiera titulares,
comportando transmisiones plenas e irreivindicables a todos los efectos
legales. Estas transferencias producen plenos efectos de transmisión de
obligaciones y derechos. Las disposiciones de la Superintendencia de
Bancos en relación con la transferencia de activos y obligaciones
privilegiadas de la entidad en disolución no requieren autorización judicial
alguna. Durante el procedimiento de disolución, no podrán  realizarse actos
de disposición tales como embargos o medidas precautorias de género
alguno sobre parte o la totalidad de los activos de la entidad en disolución.
Los documentos de transferencia de  activos, pasivos y contingentes, así
como de constitución de la titularizadora serán protocolizados ante notario
público.
Las transferencias de activos, pasivos o contingentes de la entidad en disolución,
están exentas del pago de impuestos, tasas, aranceles nacionales o municipales de cualquier
índole. Las transferencias de activos serán inscritas en los registros públicos
correspondientes de acuerdo a las normas legales vigentes, siendo suficiente para practicar
la inscripción o anotación la presentación de la resolución de la Superintendencia de
Bancos indicativa de la cesión. En caso de que la transferencia incluya bienes y garantías
sujetas a registro, las correspondientes inscripciones o anotaciones no alterarán la
preferencia original que correspondía al transferente. En estas inscripciones o anotaciones
se aplicará la tasa o arancel previsto para contratos sin cuantía.
j)  Balance Residual. Los activos y pasivos no incluidos en el procedimiento
de disolución, conformarán el balance  residual de la entidad en disolución
deducidos los gastos del procedimiento. Dicho balance residual será
remitido por la Superintendencia de Bancos a la Comisión de Liquidación
Administrativa, de conformidad con el procedimiento establecido en el
literal k) del presente Artículo, respetando las reglas de preferencia y
prelación del derecho común. Los titulares de obligaciones privilegiadas que
no hubieran sido satisfechos íntegramente en el procedimiento de disolución
tendrán la primera preferencia para el cobro, después de los trabajadores que
no hayan sido transferidos a las entidades adquirentes de activos o
participaciones. El Fondo de Contingencia gozará de la prelación inmediata
a la de los titulares de obligaciones privilegiadas no satisfechos íntegramente
en el procedimiento de disolución. La(s) entidad(es) adquirente(s) de activos
que aceptasen los trabajadores de la  entidad en disolución celebrarán con
ellos nuevos contratos laborales y no tendrán la consideración de sucesores
de empresa a efectos laborales. Una  vez se remita a la Comisión de
Liquidación Administrativa quedará  finalizado el procedimiento de
disolución.
k)  Reglamentación.  La Junta Monetaria reglamentará todo lo relativo a la
aplicación de los mecanismos de disolución previstos en los literales del
presente Artículo a las entidades de intermediación financiera de naturaleza
no accionaria, sin perjuicio de las disposiciones aplicables de sus leyes
especiales.
Artículo 64. Fondo de Contingencia.  El Banco Central creará un Fondo de
Contingencia con patrimonio separado que se  integrará por aportes obligatorios de las
entidades de intermediación financiera, y otras fuentes establecidas en la presente Ley, para
su uso exclusivo en el procedimiento de disolución definido en el Artículo 63 de la presente
Ley.
a)  Cálculo.  Tales aportes se calcularán sobre el total de las captaciones del
público a través de los instrumentos autorizados de cada entidad de
intermediación financiera. La tasa anual mínima de los aportes será del
punto uno por ciento (0.1%) pagadero trimestralmente. La Junta Monetaria
con el voto favorable de las tres cuartas (3/4) partes de sus miembros podrá
modificar dicha tasa en función de las necesidades del Fondo. Las entidades
aportantes no tendrán que contribuir  cuando los recursos disponibles del
mismo superen un monto igual al cinco por ciento (5%) del total de las
captaciones del público a través de los instrumentos autorizados del sistema,
debiendo restaurarse los aportes de los participantes si el nivel de recursos se
sitúa por debajo de este tope. Los aportes de cada  entidad se considerarán
gastos para éstas. El Banco Central debitará automáticamente el monto que
corresponda a los aportes en la cuenta corriente abierta por las entidades de
intermediación financiera en dicha entidad.
b)  Administración. El Banco Central administrará e invertirá los recursos del
Fondo en valores u operaciones financieras análogas a las realizadas en la
gestión de las reservas internacionales conforme a la política de inversiones
que a tal efecto dicte la Junta Monetaria. El rendimiento, una vez deducida
la comisión que perciba el Banco Central en su calidad de administrador, se
destinará a capitalizar el propio Fondo.  Los recursos del Fondo no podrán
ser embargados o sujetos a medidas precautorias, ni ser objeto de
compensación o transacción alguna no previsto en esta Ley.
Reglamentariamente se determinará el modo de funcionamiento del Fondo.
c)  Garantía de Depósitos.  Los depósitos del público en las entidades de
intermediación financiera estarán garantizados por los recursos disponibles
del Fondo, hasta una cuantía por depositante de quinientos mil pesos
(RD$500,000.00) y hasta el treinta por  ciento (30%) del total de las
obligaciones privilegiadas de la entidad de intermediación financiera en
disolución.  Reglamentariamente se fijarán los criterios para determinar la
garantía en casos de cuentas mancomunadas, solidarias, y en el caso de
depósitos que garanticen operaciones de comercio exterior. La garantía sólo
podrá hacerse efectiva a través de lo dispuesto en el Artículo 63 relativo al
procedimiento de disolución.
Artículo 65. Mecanismos Subsidiarios de Liquidación. 
a)  Liquidación Administrativa.  La Superintendencia de Bancos, en caso de
que haya resultado infructuoso el mecanismo de disolución  previsto en la
presente Ley y sólo como mecanismo subsidiario excepcional de última
instancia, solicitará a la Junta Monetaria, con causa debida y ampliamente
justificada, la designación de una Comisión de Liquidación Administrativa
conformada por tres (3) personas de  reconocida probidad  y experiencia en
materia financiera, contable y administrativa. Esta Comisión de Liquidación
Administrativa ordenará la suspensión de las operaciones de intermediación
financiera, pronunciará la liquidación  y lo notificará a los accionistas y
acreedores. La Comisión tomará posesión de los activos de la entidad, de sus
libros, papeles y archivos, cobrará todos los créditos y ejercerá los derechos
y reclamaciones que le correspondan. Asimismo atenderá el pago de las
obligaciones procediendo a la liquidación con la mayor rapidez, para lo cual
podrá enajenar los bienes muebles, inmuebles y demás activos de la entidad.
Esta Comisión de Liquidación Administrativa deberá ser conformada para la
liquidación forzosa del balance residual  a que se refiere el Artículo 63,
literal j) de esta Ley. Para la liquidación administrativa, se seguirán los
criterios de exclusión de activos y pasivos establecidos en el Artículo 63 en
lo que sea pertinente y aplicable conforme lo determine reglamentariamente
la Junta Monetaria.
b)  Liquidación Voluntaria.  La liquidación voluntaria de una entidad de
intermediación financiera sólo procederá después de que ésta haya devuelto
la totalidad de sus depósitos y otros pasivos exigibles, previo informe
favorable de la Superintendencia de Bancos y la correspondiente aprobación
de la Junta Monetaria, la cual conllevará a la revocación de la autorización.
Las liquidaciones voluntarias para las entidades de intermediación financiera
se regirán por las disposiciones del Reglamento a ser dictado por la Junta
Monetaria, por la normativa aplicable del derecho común de las sociedades
comerciales, por la preceptiva concerniente a las entidades no accionarias
conforme a sus Leyes especiales y por las decisiones de los asociados en las
asambleas respectivas. El Reglamento establecerá las disposiciones relativas
a la apertura y cierre de la liquidación, descripción del procedimiento
liquidador incluyendo sus plazos, los  poderes y responsabilidad de los
liquidadores, el status jurídico de la  sociedad durante dicho proceso, y el
régimen de incompatibilidades de los liquidadores.
SECCIÓN  IX
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 66. Extensión, Compatibilidad y Clasificación. 
a)  Extensión.  Las entidades de intermediación  financiera y quienes ostenten
cargos de administración o dirección  en las mismas, que infrinjan lo
dispuesto en la presente Ley o en los Reglamentos dictados para su
desarrollo, incurrirán en responsabilidad administrativa sancionable con
arreglo a lo dispuesto en esta Sección. La misma responsabilidad será
exigible a las personas físicas y  jurídicas que posean participaciones
significativas en el capital de las entidades de intermediación financiera y a
quienes ostenten cargos de administración o dirección en las personas
jurídicas que participen significativamente en el capital de dichas entidades
de intermediación financiera, siempre y cuando comprometan su
responsabilidad personal. El régimen previsto en esta Sección se aplicará
también en lo pertinente a las oficinas de representación, sucursales y filiales
de entidades extranjeras. Este régimen también se aplicará en lo pertinente a
quienes realicen materialmente actividades de intermediación financiera, sin
estar autorizados para ello de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
b)  Compatibilidad.  El ejercicio de la potestad  sancionadora administrativa
será independiente de la eventual concurrencia  de delitos o faltas de
naturaleza penal. Las sanciones administrativas no tendrán naturaleza
indemnizatoria ni compensatoria,  sino meramente punitiva, debiendo el
sancionado cumplir la sanción y además cumplir con las disposiciones cuya
infracción motivó la sanción. Si  un mismo hecho u omisión fuere
constitutivo de dos (2) o más infracciones administrativas, se tomará en
consideración la más grave, y si las dos (2) infracciones son igualmente
graves, la que conlleve una sanción de mayor valor pecuniario. A la persona
culpable de dos (2) o más infracciones administrativas, se le impondrán
todas las sanciones correspondientes a las diversas infracciones. Cuando, en
cualquier fase del procedimiento sancionador, los órganos competentes de la
Administración Monetaria y Financiera consideren que existen elementos de
juicio indicativos de la existencia de otra infracción administrativa para cuyo
conocimiento no sean competentes,  lo comunicarán a la instancia
administrativa que consideren competente. Cuando los hechos constituyan a
la vez infracciones administrativas e infracciones penales, sin perjuicio de
sancionar las infracciones administrativas, la Administración Monetaria y
Financiera iniciará la acción penal  con respecto a las infracciones penales
una vez finalizado el procedimiento sancionador administrativo. El ejercicio
de la acción por infracciones penales  no suspende los procedimientos de
aplicación y cumplimiento de las sanciones por infracción administrativa a
que pudiere dar lugar en virtud de la presente Ley. Asimismo, lo que se
resuelva en uno de los procedimientos no producirá efecto alguno en el otro
ni tampoco respecto de la sanción  aplicada. Sin embargo, en ningún caso
podrá sancionarse a una misma persona dos (2) veces por un mismo hecho.
c)  Clasificación. Las infracciones se clasificarán en cuantitativas, es decir las
que involucran un monto de exceso o  faltante con respecto a lo requerido
legal o reglamentariamente y en cualitativas, es decir las que representan un
incumplimiento a disposiciones legales y reglamentarias y que no envuelven
monto alguno.
Artículo 67. Infracciones Cuantitativas.  Para los efectos de esta Ley se
considerarán infracciones cuantitativas aquellos incumplimientos que las entidades realicen
con respecto a las Normas Prudenciales de Adecuación de Capital, Normas de Evaluación
de Activos y Provisiones y Disposiciones sobre Encaje Legal. 
a)  Infracciones por Incumplimiento a las Normas Prudenciales de
Adecuación de Capital.  Las entidades que incumplan con los límites e
índices establecidos en el Artículo  41; Artículo 45, literal e); Artículo 46,
literales c) y e); Artículo 47, literales a) y b); y Artículo 48, deberán reponer
de inmediato el faltante de capital y serán objeto de una sanción pecuniaria
equivalente a un porcentaje del monto del capital no cubierto conforme lo
determine reglamentariamente la Junta Monetaria en base a un rango del
cinco (5%) al diez (10%) por ciento del importe del faltante de capital. En
caso de que no repongan inmediatamente el capital correspondiente, serán
objeto de una sanción equivalente al doble de la anterior.
b)  Infracciones por Incumplimiento a  las Normas de Evaluación de
Activos y Provisiones por Riesgo.  Las entidades que incumplan las
disposiciones contenidas en el Artículo 49 y su correspondiente Reglamento
en torno a la debida constitución de provisiones por riesgo, deberán
completar de inmediato el faltante de provisiones correspondiente y serán
objeto de una sanción pecuniaria equivalente al cien por ciento (100%) del
faltante. En caso de que no completen de inmediato el faltante de
provisiones correspondiente, serán objeto de una sanción equivalente al
doble de la anterior.
c)  Infracciones por Incumplimiento a las Disposiciones Sobre Encaje
Legal.  Las entidades de intermediación financiera que incumplan las
disposiciones de encaje legal conforme a lo establecido en el Artículo 26,
literal b) de esta Ley, serán objeto de la aplicación de una multa equivalente
a un décimo de uno por ciento por día sobre el monto de la deficiencia de
encaje legal. La Junta Monetaria reglamentará el régimen progresivo
sancionador, para los casos de reincidencia de las entidades en esta
infracción.
Artículo 68. Infracciones Cualitativas.  Para los efectos de esta Ley las
infracciones cualitativas  se clasifican en muy graves, graves y leves según, se tipifica a
continuación:
a)  Infracciones Muy Graves. Son infracciones muy graves las siguientes: 
1) Realizar actividades de intermediación financiera sin contar con la
autorización de la Junta Monetaria o sin observar las condiciones
establecidas en la correspondiente autorización.
2) Ejecutar operaciones de fusión, absorción, conversión, escisión y
segregación que afecten a entidades de intermediación financiera, sin
contar con la autorización de la Junta Monetaria.
3) Resistir o negarse a la inspección de la Administración Monetaria y
Financiera y demostrar falta de  colaboración en la realización de
tareas de inspección que se ejecuten de conformidad con las
disposiciones reglamentarias.
4) Realizar operaciones prohibidas  en virtud de la presente Ley o que
no estén dentro del objeto social de la entidad o la captación de
recursos en forma no autorizada al tipo de entidad de intermediación
financiera.
5) Realizar actos fraudulentos o utilizar personas físicas o jurídicas
interpuestas con la finalidad de  realizar operaciones prohibidas o
para eludir las normas imperativas de la Ley o los Reglamentos o
para conseguir un resultado cuya  obtención directa por la entidad
implicaría como mínimo la comisión de una infracción grave.
6) No observar la reglamentación establecida para el registro contable
de las operaciones que conlleven  irregularidades esenciales que
impidan conocer la situación patrimonial y financiera de la entidad
de intermediación financiera.
7) Poner en peligro los depósitos de la entidad, mediante gestiones
inapropiadas según las buenas prácticas bancarias.
8) Denegar sin justa causa legal  o contractual el reembolso de
depósitos.
9) Ser condenado penalmente por  sentencia judicial definitiva e
irrevocable, por infringir la Ley  de Prevención sobre Lavado de
Activos.
10) La falta de adaptación o adecuación de las entidades de
intermediación financiera en los plazos transitorios establecidos
legalmente.
11) Incumplir la obligación de  poner en conocimiento de la
Superintendencia de Bancos la existencia de causa de supervisión en
base consolidada.
12) Realizar actos de disposición y administración de bienes y valores de
una entidad sujeta al procedimiento de disolución una vez iniciado el
mismo.
13) Infringir la obligación de secreto bancario en los términos
establecidos en el Artículo 56, literal b) de esta Ley.
14) Servir como intermediario a entidades no autorizadas para realizar
intermediación financiera.
15) Distribuir dividendos en violación a la presente Ley, así como
reservas expresas u ocultas.
16) Incumplir la obligación de someter sus operaciones anuales a una
auditoría externa por una firma debidamente registrada en la
Superintendencia de Bancos.
17) No comunicar a la Superintendencia de Bancos la existencia  de una
causa de regularización.
18) Cometer dos (2) infracciones graves durante un período de  tres (3)
años.
19) Incumplir la aplicación de una sanción por infracción grave.
b)  Infracciones Graves. Son infracciones graves las siguientes:
1) Infringir el deber de información debida a los socios, depositantes y
demás acreedores de la entidad,  cuando tenga por objeto ocultar
problemas de liquidez o solvencia.
2) La realización de prácticas financieras bancarias abusivas con los
clientes y la infracción de los deberes de transparencia con el
público.
3) La falta de información a la Superintendencia de Bancos o al Banco
Central cuando ésta sea legal o  reglamentariamente mandatoria,
salvo que ello constituya una infracción muy grave.
4) Ejercer influencia sobre la entidad por el titular de una participación
significativa o por quien directa o  indirectamente tenga su control
efectivo que ponga en peligro la gestión prudente de la misma.
5) Modificar los Estatutos Sociales sin previa autorización de la
Superintendencia de Bancos.
6) La infracción a las normas en materia de prevención sobre lavado de
activos.
7) La realización de publicidad engañosa para la captación de clientes o
de competencia desleal.
8) Incumplir con la publicación o la remisión de los estados financieros
auditados.
9) La infracción a los requerimientos mínimos que se establezcan
reglamentariamente para el desarrollo de lo dispuesto en el Artículo
55 de esta Ley.
10) Infringir las normas sobre el horario mínimo de atención al público.
11) Incumplir la aplicación de una sanción por infracción leve.
12) La comisión de tres (3) o más infracciones leves durante un plazo de
dos (2) años.
13) La realización de préstamos hipotecarios a la vivienda sin la
obtención del Seguro de Fomento  de Hipotecas Aseguradas (FHA)
que exige el Banco Nacional de  la Vivienda o su continuador
jurídico.
14) El atraso en el pago de la prima del Seguro de Fomento de Hipotecas
Aseguradas (FHA) y del Costo del  Estudio de Configuración de la
Garantía (CECG).
c)  Infracciones Leves. Constituyen infracciones leves las siguientes:
1) La modificación no autorizada del horario de atención al público
cuando no constituya infracción grave.
2) El incumplimiento del deber de veracidad informativa a sus socios,
depositantes y demás acreedores, cuando no constituya infracción
grave.
3) Presentar retrasos en la remisión de los documentos e informaciones
que deban remitirse periódica u ocasionalmente a los entes de la
Administración Monetaria y Financiera.
4) Aquellas infracciones de preceptos de obligada observancia que no
constituyan infracciones graves o muy graves o infracciones
cuantitativas de conformidad con lo dispuesto en los literales
anteriores de este Artículo.
Artículo 69. Prescripción de Infracciones. Las infracciones cuantitativas y las
infracciones muy graves prescriben a los cinco (5) años, las graves a los tres (3) años y las
leves al año desde su comisión. Cuando la comisión de la infracción hubiere sido
continuada se contará el plazo de prescripción desde la finalización de la actividad o desde
el último acto realizado que consume la infracción. La prescripción se interrumpe por la
iniciación del procedimiento sancionador.
Artículo 70. Cuantificación y Aplicación de Sanciones.
a)  Cuantificación de Sanciones. Las sanciones a aplicar por la comisión de las
infracciones establecidas por la presente Ley son las siguientes: 
1)  Infracciones Muy Graves. La comisión de infracciones muy graves
dará lugar a una de las siguientes sanciones: i) Multa por importe de
hasta diez millones de pesos (RD$10,000,000.00) o; ii) Revocación
de la autorización para operar como entidad de intermediación
financiera o como sucursal, filial u oficina de representación según el
Artículo 39 de esta Ley. Las personas que cometan la infracción
establecida en el Artículo 68, literal a), numeral 1), en adición a la
multa administrativa establecida en este numeral, serán sancionadas
con la clausura del establecimiento.
2)  Infracciones Graves. La comisión de infracciones graves dará lugar
a una sanción de amonestación por parte de la Superintendencia de
Bancos, y a una multa de hasta  dos millones quinientos mil pesos
(RD$2,500,000.00).
3)  Infracciones Leves. La comisión de infracciones leves dará lugar a
una multa de hasta quinientos mil pesos (RD$500,000.00). En el
caso de las infracciones por no envío o retraso de informaciones al
Banco Central  y la Superintendencia de Bancos, la persona de que
se trate será objeto de una sanción pecuniaria que estará en función
de sus activos netos en la forma que lo determine
reglamentariamente la Junta Monetaria, sin que en ningún caso
pueda ser mayor dicho monto fijado por Reglamento al monto a que
se refiere este numeral.
b)  Aplicación de Sanciones. La ejecución de sanciones pecuniarias se
practicará mediante el cargo, cuando proceda, en las cuentas abiertas por la
entidad en el Banco Central. Si no fuera posible se utilizará el procedimiento
de apremio establecido en el Código Tributario.
Artículo 71. Graduación. Las sanciones aplicables a las entidades por cada tipo de
infracción se graduarán proporcionalmente atendiendo a la naturaleza y entidad de la
infracción, la gravedad del peligro ocasionado o el perjuicio causado, las ganancias
obtenidas, las consecuencias desfavorables para  el sistema financiero, la circunstancia de
haber procedido o no a la subsanación sin necesidad de previo requerimiento por la
Administración Monetaria y Financiera, las dificultades  objetivas que pudieron haber
concurrido y la conducta anterior de la entidad. En el caso de las sanciones establecidas en
el Artículo 70 de esta Ley, se tendrán en cuenta, el grado de responsabilidad en los hechos
que concurra en el interesado, la conducta anterior del mismo, tomando en consideración si
es o no la primera vez que se le sanciona, y el grado de control que tuviere dentro de la
entidad para adoptar las decisiones, si su conducta fue dolosa o negligente.
Artículo 72. Procedimiento Sancionador Administrativo. Reglamentariamente se
establecerá un procedimiento sancionador basado en los principios establecidos en el
presente Artículo y en el Artículo 4 de esta Ley. El procedimiento se iniciará por
disposición de la  Superintendencia de Bancos o del Banco Central, según  corresponda, en
caso de infracciones a las normas vigentes. La tramitación del procedimiento sancionador
se llevará a cabo por un funcionario instructor designado por la Superintendencia de
Bancos o por el Banco Central, según sea el caso. Se formulará un pliego inicial de cargos
que se notificará a la entidad y a las personas presuntamente responsables de la infracción.
Practicadas las pruebas necesarias para esclarecer todas las circunstancias que rodearon la
infracción, la propuesta del instructor con las pruebas pertinentes será notificada a la
entidad y personas afectadas, para que en un plazo que nunca podrá ser inferior a quince
(15) días, aleguen lo pertinente en su descargo y todo ello se pasará a informe del Consultor
Jurídico del Organismo correspondiente, quien elevará la propuesta y su informe al
Gobernador del Banco Central o al Superintendente de Bancos para su decisión, salvo que
la propuesta sea la revocación de la autorización en cuyo caso corresponderá la decisión a
la Junta Monetaria.
TÍTULO IV 
DISPOSICIONES ADICIONALES, FINALES,
 TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS
SECCIÓN I
DISPOSICIONES ADICIONALES
Artículo 73. De las Entidades Públicas de Intermediación Financiera.  A los
fines de esta Ley se entiende por Entidades Públicas de Intermediación Financiera, aquellas
que realicen intermediación financiera y cuyo accionista mayoritario sea el Estado. La
regulación y supervisión de estas Entidades  Públicas de Intermediación Financiera se
llevará a cabo por la Administración Monetaria y Financiera. Tales entidades quedarán
sujetas a la aplicación de esta Ley y sus respectivas leyes orgánicas en aquellos asuntos
propios de su naturaleza pública y, en lo que sea  pertinente, a las operaciones y normas
aplicables a los Bancos Múltiples y a las Entidades de Crédito. La Junta Monetaria dictará
un régimen transitorio para estas entidades mediante Reglamento al efecto, el cual
establecerá los aspectos de esta Ley aplicables a dichas instituciones. Las Entidades
Públicas de Intermediación Financiera podrán acceder a las facilidades del Banco Central
en su condición de prestamista de última instancia, con base a las mismas reglas aplicables
a las entidades de intermediación financiera  privadas, una vez se encuentren cumpliendo
con el régimen transitorio que le establezca la Junta Monetaria. Se exceptúa de la
aplicación de este Artículo al Banco Nacional de la Vivienda creado al amparo de la Ley
5894 de fecha 12 de mayo del 1962.
Artículo 74. Del Banco Nacional de la Vivienda.  A partir de la entrada en vigor
de la presente Ley, el Banco Nacional de la Vivienda, como entidad financiera de segundo
piso, se dedicará a la promoción de un mercado secundario de hipotecas y a la colocación y
facilitación de recursos para los sectores productivos. A tal efecto, el Banco Nacional de la
Vivienda ampliará sus funciones de asegurador a través de  la prestación del servicio de
cobertura del Seguro de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) a todas las entidades de
intermediación financiera que concedan préstamos hipotecarios para la vivienda, pudiendo
fungir como titularizador de las mismas. Adicionalmente, el Banco Nacional de la
Vivienda, en coordinación con las demás dependencias gubernamentales del sector de la
vivienda, fungirá como una de  las entidades responsables de  la ejecución de la política
financiera-habitacional del Estado. El Gobierno y el Banco  Central, a modo de aporte
inicial para la consolidación del Banco Nacional de la Vivienda como entidad de segundo
piso, le traspasarán a esta entidad la cartera de préstamos y demás activos del Departamento
de Financiamiento de Proyectos del Banco Central (DEFINPRO), así como otros activos
productivos de rentabilidad compensatoria.
a)  A partir de la promulgación de la presente Ley  el Departamento de
Financiamiento de Proyectos del Banco Central (DEFINPRO), así como su
cartera de préstamos y demás activos pasan al Banco Nacional de la
Vivienda (BNV), entre otros Activos Productivos de Rentabilidad
Compensatoria otorgados por el Gobierno y el Banco Central.  Tendrá las
mismas prerrogativas que posee en la actualidad, manteniendo su estructura
como ente multisectorial de fomento del desarrollo.
b)  Traspaso de Funciones. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley,
el Banco Nacional de la Vivienda cesará en sus funciones de regulador y
supervisor de las Asociaciones de Ahorros y Préstamos, en virtud de que
dichas entidades estarán bajo la regulación y supervisión exclusiva de la
Administración Monetaria y Financiera. De igual modo, el Banco Nacional
de la Vivienda cesará en sus funciones de asegurador de las cuentas de
ahorro de las Asociaciones de Ahorros y Préstamos. A tales fines el Banco
Central recibirá dicho fondo de seguro de depósitos, con todos los derechos
y obligaciones que generó el mismo mientras el Banco Nacional de la
Vivienda ejerció sus funciones de regulador y supervisor del sistema de
ahorros y préstamos.
c)  Fomento de Hipotecas Aseguradas. A los fines de que el Banco Nacional
de la Vivienda pueda ejercer las funciones de asegurador de hipotecas, su
Consejo de Administración determinará los aspectos operativos del Seguro
de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA). Corresponde a la
Superintendencia de Bancos verificar que se cumplan los requerimientos por
parte de las entidades de intermediación financiera para la obtención del
Seguro de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) para los préstamos a la
vivienda, debiendo informar periódicamente al Banco Nacional de la
Vivienda.  
Artículo 75. De las Asociaciones de Ahorros y Préstamos. Salvo por lo dispuesto
más adelante, las Asociaciones de Ahorros y  Préstamos, permanecerán con su naturaleza
mutualista.  Dichas entidades estarán bajo  la regulación y supervisión exclusiva de la
Administración Monetaria y Financiera y podrán realizar las siguientes operaciones:
a) Recibir depósitos de ahorro y a plazo, en moneda nacional.
b) Recibir préstamos de instituciones financieras.
c) Conceder préstamos en moneda  nacional, con garantía hipotecaria
destinados a la construcción, adquisición y remodelación de viviendas
familiares y refinanciamientos de deudas hipotecarias, así como conceder
préstamos a otros sectores de la economía nacional con o sin garantía real y
líneas de crédito, conforme lo determine reglamentariamente la Junta
Monetaria.
d) Emitir títulos-valores.
e) Descontar letras de cambio, libranzas, pagarés y otros documentos
comerciales que representen medios de pago.
f) Adquirir, ceder o transferir efectos de comercio, títulos-valores y otros
instrumentos representativos de obligaciones, así como celebrar contratos de
retroventa sobre los mismos.
g) Emitir tarjetas de crédito, débito y cargo conforme a las disposiciones
legales que rijan en la materia.
h) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos.
i) Aceptar letras giradas a plazo que provengan de operaciones de comercio de
bienes o servicios en moneda nacional.
j) Realizar contratos de derivados  de cualquier modalidad, en moneda
nacional.
k) Servir de agente financiero de terceros.
l) Recibir valores y efectos en custodia y ofrecer el servicio de cajas de
seguridad.
m) Realizar operaciones de arrendamiento financiero, descuento de facturas,
administración de cajeros automáticos.
n) Asumir obligaciones pecuniarias, otorgar avales y fianzas en garantía del
cumplimiento de obligaciones determinadas de sus clientes, en moneda
nacional.
o) Proveer servicios de asesoría a proyectos de inversión.
p) Otorgar asistencia técnica para  estudios de factibilidad económica,
administrativa, y de organización y administración de empresas.
q) Realizar operaciones de compra-venta de divisas.
r) Contraer obligaciones en el exterior y conceder préstamos en moneda
extranjera, previa autorización de la Junta Monetaria.
s) Asegurar los préstamos hipotecarios a la vivienda con el Seguro de Fomento
de Hipotecas Aseguradas (FHA) que  expide el Banco Nacional de la
Vivienda o su continuador jurídico, conforme lo determine
reglamentariamente la Junta Monetaria.
t) Servir como originador o titularizador de carteras de tarjetas de crédito y
préstamos  hipotecarios en proceso de titularización.
u) Fungir como administrador de cartera titularizada por cuenta de emisores de
títulos de origen nacional.
v) Realizar otras operaciones y servicios que demanden las nuevas prácticas
bancarias en la forma que reglamentariamente se determine. La Junta
Monetaria gozará de potestad reglamentaria interpretativa para determinar la
naturaleza de nuevos  instrumentos u operaciones que surjan como
consecuencia de nuevas prácticas y  que puedan ser realizados por las
asociaciones de ahorros y préstamos.
La Junta Monetaria podrá ampliar las operaciones que realizan las Asociaciones de
Ahorros y Préstamos.  Asimismo, transcurrido un año después de la promulgación de esta
Ley, la Junta Monetaria podrá autorizar la conversión de estas instituciones en el tipo de
entidades de intermediación financieras previstas en el Artículo 34, siempre y cuando se
garantice un tratamiento homogéneo con estas entidades, incluyendo los aspectos fiscales. 
La Junta Monetaria dictará los mecanismos de conversión. 
Artículo 76. Disposición General.  Las cooperativas quedan  exceptuadas de las
disposiciones contenidas en esta Ley, en virtud de que éstas son regidas por sus propias
leyes especiales, tales como la 127, sobre Asociaciones Cooperativas, del 27 de enero de
1964, y la 31 que crea el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) como
ente estatal regulador.
Artículo 77. Tribunal Contencioso-Administrativo de lo Monetario y
Financiero. El Tribunal Contencioso-Administrativo de lo Monetario y Financiero tendrá
su asiento en Santo Domingo y se compondrá de un (1) Juez Presidente, un (1) Juez
Vicepresidente y tres (3) Jueces, todos elegidos de acuerdo a la Constitución de la
República. El Tribunal sólo conocerá de  los recursos contencioso-administrativo
interpuestos frente a los actos y resoluciones dictados por la Junta Monetaria, bien sea  en
sede de reconsideración o cuando resuelva recursos jerárquicos. Para ser Juez de dicho
Tribunal se requiere ser dominicano en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos,
haber cumplido 35 años, ser doctor o licenciado en derecho y tener conocimientos y
experiencia en materia administrativa, financiera y monetaria.
La Administración Monetaria  y Financiera estará  representada en dicho Tribunal
por un Procurador General Monetario y Financiero designado por el Poder Ejecutivo y
tendrá que reunir las mismas condiciones que se exigen en la presente Ley para los jueces
del Tribunal. Al Procurador General Monetario y Financiero  se le comunicarán todos los
expedientes de los asuntos que conozca el Tribunal y su dictamen escrito será indispensable
antes de que el Tribunal decida cualquier asunto sometido a su conocimiento. Este
funcionario estará obligado a emitir su dictamen en un plazo máximo de sesenta (60) días
contados a partir de la fecha en que se le comunique un expediente, pudiendo solicitar una
única prórroga de 45 días.  Si transcurridos los plazos indicados, el Procurador no hubiese
emitido su dictamen, el tribunal podrá fallar el asunto sin tomar en cuenta este dictamen. La
remuneración del Procurador estará a cargo del Poder Ejecutivo.
El funcionamiento del Tribunal y su procedimiento se regirán por la Ley 1494, de
fecha 1 de Octubre de 1947, y por los  Artículos 148, 149, 151, 152 y 154 del Código
Tributario, en los aspectos no establecidos y en lo que no contradiga la presente Ley.
Mientras no inicie sus operaciones el Tribunal Contencioso-Administrativo de lo Monetario
y Financiero no serán recurribles los actos de la Junta Monetaria. Las sentencias que dicte
el Tribunal sólo serán recurribles en casación ante la Suprema Corte de Justicia.
Artículo 78. Representación Ante Otros Organismos. A partir de la entrada en
vigor de la presente Ley, ni  el Banco Central ni su Gobernador ni sus funcionarios en
representación del Banco, podrán formar parte de los Consejos Directivos de  instituciones
públicas o privadas, nacionales o extranjeras,  salvo lo dispuesto en esta Ley y en Leyes
especiales en relación al Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y sus filiales, al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) y sus filiales, al Consejo Nacional  de Valores (CNV), al Consejo Nacional de
Seguridad Social (CNSS), a la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión
de la Seguridad Social, al Consejo Nacional de Negociaciones Comerciales (CNNC) y a
aquellos organismos internacionales de los cuales el Banco Central forma parte. 
El Poder Ejecutivo deberá designar por Decreto las instituciones y funcionarios que
sustituirán al Banco Central en los Consejos de Directores de aquellos organismos públicos
en los que cesará la participación del Banco, tan pronto entre en vigor la presente Ley.
El Secretario Técnico de la Presidencia será Gobernador Alterno Temporal ante el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y sus respectivas filiales.
Artículo 79. Normas Especiales. 
a)  No Discriminación Extraregulatoria.  No podrán existir privilegios
procesales ni beneficios de cualquier clase basados exclusivamente en la
naturaleza jurídica de las entidades  que realicen legal y habitualmente
actividades de intermediación financiera. Las discriminaciones
extraregulatorias serán determinadas en atención a la tipología de
instrumentos financieros. En consecuencia, a partir de la entrada en vigor de
esta Ley será de aplicación a todas  las entidades que realicen legal y
habitualmente dichas actividades, el  procedimiento abreviado de embargo
inmobiliario previsto en los Artículos 148 y siguientes de la Ley de Fomento
Agrícola.
b)  Medios de Prueba.  Serán admisibles como medios de prueba en materia
bancaria las copias fotostáticas certificadas por la Superintendencia de
Bancos, para lo cual se cumplirán las disposiciones del Artículo 55, de la
Ley 834, que modifica el Código de  Procedimiento Civil. La Junta
Monetaria determinará los requisitos obligatorios que deben exigirse para la
admisión de pruebas por medios electrónicos en materia bancaria y para las
operaciones con tarjetas de débito y de crédito, así como con cualquier otro
instrumento de pago cualesquiera que sea su base material o electrónica.
c)  Retiro de Fondos por Sucesores Legales. La Junta Monetaria determinará
el procedimiento y los requisitos para el retiro de fondos por los sucesores
legales en las entidades de intermediación financiera, en caso de declaración
de ausencia o fallecimiento de su titular.
d)  Actualización de Valores. Para mantener actualizados los valores
pecuniarios absolutos previstos en la presente Ley, la Junta Monetaria podrá
autorizar anualmente ajustes por inflación de tales valores. Asimismo, podrá
hacer ajustes por inflación  para actualizar la sanción correspondiente a la
infracción a que se refiere el Artículo 67, literal c) de la presente Ley.
e)  Derecho de Verificación y Recopilación de Información Estadística.  Si
una persona física o jurídica privada incumple las exigencias de información
estadística estipuladas en la presente Ley, o entrega información parcial o
inexacta, el Banco Central tendrá el derecho de verificar la exactitud y
calidad de la información estadística, así como llevar a cabo su recopilación
forzosa. El derecho a la verificación de la información estadística o a
realizar su recopilación forzosa incluirá la facultad de exigir la presentación
de documentos, examinar los libros y  registros de las personas sujetas a  
verificación o recopilación forzosa, obtener copias o extractos de sus libros o
registros y solicitar explicaciones escritas u orales. La obligación de permitir
al Banco Central la verificación de la exactitud y calidad de la información
facilitada se infringirá siempre que la persona obstruya dicha actividad.
Cuando una persona se oponga u obstruya  el proceso de verificación o la
recopilación forzosa de la información solicitada, el Ministerio Público
deberá facilitar el auxilio de la fuerza pública para permitir el acceso al local
de la fuente, por parte del Banco Central. La obstrucción se presume cuando
la persona haga desaparecer documentos o cuando se impida el acceso de los
funcionarios del Banco Central. El Banco Central está facultado para
imponer una sanción de las correspondientes a las faltas muy graves
conforme a esta Ley, en los casos en que el Banco no reciba la información
estadística en el plazo concedido a la entidad, la información estadística sea
incorrecta, incompleta o suministrada en forma diferente de la solicitada, o
la entidad obstruya la verificación o recopilación forzosa. El Banco Central
adoptará por Reglamento las condiciones bajo las cuales pueden ejercitarse
los derechos de verificación y de recopilación forzosa, así como la
gradualidad en la imposición de las sanciones. La información estadística
tendrá el carácter de confidencial cuando permita identificar a las personas
informadoras o a cualquier otra persona, ya sea directamente, a través de su
denominación, dirección o Registro Nacional de Contribuyentes, cédula de
identidad y electoral, o bien indirectamente por deducción, proporcionando
así acceso al conocimiento de la información individual. Esta información
sólo pierde su carácter confidencial cuando se cuente con autorización
expresa y por escrito de la persona sujeta a la entrega de información. La
información entregada, verificada o recopilada forzosamente será utilizada
exclusivamente para la realización de las funciones del Banco Central, en
especial para la elaboración de estadísticas nacionales y de balanza de pagos,
pudiendo ser facilitada a órganos de investigación científica siempre que no
permita una identificación directa de la persona. El derecho de verificación y
recopilación forzosa regulado en el presente Artículo podrá ser ejercido por
la Superintendencia de Bancos en  el cumplimiento de su potestad de
supervisión en base consolidad.
f)  Límite Conjunto:  La cuota a pagar por las entidades de intermediación
financiera a la Superintendencia de  Bancos por concepto de supervisión y
los aportes que dichas entidades deberán pagar al Fondo de Contingencia en
virtud de lo establecido en los Artículos 20 literal d) y 64 literal a),
respectivamente, no podrán en ningún caso exceder de manera conjunta del
punto veinticinco por ciento (0.25%) del total de activos de las mismas.
g)  Remoción de las Autoridades.  A partir del 17 de agosto del 2004 las
disposiciones de la Ley 277 del 29 de junio de 1966 no serán aplicadas para
los casos de los miembros de la Junta Monetaria designados por tiempo
determinado, el Gobernador del Banco Central y el Superintendente de
Bancos, los cuales gozarán del estatuto consagrado en la presente Ley.
Artículo 80. Normas Penales.  Serán condenadas por los tribunales penales
competentes de la República con multas de quinientos mil pesos (RD$500,000.00) a dos
millones quinientos mil pesos (RD$2,500,000.00) y penas de tres (3) a diez (10) años de
prisión, las personas que cometan las infracciones que se detallan a continuación:
a) Las autoridades, funcionarios y personal de la Administración Monetaria y
Financiera, y los funcionarios, empleados, accionistas, directores,
administradores y funcionarios de las entidades de intermediación financiera
y demás entidades sujetas a regulación  en virtud de la presente Ley, así
como cualquier persona física o jurídica, que conscientemente difundan por
cualquier medio falsos rumores u organicen campañas difamatorias relativas
a la liquidez o solvencia de una o varias entidades de intermediación
financiera y la estabilidad del mercado cambiario.
b) Las autoridades, los funcionarios y el personal de la Administración
Monetaria y Financiera que divulgaren o revelaren cualquier información de
carácter reservado o confidencial sobre las operaciones de la Administración
Monetaria y Financiera o sobre los  asuntos comunicados a ésta, o se
aprovecharen de tales informaciones  para su lucro personal, no estando
comprendidos dentro de estas infracciones los intercambios de
informaciones a los cuales está obligada la Administración Monetaria y
Financiera en virtud de esta Ley y otras disposiciones legales vigentes al
momento de la entrada en vigor de la presente Ley.
c) Los que infrinjan las disposiciones del Artículo 25, literal d), de la presente
Ley, los que se asocien con ellos directa o indirectamente, y los que
rehusaren recibir los billetes y las monedas nacionales por su valor facial.
d) Los miembros del Consejo de Directores, funcionarios, auditores y
empleados de las entidades de intermediación financiera que alteren,
desfiguren u oculten datos o antecedentes, libros, estados de cuentas,
correspondencias u otros documentos o que consientan la realización de
estos actos y omisiones con el fin de obstaculizar, dificultar, desviar o evadir
la fiscalización que corresponda efectuar a la Superintendencia de Bancos.
e) Los miembros del Consejo de Directores, funcionarios, auditores y
empleados  de las entidades de intermediación financiera que a sabiendas
hubieren elaborado, aprobado o presentado un balance o estado financiero
adulterado o falso, o que hubieren ejecutado o aprobado operaciones para
encubrir la situación de la institución.
f) Los accionistas, directores, gerentes, funcionarios y empleados de una
entidad de intermediación financiera  que sea sometida al procedimiento de
disolución, en los casos siguientes:
1) Si hubieren reconocido deudas inexistentes con el fin de vaciar
patrimonialmente la entidad.
2) Si hubieren simulado enajenaciones, en perjuicio de los depositantes
y otros acreedores.
3) Si hubieren comprometido en sus  negocios los bienes recibidos en
calidad de depósito en  virtud de un mandato legal, conforme a las
normas establecidas.
4) Si conociendo la resolución de  disolución de la entidad, hubieren
realizado algún acto de administración o disposición de bienes.
5) Si dentro de los treinta (30)  días anteriores a la resolución de
disolución, hubieren pagado a un acreedor o depositante en perjuicio
de los demás, anticipándole el vencimiento de una obligación.
6) Si hubieren ocultado, alterado, falsificado o inutilizado los libros o
documentos de la entidad y los demás antecedentes justificativos de
los mismos.
7) Si dentro de los sesenta (60)  días anteriores a la fecha de la
resolución de disolución, hubieren  pagado intereses en depósitos a
plazos o cuentas de ahorro a tasas considerablemente superiores al
promedio vigente en el mercado en instituciones similares, o
hubieren vendido bienes de sus activos a precios notoriamente
inferiores a los del mercado, sin la aprobación previa de la
Superintendencia de Bancos, o  empleando otros medios ruinosos
para proveerse de fondos.
8) Si hubieren formalizado contratos en perjuicio de la entidad de
intermediación financiera con personas vinculadas.
9) En general, siempre que hubieren ejecutado dolosamente una
operación que disminuya los activos o aumente los pasivos de la
entidad. Las enajenaciones, traspaso, establecimiento de gravámenes
y otras cesiones de derechos, realizados treinta (30) días antes del
sometimiento a los tribunales,  podrán ser impugnados y declarados
fraudulentos y en consecuencia serán nulos frente a los terceros.
SECCIÓN II
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 81. Plazo de Emisión de Reglamentos. La Junta Monetaria promulgará
los Reglamentos de aplicación de esta Ley en un plazo no superior a dieciocho (18) meses
desde la entrada en vigor de la misma. Los Reglamentos contendrán necesariamente una
tabla de derogaciones expresa y exhaustiva de las disposiciones anteriores que queden sin
efecto.
Artículo 82. Deudas y Déficit Operativos.  El Gobierno cubrirá íntegramente el
déficit acumulado del Banco Central,  las deudas del sector público con el Banco Central
existentes a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, y las pérdidas que se generen por la
aplicación del Artículo 84 de esta Ley,  ya sea mediante la cesión de bonos emitidos a estos
efectos en moneda nacional a un plazo no menor de cincuenta (50) años, mediante la cesión
de los fondos obtenidos por el Gobierno a través de financiamiento internacional de largo
plazo, o mediante una combinación de ambos. Para el caso de la emisión de un bono en
moneda nacional, la tasa de interés de referencia será de hasta dos por ciento (2%), y
comenzará a devengar dichos intereses transcurridos diez (10) años a partir de la fecha de
emisión. El Gobierno deberá entregar al Banco Central los bonos a que hace referencia este
Artículo dentro del plazo de un (1) año contado a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
Para tales fines el Banco Central, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación
de esta Ley,  deberá presentar un estudio al Poder Ejecutivo en el cual se detallen las
partidas a que hace referencia este Artículo. El Poder Ejecutivo emitirá dichos bonos
mediante Decreto. Estos Bonos sólo podrán ser usados para los fines citados en este
Artículo.
SECCIÓN III
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 83. Autoridades de la Administración Monetaria y Financiera.
a)  Entrada en Vigor. Las disposiciones contenidas en la presente Ley en
relación con la nueva composición, el mecanismo de designación de los
miembros de la Junta Monetaria,  capacidad, efectos de la remoción,
actividades e incompatibilidades de los mismos, designación del
Gobernador, Vicegobernador, Superintendente, Intendente, Contralores y
Gerentes de la Administración Monetaria y Financiera y el término de
duración en sus funciones, para los que aplique, entrarán en vigor el 17 de
agosto del 2004, continuando vigentes las disposiciones de la Ley 6142, del
29 de diciembre de 1962, sobre las materias antes señaladas hasta la
supraindicada fecha, las cuales quedan incorporadas por referencia a la
presente Ley siendo parte vinculante y  obligatoria de la misma, hasta la
fecha indicada en el presente literal.
b)  Designación de la Primera Junta Monetaria. Los primeros miembros por
tiempo determinado de la Junta Monetaria serán designados, a partir del 17
de agosto del 2004, conforme al procedimiento establecido  en el Artículo
11, literal a), de la presente Ley.
c)  Remoción, Renuncia o Muerte. En caso de remoción, renuncia o muerte de
cualesquiera de los funcionarios de  la Autoridad Monetaria y Financiera
designados antes del 17 de agosto del 2004, se procederá a la designación de
su sustituto de conformidad con los  procedimientos y en los términos
previstos en la Ley 277, de fecha 29 de junio del 1966, de aplicación a los
funcionarios designados por el Poder Ejecutivo.
d)  Normas Parlamentarias. Se mantendrá vigente hasta el 17 de agosto del
2004 el procedimiento relativo al quórum y la mayoría necesaria para la
toma de decisiones de la Junta Monetaria previsto en la Ley 6142, de fecha
29 de diciembre de 1962, el cual queda incorporado por referencia a la
presente Ley siendo parte vinculante y  obligatoria de la misma, hasta la
fecha indicada en el presente literal.
Artículo 84. Dependencias Desprendibles del Banco Central.
a)  Balance Separado. El Banco Central deberá conformar con los activos y
pasivos que tenga a la entrada en vigor de la presente Ley y que no estén
destinados al cumplimiento de su objeto conforme lo estipula esta Ley, un
balance separado del suyo propio, que  administrará para su completa
realización en un plazo no  superior a cuatro (4) años desde la entrada en
vigencia de esta Ley. Se excluyen de la presente disposición los activos en
proceso de realización al momento de la entrada en vigor de la presente Ley.
b) Traspaso. La Junta Monetaria determinará el procedimiento
correspondiente para llevar a cabo el traspaso de los activos y pasivos a que
se refiere el literal a) precedente. El Banco Central podrá utilizar técnicas de
mercado para la cesión, venta, traspaso y en general cualquier modo de
administración de dicho balance, siempre que sus procedimientos sean
transparentes y competitivos. El saldo  neto final del mismo se integrará al
Fondo de Reserva General del Banco Central. A partir de la entrada en vigor
de la presente Ley, las funciones de planificación y control de desarrollo de
la Costa Norte, actualmente a cargo del Departamento de Financiamiento y
Desarrollo de Proyectos del Banco Central, estarán a cargo de la Secretaría
de Estado de Turismo, debiendo el Poder Ejecutivo dictar las disposiciones
correspondientes para la ejecución del  traspaso a dicha Secretaría. En un
plazo no mayor de un (1) año, a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y los demás bancos
del Estado establecerán sus respectivos Organismos de vigilancia y
seguridad.
c)  Presupuesto. Hasta tanto el Banco Central cumpla con las disposiciones de
este Artículo y en la medida que no genere en forma sostenida  ingresos
suficientes para cubrir sus gastos,  incluyendo el costo derivado de la
ejecución de la política monetaria, podrá hacer uso de la facultad que le
confiere el Artículo 25, literal a)  de esta Ley para cubrir dichos gastos de
conformidad con el presupuesto aprobado por la Junta Monetaria.
Artículo 85. Libre Convertibilidad y Comisión de Cambio. Todo impedimento a
la libre convertibilidad existente a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley tendrá un
plazo de un (1) año para su eliminación. La Junta Monetaria establecerá un cronograma,
dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, para la reducción
de la comisión cambiaria en forma que  no suponga un impacto negativo sobre los
conceptos financiados con la misma y no conlleve una carga para el Banco Central. 
Artículo 86. Adaptación de las Entidades de Intermediación Financiera.  Las
entidades de intermediación financiera se adaptarán a lo dispuesto en esta Ley conforme se
detalla a continuación:
a)  Entidades Privadas de Intermediación Financiera. Las Entidades
Privadas de Intermediación Financiera que estén operando a la fecha de
promulgación de esta Ley, se regirán  por esta Ley y se adaptarán a las 
disposiciones de la misma en el plazo máximo de dos (2) años, a partir de la
aprobación del Reglamento correspondiente, en la forma y en los plazos
parciales previstos por la Junta Monetaria, tomándose en consideración para
las entidades accionarias los aspectos siguientes: i) Modificación de Razón
Social: las entidades ya transformadas en los tipos de entidades de
intermediación financiera definidas en esta Ley a la entrada en vigor de la
misma, podrán adecuar de inmediato su razón social en base a lo dispuesto
en el Artículo 38, literal b); ii) Autorización de Transformación: las
entidades que a la fecha de promulgación de la presente Ley tengan la
franquicia de Banco de Desarrollo, Banco Hipotecario de la Construcción,
Financiera o Casa de Préstamos de  Menor Cuantía deberán solicitar la
autorización de transformación a la Junta Monetaria a uno de los tipos de
entidades de intermediación financiera  accionarias definidas en el Artículo
34 de esta Ley, para lo cual contarán con un plazo de dos (2) años.   La
comprobación de que las entidades de intermediación financiera han
cumplido con los requisitos previamente señalados  será realizada por la
Superintendencia de Bancos, quien emitirá la certificación correspondiente.
b)  Entidades Públicas de Intermediación Financiera. Las Entidades Públicas
de Intermediación Financiera se adaptarán a las disposiciones de esta Ley,
en particular las estipuladas en el Artículo 73, en un plazo de cinco (5) años
contados a partir de la aprobación del Reglamento correspondiente. En el
caso de las inversiones que mantiene el Banco de Reservas de la República
Dominicana en la Administradora de  Fondos de Pensiones Pública, en la
compañía de seguros u otras inversiones prohibidas en virtud de esta Ley, se
le otorga un plazo de dieciocho (18) meses para que envíe al  Poder
Ejecutivo una propuesta para que el Estado, bajo la modalidad de una
compañía tenedora de acciones u otra fórmula legal, pueda absorber las
inversiones en las empresas públicas citadas. En todo caso, el Párrafo 1,
Artículo 81 de la Ley 87-01 del 8  de mayo del 2001, que crea el Sistema
Dominicano de Seguridad Social, quedará derogado transcurrido el
supraindicado plazo. 
c)  Banca Extranjera. Las sucursales de bancos extranjeros establecidos en la
República Dominicana a la fecha de la  promulgación de la presente Ley,
tendrán un plazo determinado reglamentariamente por la Junta Monetaria
para ajustarse a las disposiciones de la presente Ley. 
Artículo 87. Préstamos al Fondo de Contingencia.  El Banco Central y la
Superintendencia de Bancos realizarán aportes trimestrales al Fondo de Contingencia con
cargo a los ingresos futuros que tendrá dicho Fondo. La Junta Monetaria determinará
reglamentariamente el monto y duración de los referidos aportes.
Artículo 88. Liquidaciones en Curso. El Superintendente de Bancos, en su calidad
de liquidador designado, para las entidades de intermediación financiera que se encuentren
en proceso de liquidación previo a la fecha de promulgación de la presente Ley, tomará las
medidas que se detallan en el presente Artículo: 
Contratará una firma de auditores externos que indique los valores de los activos y
la condición de aquellos bienes que pueden ser objeto de enajenación en el mercado; podrá
contratar, mediante concurso  público, a personas físicas o  morales, a los fines de que
procedan a la venta de los activos, utilizando mecanismos de mercado. El producto
generado por la venta de los activos será distribuido conforme a la prelación existente entre
los acreedores. Una vez cumplidos los procedimientos antes descritos, el Superintendente
decretará la disolución de la  entidad financiera. La Superintendencia de Bancos deberá
finalizar el proceso de liquidación de las  entidades financieras que se encuentren en
liquidación en un plazo no mayor de un (1) año a partir de la promulgación de esta Ley. De
no finalizar la liquidación en dicho término,  deberá presentar a la Junta Monetaria un
informe explicativo de las causas que impidieron su cumplimiento en el plazo indicado. La
Junta Monetaria reglamentará este Artículo.
Artículo 89. Conversión del Banco Nacional de la Vivienda. Con la entrada en
vigor de la presente Ley, la  Junta Monetaria establecerá mediante Reglamento el
cronograma de ejecución y procedimientos operativos que regirán el proceso de conversión
del Banco Nacional de la  Vivienda en un banco de segundo piso y de fomento
multisectorial conforme al Artículo 74 de la presente Ley. La ejecución global de dicho
cronograma deberá efectuarse en un plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de la
entrada en vigor de la presente Ley. Dicho Reglamento deberá establecer, como mínimo, lo
siguiente:
a) El plan para la entrada gradual al Banco Central de los recursos
correspondientes al encaje legal de las Asociaciones de Ahorros y
Préstamos.
b) El plan para el traspaso del Fondo de Seguro de Depósitos de las
Asociaciones de Ahorros y Préstamos al Banco Central.
c) La identificación de los activos del departamento de financiamiento de
proyectos del Banco Central (DEFINPRO) y de los otros activos productivos
de rentabilidad compensatoria que  traspasarán el Gobierno y el Banco
Central al Banco Nacional  de la Vivienda. El traspaso de los activos de
DEFINPRO deberá efectuarse a más tardar dentro de los seis (6) meses de la
promulgación de esta Ley; el traspaso de los demás activos de rentabilidad
compensatoria deberá hacerse en forma coordinada con los planes indicados
en los literales a) y b) del presente Artículo, de manera que garantice la
viabilidad financiera del Banco Nacional de la Vivienda durante el proceso
de transición.
d) Identificación de cualquier otra  actividad del Banco Nacional de la
Vivienda, como consecuencia de sus atribuciones anteriores de regulación y
supervisión del Sistema de Ahorros y Préstamos, así como la definición del
tratamiento que recibirá la misma.
SECCIÓN  IV
DISPOSICIONES DEROGATORIAS Y ENTRADA EN VIGOR
Artículo 90. Disposición Derogatoria General.  Quedan derogadas todas las
disposiciones legales o reglamentarias en cuanto se opongan a lo dispuesto en la presente
Ley. En tanto se publican los Reglamentos para el desarrollo de la Ley, seguirán en vigor
las disposiciones reglamentarias existentes a  la fecha de publicación de esta Ley, en las
partes que no resulten expresamente derogadas  por la misma. Si existiese conflicto en
cuanto al alcance de la derogación, la Junta Monetaria dictaminará al respecto, sin ulterior
recurso hasta la publicación del nuevo Reglamento.
Artículo 91. Derogaciones Específicas. Quedan derogadas las siguientes Leyes y
Decretos:
Orden Ejecutiva 312, del 1 de junio del 1919, sobre Interés Legal.
-Ley 1528, del 9 de octubre del 1947, Ley Monetaria y sus modificaciones.
-Ley 2927, del 18 de junio del 1951, sobre Incineración de los Billetes del Banco
Central de la República Dominicana y sus modificaciones.
-Ley 4247, del 13 de agosto del 1955, que designa al Gobernador del Banco Central
de la República Dominicana como asesor del Monte de Piedad.
-Ley 4290, del 25 de septiembre de 1955, sobre Casas de Préstamos de Menor
Cuantía y sus modificaciones.
-Ley 5032, del 21 de noviembre del 1958, sobre Lavado y Extracción de Oro y sus
modificaciones y Reglamentos.
-Ley 6142, del 29 de diciembre de 1962, Ley Orgánica del Banco Central de la
República Dominicana y sus modificaciones.
-Ley 146, del 19 de febrero del 1964, que prohíbe la Exportación e Importación de
Monedas y Billetes emitidos por el Banco Central.
-Reglamento 543 del 19 de febrero del 1964, sobre la prevención y la falsificación
de la moneda nacional.
-Ley 251, del 11 de mayo del 1964, que regula las Transferencias Internacionales de
Fondos y sus modificaciones.
-Ley 708, del 14 de abril del 1965, Ley  General de  Bancos  y  sus
modificaciones.
-Ley 292, del 30 de junio del 1966, sobre Sociedades Financieras de Empresas que
promueven el Desarrollo Económico y sus modificaciones.
-Ley 371, del 22 de octubre de 1968, sobre  prohibiciones para la Reproducción o
Publicación de los Facsímiles de Billetes Emitidos por el Banco Central.
-Ley 171 del 7 de junio del 1971 sobre Bancos Hipotecarios de la Construcción.
-Ley 48, del 8 de octubre de 1974, que pone a cargo de CEDOPEX los controles de
exportación de productos o mercancías nacionales o extranjeras.
-Ley 82, del 28 de noviembre de 1974, que faculta a la Junta Monetaria a suspender
temporalmente la Licencia de Exportación.
-Artículos 131 y 132 de la Ley Minera 146, del 4 de junio del 1971.
-Artículo 2 de la Ley 664, del 21 de septiembre de 1977, que agrega un Artículo a la
Ley 173 del 6 de abril de 1966.
-Decreto 1573 del 17 de noviembre del 1983, que agrega dos (2) párrafos al
Artículo 26 del Reglamento 1679 del 1964.
-Reglamento 1679 del 31 de octubre del 1964, para la aplicación de la Ley 251 del
11 de mayo del 1964, que regula la transferencia internacional  de fondos y sus
modificaciones.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
dieciséis (16) días del mes  de noviembre del año dos mil dos (2002); años 159 de la
Independencia y 140 de la Restauración.
Andrés Bautista García
Presidente
José Alejandro Santos Rodríguez    Celeste Gómez Martínez
              Secretario       Secretaria
DADA  en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso
Nacional, en Santo Domingo  de Guzmán Distrito Nacional, Capital de la República
Dominicana, a los veinte (20) días del mes de noviembre del año dos mil dos (2002); años
159º de la Independencia y 140º de la Restauración.
Rafaela Alburquerque,
Presidenta.
Tabaré Nicolás Rodríguez Arté,         Rafael Ángel Franjul Troncoso,
Secretario Ad-Hoc.             Secretario.
HIPOLITO MEJIA
Presidente de la República Dominicana
  En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la
Constitución de la República.
  PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta
Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.
    DADA en la ciudad de Santo Domingo  de Guzmán, Distrito Nacional,
Capital de la República Dominicana, a los veintiún (21) días del mes de noviembre del año
dos mil dos (2002); años 159 de la Independencia y 140 de la Restauración.
HIPOLITO MEJIA
El suscrito: Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo
Certifica que la presente publicación es oficial
Dr. Guido Gómez Mazara
Santo Domingo, D. N., República Dominicana

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2011/817/EU: Guideline of the European Central Bank of 20 September 2011 on monetary policy instruments and procedures of the Eurosystem (ECB/2011/14) [2011-12-14]
Council Recommendation of 4 October 2011 on the appointment of a member of the Executive Board of the European Central Bank [2011-10-11]
2011/442/EU: Commission Recommendation of 18 July 2011 on access to a basic payment account Text with EEA relevance [2011-07-21]
2011/227/EU: Decision of the European Central Bank of 31 March 2011 on temporary measures relating to the eligibility of marketable debt instruments issued or guaranteed by the Irish Government (ECB/2011/4) [2011-04-08]
2011/67/EU: Decision of the European Central Bank of 13 December 2010 on the issue of euro banknotes (ECB/2010/29) [2011-02-09]